En 2009, en Kawama, República Democrática del Congo, se produjeron demoliciones de casas, centros de salud e infraestructuras. La empresa minera belga Groupe Forrest International ha mentido sistemáticamente sobre el derribo de cientos de viviendas en la República Democrática del Congo (RDC) y negado justicia a las personas afectadas, revela hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Por Amnistía Internacional
El informe, titulado Bulldozed: How a mining company buried the truth about forced evictions in the Democratic Republic of the Congo, ofrece imágenes por satélite y otras pruebas nuevas que revelan que la filial de la empresa belga, Entreprise Général Malta Forrest (EGMF), suministró excavadoras que se utilizaron para el derribo ilegítimo de viviendas y el desalojo forzoso de cientos de personas que vivían junto a la mina Luiswishi propiedad de la empresa, en Kawama, Katanga, en 2009. También detalla cómo las empresas y el gobierno congoleño obstruyen desde entonces los intentos de los lugareños por obtener justicia.
“Ahora hay pruebas contundentes e irrefutables que demuestran que se llevaron a cabo realmente los desalojos forzosos cuya existencia Groupe Forrest International niega desde hace años”, dijo Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
“Es una vergüenza que un gigante de la minería mienta y niegue justicia a la gente. Ya es hora de que diga la verdad e indemnice a los lugareños por sus pérdidas.”
Cinco años después, los lugareños no han recibido ninguna compensación. EGMF se retiró de la concesión minera en 2012. En los últimos meses, las personas que viven en las proximidades de la mina Luiswishi, de la que es ahora propietaria la compañía estatal Gécamines, se han visto bajo la amenaza de volver a ser desalojadas.
Los derribos de 2009 se produjeron durante una operación policial para despejar la zona de Kawama de mineros a pequeña escala que supuestamente robaban de la mina de cobre y cobalto.
Las excavadoras, pertenecientes a EGMF y manejadas por los conductores de la empresa, destruyeron casas y negocios en los tres barrios más próximos a la mina Luiswishi.
“Algunas personas perdieron sus medios de subsistencia además de sus casas. Todavía hoy se aprecian los efectos de esa operación. Una mujer cuyo restaurante fue derribado nos dijo que no tiene dinero para comprar comida para alimentarse y que había tenido que sacar a sus hijos de la escuela. Una indemnización adecuada a los lugareños habría aliviado mucho el sufrimiento”, añadió Audrey Gaughran.
Nuevas pruebas
Groupe Forrest International ha afirmado reiteradamente que las excavadoras sólo destruyeron viviendas temporales pertenecientes a mineros a pequeña escala y que los derribos fueron legales, pero Amnistía Internacional ha obtenido imágenes por satélite, vídeos y los archivos de la investigación penal realizada por un fiscal que contienen pruebas irrefutables de que no fue así.
Las imágenes por satélite muestran que se derribaron 387 estructuras en los barrios afectados entre el 31 de mayo de 2009 y el 15 de mayo de 2010. Estas estructuras existían antes de la llegada de mineros a pequeña escala a Kawama que desencadenó la operación policial del 24 de noviembre de 2009.
Los vídeos grabados ese día muestran la destrucción de casas de ladrillo permanentes, y a policías armados sacando a los habitantes, niños incluidos, de sus viviendas. Esta información fue corroborada por testimonios prestados al equipo de investigación de Amnistía Internacional por residentes de los tres barrios afectados.
Groupe Forrest International dice que no participó voluntariamente en los derribos y desalojos. Sin embargo, los conductores de las excavadoras de EGMF entrevistados por el fiscal declararon que sus superiores les habían ordenado ir a Kawama y seguir las instrucciones de la policía.
Los derribos se realizaron en dos días; la empresa sabía que se estaban produciendo y tuvo tiempo para protestar contra el uso de su personal y sus equipos en los desalojos forzosos; no lo hizo.
Encubrimiento oficial
Un fiscal realizó una investigación sobre los derribos y trató de formular cargos penales contra los responsables. Sin embargo, las autoridades de Kinshasa y del gobierno provincial le ordenaron que no lo hiciera.
“Esto es un encubrimiento por parte de las autoridades congoleñas. El Estado ha fallado a su propio pueblo al no hacer comparecer a nadie ante la justicia por estos desalojos forzosos y no garantizar que se pagara una indemnización”, dijo Audrey Gaughran.
Amnistía Internacional expuso sus motivos de preocupación y sus pruebas a Groupe Forrest International antes de la publicación del informe, pero la empresa negó toda responsabilidad por los sucesos de Kawama, de los que culpó a la actuación unilateral de la policía. Los intentos de un grupo de ONG congoleñas e internacionales para obtener una resolución judicial en Bélgica para los residentes de Kawama fueron infructuosos; el Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales declaró que no tenía capacidad para investigar.
“Los habitantes de Kawama llevan años intentando encontrar un proceso que simplemente reconozca la verdad de lo que ocurrió en su comunidad. Sus voces han sido sofocadas por las negativas de Groupe Forrest International. Tanto las autoridades congoleñas como las belgas les han fallado”, concluyó Audrey Gaughran.
El informe pide a las autoridades congoleñas y a Groupe Forrest International que garanticen una reparación adecuada para los habitantes de Kawama, incluida una compensación completa por todas las pérdidas ocasionadas por los derribos y los desalojos forzosos. Las autoridades deben formular cargos contra todos los responsables de actos ilegales que causaron violaciones de derechos humanos.
El informe pide asimismo a Bélgica que revise su marco legal y político para garantizar que puede regular debidamente las actividades de las empresas multinacionales belgas tanto en la propia Bélgica como en otros países.
