Fue el 27 de octubre pasado. Un grupo de habitantes de la comunidad Pacto Loma, en la parroquia Pacto, en el noroccidente de Quito (Pichincha), se reunió en la cancha cubierta y dibujó en cartulinas árboles caídos, animales muertos, ríos de aguas turbias o personas que abandonan sus tierras. Los trazos reflejaban algo que les intranquiliza: los efectos de una posible explotación minera en la zona.
Fuente: El Universal
“Nosotros dibujamos lo que es la minería porque desde hace más de 15 años venimos luchando contra empresas extranjeras y mineros ilegales. No estamos contra un gobierno, estamos en contra de que se nos quiera imponer algo que no queremos”, sostiene Inés Soriano.
Esta mujer, nacida en la parroquia Pacto hace 60 años, fue parte de las más de 70 personas que ese día acudieron a la reunión que la Coordinadora de Comunidades por la Defensa de la Conservación del Noroccidente (Codecono) organizó para hablar sobre los alcances de la minería. Desde hace poco más de un año, cuando la situación lo amerita, los moradores de las parroquias Pacto y Gualea se autoconvocan en torno a la Codecono, tras conocer que 4.645 hectáreas de sus territorios fueron concesionadas, en agosto del 2012, a la Empresa Nacional Minera (Enami-EP), para el Proyecto Aurífero Pacto.
Manuela Arcos, de Codecono, sostiene que una población informada es la única forma que tienen para hacer contrapeso a las ofertas de supuesto bienestar con que llega la minería.
El Proyecto Pacto, uno de los diez que la Enami tiene en concesión, lo integran 2.394 ha del área minera Ingapi, en Pacto, y 2.251 ha del área Urcutambo, en Gualea. En el 2009, la Minera Silex estimó en esta zona un potencial de 300 mil onzas de oro, repartidas en nueve vetas.
Germánico Güilcapi, jefe del Proyecto Pacto, afirma que en estos dos años los trabajos se han centrado en la investigación superficial de los sitios de interés y en difundir en las comunidades los resultados de los estudios de impacto ambiental de las áreas concesionadas. Este es un requisito obligatorio para que el Ministerio del Ambiente (MAE) analice la entrega de la licencia ambiental que permita pasar de la exploración inicial a la avanzada, en la que se tomarán muestras de suelo que confirmen o no las expectativas.
El técnico de la Enami apunta que el proceso de participación social en la zona ha sido “lento y complicado” y lo atribuye a una oposición a la minería, “basada en información errada”, como que se hará una explotación a cielo abierto, que las ONG antimineras difunden, y experiencias negativas relacionadas con minería artesanal e ilegal.
En la zona de influencia del proyecto es común oír discrepancias sobre los mecanismos usados para difundir la minería. Alfonso Lomas, presidente del Comité Central de Padres de Familia de la Unidad Educativa 14 de Abril, de Ingapi, rechaza que la empresa haya querido ingresar con sus técnicos a la escuela de su localidad, el 16 de octubre pasado, para promover la minería. “Nosotros no estábamos de acuerdo con que dañen la mentalidad de nuestros hijos: la escuela es para educar niños, no para educar mineros”, dice.
Güilcapi no niega que hubo esa pretensión, pero aclara que la difusión era para maestros y que no están usando la escuela con fin corporativo, sino “transparentando la información”.
Datos sobre la percepción del proyecto que tiene la población, que son parte de los estudios de impacto ambiental que aún están en revisión en el MAE, muestran que en Pacto y Gualea, el 75 % y el 60% de los habitantes encuestados, respectivamente, rechazan la minería.
Pese a la oposición, Güilcapi señala que 110 personas recibieron información de los estudios de impacto en Ingapi (40) y Urcutambo (70). Pacto y Gualea, según el Censo 2010 del INEC, tienen 6.824 habitantes.
“Socializar (como llaman los técnicos al proceso de difusión) no es consultar”, asegura Lomas, quien cree que el Estado, al no consultarles antes de entregar la concesión, ha violado su derecho constitucional a decidir si desean o no una actividad que incidirá en una forma de vida atada en un 47,6 % a la agricultura, básicamente de caña para producir panela orgánica.
Güilcapi niega que la ley les obligue a “consultar a la gente” si está de acuerdo que ellos tengan ahí una concesión minera.
Aunque en Pacto y Gualea, según datos del INEC, el porcentaje de analfabetismo llega al 9,6 % de la población, el 87,4 % de hogares se abastece de agua entubada y el 65,3 % de hogares elimina sus desechos en pozos sépticos, Hólger Oviedo, exintendente de Policía de Pacto, cree que la solución no es entregarse a la minería. Califica como “chantaje” que se ofrezca beneficios en educación y salud, que son obligaciones del Estado, a cambio de aceptar la actividad.
En las parroquias no se han registrado enfrentamientos por el tema minero, como sí ocurrió en Junín (Imbabura), zona minera fronteriza a Pacto que forma parte del Proyecto Llurimagua, también a cargo de la Enami.
Plutarco Durán, presidente de la comuna de Ingapi, dice que la población no quiere violencia, sino que busca informarse para proponer un debate a la autoridad. Pese a ello, reconoce que la detención en abril pasado de líderes antimineros, como Xavier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín, ha hecho que se medite la vía a seguir.
En Junín, la oposición a la minería va teniendo menos espacio, dice Eliana Torres, esposa de Ramírez. Ella cree que el miedo por las detenciones e incursiones policiales y el ofrecimiento de obras que aún no se ven, lleva a que de a poco se ceda ante las pretensiones de explotar a cielo abierto un área de 4.839 hectáreas, en las que existiría un potencial de 318 millones de toneladas de Cobre-Molibdeno.
El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en una visita a Pacto y Gualea el 1 de noviembre pasado, respaldó el desarrollo sustentable que experimenta la zona. Según la Agencia Pública de Noticias de Quito, afirmó que “mal haría” en permitir una explotación minera que destruya el capital natural del sector.
Esta zona del Chocó Andino, ubicada a menos de dos horas de la capital, no solo es importante por su riqueza biológica y arqueológica, dice Verónica Arias, secretaria de Ambiente del Cabildo, sino porque es una de las reservas de agua y bosque con mayor potencial para Quito.
