Lo advirtió el diputado Miguel Figueroa Vicario (PJ), quien relacionó el informe presentado ayer a Brizuela del Moral, sobre la falta de evidencias de contaminación ambiental por parte de la minería, con la sanción nacional y provincial de la ley de Glaciares.
Fuente: diario El Ancasti
29/09/2010. “Así como está ese trabajo (por el que presentó ayer el instituto Funcei), hay otro de la Universidad Nacional de Tucumán que concluye de modo distinto”, opinó por Radio Ancasti el diputado provincial, dejando en claro algunas dudas por parte de la oposición. Aunque Figueroa Vicario indicó que el tema central por estos días, y referido a la ley de Glaciares, es “poder establecer quién va a ser la autoridad de aplicación que va a determinar cuando existe contaminación y cuando no existen contaminación”.
Y puntualizó con respecto a esta ley que la autoridad de aplicación a la hora de autorizar los emprendimientos mineros en zonas de glaciares o peri-glaciares no tendría que ser nacional sino provincia, y que existe “un atropello” de parte de la Nación, quien pretende establecer una autoridad de aplicación “extraña” en materia de recursos naturales que son de dominio provincial.
En este contexto, el Senado de la Nación aprobaría la ley nacional de Glaciares este jueves, mientras que la ley provincial aún se estudia en Diputados.
“Hay que sancionar una ley que reconozca dos principios, uno, que la provincia es la dueña de los recursos naturales, que la jurisdicción, las atribuciones y los usos de los recursos naturales los tiene que decidir Catamarca; que van a ser intrascendentes para nosotros normas que desde el Congreso invadan competencias nuestras y, sobre todo, que la autoridad de aplicación tiene que ser provincial”, se posicionó el diputado.
Y reclamó: “La provincia debe tener una posición más activa, más protagónica; no es la hora de las provincias de quedarse ´sentaditas´ a ver qué sucede en el Congreso nacional. Debemos utilizar todos los resortes que el sistema nos confiere”.
Las razones por las que la Provincia rechaza la ley nacional de glaciares
El Senado nacional tratará el jueves en sesión especial la norma. Catamarca aún no aprobó su ley local.
La aprobación de la ley nacional de glaciares, cualquiera de los dos proyectos que el Senado tienen en estudio y que deben abordar en sesión especial el jueves, tendrá consecuencias negativas para la Provincia, según la lectura del Ejecutivo local.
La objeción mayor pasa porque la norma, lejos de mantener el espíritu de las leyes de presupuestos mínimos, regula no sólo la protección de los glaciares y zonas preriglaciares como recursos hídricos estratégicos, sino que además define qué se puede hacer y que no. En los casos de las actividades permitidas, deberán estar sujetas a la aprobación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Esas disposiciones atentan -dicen desde la Provincia- contra la potestad que la Constitución Nacional les confiere a las provincias para disponer de sus recursos naturales. Al mismo tiempo, obligaría a las jurisdicciones provinciales a pedir permiso a la Nación, concretamente al IANIGLA, por cada actividad que pretenda realizar en las zonas protegidas.
Los dos proyectos en danza son el iniciado por Daniel Filmus y aprobado por el Senado en 2009 y otro aprobado en agosto por los diputados y que terminó siendo un mix entre el proyecto del diputado Miguel Bonasso y el de Filmus, pero más abarcador y proteccionista que la primera propuesta.
Para el Ejecutivo Provincial “los dos son malos, aunque uno menos que otro”. Ambos proyectos establecen la protección sobre ambiente glaciar y periglacial, pero el aprobado recientemente por los diputados protege el área periglacial de la alta, media y baja montaña y, por tanto, una zona mayor. Para la Provincia, en ambos casos sigue siendo difusa la zona a proteger.
Las dos iniciativas legales prohíben las actividades que puedan afectar la condición natural de las áreas protegidas y señalan taxativamente algunas actividades vedadas: la liberación de elementos contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de las necesarias para investigación científica y la prevención de riesgos; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y el desarrollo de obras o actividades industriales. Y agregan que todas las actividades que no estén directamente prohibidas por la ley estarán sujetas a la aprobación de un estudio de impacto ambiental y a audiencia pública.
Como la autoridad de aplicación de la ley sería nacional, las provincias deberían solicitar los permisos para disponer de su territorio a nivel Nación y hasta se dejaría en manos de la Nación la elaboración de un inventario de glaciares. Pero mientras el proyecto original del Senado habilita la intervención de las provincias en la realización de ese inventario, la iniciativa de Bonasso encomienda esa tarea exclusivamente a la Nación. De hecho, en el proyecto aprobado por los diputados no se menciona a las provincias.
El porqué del apuro por aprobar la ley provincial
En acuerdo con varias provincias cordilleranas, Catamarca busca proteger provincialmente sus glaciares, anticipándose a la norma nacional. Aunque la protección de estos recursos hídricos considerados estratégicos está en agenda de los legisladores nacionales desde el 2007, recién en julio de este año los gobernadores de las provincias mineras acordaron avanzar con sus propias leyes provinciales. Así fue que el Ejecutivo remitió a la Legislatura local un proyecto de ley de glaciares que el Senado aprobó sin mayor trámite a principios de agosto y que, desde entonces, está en estudio de la cámara baja.
La iniciativa local, dicen desde el Gobierno, es mucho más precisa y exigente; y remarca el dominio exclusivo que sobre esos recursos hídricos tiene la Provincia. También propone la realización de un inventario provincial de glaciares, pero nada dice respecto de la zona periglacial ni de la prohibición expresa de ciertas actividades. Si prohibe aquellas actividades “que impliquen destrucción, traslado o degradación”.
Desde el Ejecutivo advierten que es vital que los diputados aprueben este miércoles la ley, de manera de contar con una norma provincial anterior a la que podría ser aprobada el jueves por la Nación. De esa forma, la Provincia tendría cierto “respaldo” en caso de tener que atacar judicialmente la ley nacional. Y podría hacer valer sus criterios en la elaboración del inventario de glaciares.
