«En la Patagonia, no hay una política seria para mejorar la situación territorial de las comunidades originarias». Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), que analizó la situación de mapuches y tehuelches en las provincias del Chubut, Río Negro y Neuquén. El documento advierte que mineras, petroleras y estancieros avanzan en la región sobre poblaciones aborígenes y lo hacen con la complicidad del Poder judicial y político. Además, señala que el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial enviado al Congreso de la Nación provocará más desalojos.

 

Foto: Jinetes en la cabalgata para rechazar el proyecto Navidad (archivo)

Fuente: Diario de Madryn
El informe difundido recientemente es el único que sistematiza la situación de los pueblos originarios en la Patagonia. En él, a lo largo de 97 páginas, se detallan las problemáticas que afrontan las poblaciones indígenas en Neuquén, Río Negro y Chubut y se exponen casos de violación de derechos colectivos.

«La situación actual en la región patagónica es de suma gravedad, ya que los gobiernos locales son impulsores de políticas que violan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en lo referido a lo territorial. Es decir, hay un incumplimiento generalizado en materia de titularización de tierras que pone a las comunidades en una situación de vulnerabilidad frente a intereses de terceros.
Es a partir de allí que nacen la mayoría de los conflictos actuales, que en general concluyen en procesos judiciales o situaciones de violencia institucional», describió a El Diario Micaela Gomiz, abogada y secretaria ejecutiva del ODHPI.

Al comienzo del informe se hace referencia a la iniciativa de modificación del Código Civil y Comercial enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. En ese sentido, se recalca que «si bien el proyecto trata en gran medida sobre temas propios de la legislación de derecho privado para la generalidad de los habitantes», el texto contiene regulaciones específicas vinculadas a las comunidades aborígenes, sobre todo con relación a la propiedad de sus tierras.

En esta línea, Gomiz afirmó: «El proyecto de reforma del Código Civil y Comercial no acepta los estándares fijados en materia de derechos humanos por los tratados internacionales, ni las pautas establecidas en la Constitución Nacional. El articulado propuesto puede significar mayores desalojos».

Minería en Chubut

«Avanzada de la megaminería», es el título con el que se ilustra en el documento la situación que atraviesan en la provincia las comunidades originarias, frente a la explotación de minerales. Al inicio del apartado, se pone énfasis en el rol histórico que ha tenido Chubut al ser la primera jurisdicción a nivel nacional en prohibir por ley la actividad minera a cielo abierto en su territorio.

Sin embargo, más allá de la sanción de la ley 5.001, en el informe se hace referencia al permiso otorgado por el Gobierno provincial a la empresa transnacional Pan American Silver para extraer plata y plomo en una mina a cielo de la meseta central chubutense. En las cercanías al proyecto minero Navidad, viven pueblos originarios. Desde el ODHPI explican que la compañía ingresó al territorio de las comunidades aborígenes, extrajo agua, prometió mejoras económicas, trasladó un cementerio indígena (con ayuda de técnicos provinciales) y obtuvo el respaldo de las autoridades políticas locales para avanzar con la actividad.

«No se conocen otros casos de permisos oficiales (con relación al de Pan American Silver) para la preparación de actividades prohibidas. Es como si se autorizara a filmar un banco para averiguar sus mecanismos de seguridad porque lo que está prohibido es el robo, no su planificación. Esta aberración exhibe el enorme poder corrosivo institucional que difunde este tipo de empresas», alerta el informe.

«En Chubut, la situación de la minería es grave, ya que durante los últimos dos años las comunidades de la meseta central han estado en conflicto por el proyecto Navidad. Se trata de un caso típico de un gobierno lacayo de las empresas, es decir, que intenta modificar la legislación provincial para sus beneficios; y que al mismo tiempo ha intentado avanzar con la iniciativa, sin hacer alguna consulta a las comunidades indígenas que podrían ser afectadas directamente por la explotación», evaluó Gomiz.

En el documento se recalcan las intenciones por parte del actual Gobierno provincial de llevar adelante la explotación minera en Chubut, y para ello se hace mención al proyecto enviado a la Legislatura para regular la actividad.

En el apartado también se advierte que «el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio por finalizado el convenio que había firmado con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para la realización del relevamiento territorial indígena (dentro del marco de la ley 26.160), y acordó desde el año pasado que la tarea fuera emprendida en conjunto con el Gobierno provincial».

«La misma administración provincial –denuncia el documento- que abiertamente niega y desconoce el derecho a la consulta previa a la comunidades originarias, es la que ahora tiene en sus manos la posibilidad de imponer los tiempos, señalar los técnicos y fijar los criterios para la determinación de cuáles son las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas».

Es por ello que, según se indica en la investigación, el relevamiento podría estar condicionado por la influencia de las mineras. Y agrega: «Uno de los principales desafíos de las comunidades mapuches y tehuelches estará en lograr el demorado reconocimiento de sus derechos territoriales, evitando que éste sea utilizado por el Gobierno provincial como moneda de cambio para imponer la megaminería»
La ley 26.160 fue sancionada a fines del 2006 por el Congreso de la Nación con el objetivo de prohibir los desalojos de comunidades indígenas durante cuatro años y disponer la realización, en tres años, de un relevamiento catastral de las tierras que ocupan los pueblos originarios en el país. Por su demorada aplicación, fue prorrogada en 2009 (ley 26.554).

A siete años de su sanción, la secretaria ejecutiva de ODHPI señaló que «tanto en Río Negro como en Chubut el relevamiento territorial de las comunidades originarias se viene ejecutando con muchas dificultades y demoras». Y añadió: «Se han dado de baja a convenios y modificado los equipos técnicos operativos».

Persecución penal

«En Neuquén y Río Negro, el nivel de judicialización y persecución penal es mayor que en el resto del país. Sólo en Neuquén desde 2005 han sido encausados más de 340 mapuches. Como contrapartida ningún estanciero tiene causas por usurpación, amenazas ni desobediencia a órdenes judiciales», indicó Gomiz.

«Desde 2005 hasta 2012, en Neuquén al menos 347 mapuches han enfrentado procesos judiciales», puede leerse en el informe. Y agrega que estos números demuestran y reflejan que «el Estado protege con una política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos individuales y colectivos de los indígenas».

El documento también puntualiza que en Neuquén la situación es «grave» por el avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales, a través del método de extracción conocido como «fractura hidráulica» (o fracking). En este marco, se hace hincapié en que tanto el Gobierno nacional como provincial no han tenido en cuenta la opinión de las comunidades mapuches cercanas a los yacimientos.

«Los pueblos originarios rechazan los proyectos de extracción de recursos naturales por ser incompatibles con el modo de vida y de desarrollo autónomo que pretenden, es decir, en armonía con la naturaleza y respetando la biodiversidad. Los gobiernos, en cambio, priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas por sobre el cumplimiento de los derechos humanos», graficó Gomiz.

En el caso de Río Negro, el informe denuncia que la violación de los derechos de los pueblos mapuches es «recurrente». Y, en cuanto a la aplicación de la ley 26.160, indica que «se relevaron 64 de las 124 comunidades indígenas, y que actualmente el trabajo del equipo técnico operativo se encuentra suspendido».

«En el Poder judicial –aseguró Gomiz- hay grandes diferencias de trato en relación a denuncias entabladas por estancieros o empresarios y aquellas promovidas por indígenas. En la provincia de Neuquén, los fiscales cajonean las denuncias, no promueven la instrucción ante el juez y los juzgados no aceptan las querellas directas ante los magistrados de instrucción. Esto ha significado en varias oportunidades la ausencia de investigaciones sobre hechos ilícitos de particulares interesados en tierras de pueblos originarios».

«Hay un sistema articulado que funciona al servicio del despojo y la legalización de la usurpación de las tierras indígenas», afirma el informe. Y determina: «En Neuquén, Río Negro y Chubut, las violaciones a los derechos humanos de las comunidades originarias se producen con el impulso de los gobiernos y la inhibición de las legislaturas provinciales, además del respaldo del Poder judicial».