La Asamblea El Algarrobo, tomó la iniciativa de defender los derechos del pueblo en reclamo por el agua y de la vida, en contra de los proyectos mega mineros en territorio catamarqueño. En esta ocasión los vecinos de Andalgalá tomaron la decisión de reclamar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Fuente: Tribuna de Periodistas
El 19 de enero de 2010 se presentó una acción de amparo contra la empresa Minera Agua Rica, por la extracción del mega yacimiento minero que lleva el mismo nombre. En la causa judicial se plantea la ilegitimidad del acto administrativo emitido por la Secretaría de Minería de la Provincia de Catamarca (SEM), el cual autorizó la explotación del mega yacimiento Agua Rica; pese a no cumplir los requisitos previstos en el Código de Minería y la Ley General del Ambiente (Ley N° 25.675).
El reclamo tramita ante la CSJN bajo el Expediente N° 1314/2012 T° 48 Letra M, caratulado como “Sergio Martínez y otros c/ Minera Agua Rica y su subsidiaria Yamana Gold y LLC y otros”, y se encuentra desde hace más de un año en la Procuración General de la Nación, trabando así la continuidad del trámite que permitiría a la Corte dictar una sentencia.
Los 20.000 habitantes de Andalgalá esperan una respuesta favorable de la justicia, para que, en definitiva, se evite la desaparición del pueblo.
La Asamblea El Algarrobo se manifestó pacíficamente ante la CSJN, en reclamo de una respuesta judicial urgente, que ponga fin al estancamiento en el que se encuentra el expediente desde el 30 de julio de 2013, y que efectivamente garantice los derechos del pueblo de Andalgalá.
Durante el segundo día del acampe, y a pesar de la constante lluvia, se recibieron permanentes visitas para interiorizarse y firmar la petición.
Se presentó, además, una nota en la Procuracion General de la Nación, a la Dra. Alejandra Gils Carbo, ya que es alli donde se encuentra el expediente de la causa contra la mega-minería en ANDALGALA, en la que se pide que dictamine en el amparo, que se encuentra hace mas de un año sin resolución.
Mientras tanto, siguen avanzando los proyectos mineros en Andalgala, bajo lo que el pueblo denomina dictadura minera (Proyecto Bajo el Durazno) que significa la imposición de estos mega-emprendimientos-extractivos, que no cuentan con licencia social, ni cumplen con la Ley General del Ambiente (la cual obliga a que estas empresas transnacionales, tengan aprobada la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) antes de realizar cualquier actividad, y que se le de participación al pueblo mediante audiencias públicas.
