Hace un poco más de 24 horas ComAmbiental informó que la Justicia de Catamarca aplica la Ley AntiTerrorista para impedir el bloqueo a los camiones de minera La Alumbrera, por ahora en el departamento de Santa María. En diálogo con una de las abogadas de los asambleístas, ampliamos la información sobre el caso. Pedirán la inconstitucionalidad de la Ley y la nulidad de la imputación, a la vez que denunciaron al fiscal que interviene en la causa. Eco-Terroristas. La abogada Selene Herrera sintetizó a este medio la situación de los asambleístas: “Están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista como de competencia federal” (ver artículo anterior). Al mismo tiempo, denunció que “esto es una causa armada” por el fiscal provincial interviniente, Julio Landivar. Por ello, habrían tenido que recurrir a la figura del “terror público”.
“La maniobra que se hace con esta Ley Anti-Terrorista es terrible. Se han derogado dos artículos donde estaban tipificados qué actividades eran terroristas, dejando ahora un artículo vago”, advirtió la abogada. De este modo, resulta que “cualquier protesta social o actitud en contra de una decisión gubernamental puede ser tomada como acto de terrorismo”.
Es decir, que esto “vulnera el derecho de peticionar ante las autoridades, por ejemplo de que se modifique una ley” como es la que permite la megaminería a cielo abierto en las distintas provincias de Argentina. “Seguramente se va a plantear la inconstitucionalidad de la Ley Antiterrorista porque no puede ser lo que están haciendo y menos que quede en manos de jueces o fiscales como los que han actuado en esta causa como si fueran sus feudos”, agregó.
También desde la organización Conciencia Solidaria se sumaron al pedido. “Deben entender que quienes luchamos por la vida no somos ‘terroristas´. Es necesario la urgente derogación de la Ley Antiterrorista, que a todas luces está hecha a la medida de los intereses de las corporaciones megamineras, y atenta contra derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional”, expresó Mariela Silverstein, integrante de la ONG.
Y justificó: “La instalación y continuidad de estos megaproyectos multinacionales, que profundizan el saqueo y la destrucción, necesitan un marco legal que los posibilite y dentro de este marco está la Ley Antiterrorista que ya se está aplicando, avasallando los derechos de las poblaciones más vulnerables”. La finalidad más concreta, entonces, es sacar a los ambientalistas de las rutas por donde se mueven las corporaciones mineras.
La causa. Junto con Nidia Gauthier, quien asistió a los asambleístas, Herrera planteó la nulidad de la imputación y pedirá oportunamente una indagatoria del juez para que actúe un juez federal. Además, calificaron que “la detención ha sido ilegal” e informaron que “el fiscal Landivar y el comisario Pastrana están denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso en el ejercicio de sus funciones”.
Recordamos que las detenciones fueron siempre en el departamento de Santa María, mientras que el corte de Belén ya va por el décimo día, donde ayer se registraron incidentes con camioneros de La Alumbrera. Además, se sumó también un corte en Tucumán, sobre la misma ruta 40, en la entrada de Amaicha del Valle. Justamente, para el primero de febrero llaman a una gran movilización, puesto que ese día reasume sus funciones el fiscal de Belén, Jorge Flores, quien ya mandó a reprimir en mayo de 2011, según informó la Asamblea El Chañar.
Entre las irregularidades de lo ocurrido el viernes en Santa María, se señala que se trataba de un bloqueo selectivo y pacífico contra los camiones y proveedores de la minera La Alumbrera, es decir que era una acción de protesta claramente enmarcado en la Constitución Nacional. Además, “la gente fue detenida arbitrariamente, sin orden de desalojo”. Para tener una idea, un señor fue “levantado” cuando salía de comprar una gaseosa en una despensa. Otra señora fue detenida con su hija de tres años en brazos y amenazada con que pondrían a su niña a disposición del juez de menores.
Por si fuera poco, “se armó una comisión especial para ‘armar la causa’ literalmente –detalló Herrera- y el fiscal mismo dijo delante de la gente que si no había causa la iba a inventar”. Asimismo denunció que “se tomó la indagatoria en la comisaría” siendo que representa al Poder Ejecutivo de la Provincia, en lugar de hacerlo en un juzgado como debiera. Hasta el momento, no hay declaraciones de la gobernación de Catamarca sobre el tema.
