Diario Primera Fuente – Septiembre 15, 2004
El ex director de Medio Ambiente, Juan Antonio González, sostuvo que la empresa internacional transgredió todas las leyes ambientales en la provincia. El ex funcionario de Miranda tendrá a su cargo el estudio técnico para demostrar el daño ambiental que produce la empresa y concretar la denuncia judicial en un plazo de tres meses. La Justicia Federal sigue detrás del vicepresidente de la compañía, Julian Rooney, para citarlo a declarar como presunto responsable de la contaminación. La batalla que inició el Gobierno provincial contra la empresa Minera Alumbrera tendrá como pieza clave al ex director de Medio Ambiente, Juan Antonio González, quien fue contratado como colaborador del Ministerio de Producción y Fiscalía de Estado, a fin de preparar los argumentos técnicos que demostrarían los graves daños ambientales que provoca la multinacional en la provincia.
González, quien actualmente es director del Instituto de Ecología del Miguel Lillo, afirmó que la empresa no tan sólo causa daños ambientales en la vegetación y paisaje de la zona de Tafí del Valle por la construcción del electroducto, sino que también contamina el medio a través del mineraloducto, precisamente en el canal DP2 (ubicado en Ranchillos). “Además, causó el desvío del río en el sur de la provincia y daños en la ruta 307 por el transporte de carga pesada”, agregó. Además, criticó a la empresa porque obtenía permisos de distintos organismos cuando debía hacerlo solamente en las direcciones de Medio Ambiente y Minería. De esta manera, González dejó en claro que la empresa causó más daños de los previstos.
Luego, en la Justicia Federal, radicó otras dos denuncias. Una, por los residuos mineros que debían regresar a Catamarca (por la rotura del mineraloducto) y terminaron en la Quebrada de Lules. “Si bien la empresa los retiró del lugar, no culminó los análisis que hacían falta para saber si quedaban residuos”, precisó.
También denunció a la empresa por la contaminación del canal DP2 (en Ranchillos). Por esta causa, el juez federal Nº2, Felipe Terán, está en busca del domicilio del vicepresidente de Minera Alumbrera, Julian Rooney, para citarlo a declarar antes de decidir si lo procesa o no como presunto responsable de los daños ambientales que provoca la actividad de la empresa en Tucumán.
El derecho de la comunidad de Tafí del Valle
La comunidad Tafí del Valle, principal afectada por los daños ambientales que provoca la Minera Alumbrera en Tucumán, podría participar en la denuncia que prepara el Gobierno provincial. “Los habitantes de Tafí del Valle tienen todo el derecho a participar puesto que el electroducto pasa por parte de sus tierras. Ellos tienen una legislación internacional especial (Resolución 169) que protege todo el patrimonio indígena, por lo que podrían ser parte de la denuncia, ya sea por separado o en forma conjunta con el Gobierno”, señaló Juan Antonio González.
