Su nuevo director ejecutivo en Chile, René Muga, aclaró que obedece a una decisión corporativa a nivel internacional de reducir los costos, plan que incluye la suspensión de Pascua Lama teniendo en cuenta que por año gasta US$ 200 millones  en mantener las instalaciones y cumplir con las exigencias de la Resolución de Calificación Ambiental(RCA). El proyecto -ubicado en las altas cumbres de los Andes entre Chile y Argentina- está paralizado desde 2013 por las autoridades chilenas y el rechazo social.
Fuente: Diario Huarpe

La minera canadiense Barrick Gold analiza suspender temporalmente el proyecto binacional de oro, cobre y plata Pascua Lama, ubicado en la región de Atacama, en Chile, por generarle un gasto anual cercano a los 200 millones de dólares en mantener las instalaciones y cumplir con las exigencias de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Su nuevo director ejecutivo en Chile, René Muga, aclaró que obedece a una decisión corporativa a nivel internacional de reducir los costos, plan que incluye la suspensión de Pascua Lama, proyecto que está paralizado desde el 2013.

“Estamos analizando los procedimientos administrativos para finalizar la suspensión en la que estamos, mientras trabajamos en la optimización del proyecto para retomarlo en el futuro cuando exista un escenario más favorable, con mejores condiciones de mercado. La decisión que tomemos será cuidando el medio ambiente, a nuestros empleados y ajustándonos estrictamente a la legislación vigente”, declaró Muga.

Fuentes consultadas explicaron que la suspensión de actividades tiene un límite menor a cinco años, lo que le permitiría ahorrar a Barrick más del 30% del gasto anual en obra, mientras que voceros del grupo informaron que el plan de reducción de costos incluye la venta de algunos activos del grupo a nivel mundial, y en hacer los procesos más eficientes, reduciendo personal o cerrando algunos contratos de servicios.

En abril del 2013, y luego de seis años de construcción, se detuvieron las obras, primero por una decisión judicial y posteriormente por la paralización indefinida decretada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la que sancionó en 16 mil UTA (Unidad Tributaria Anual), equivalente a 12 millones de dólares, y sumando dos años en conflicto, tanto con las autoridades como con las comunidades que se vieron amenazadas por la construcción de este proyecto minero binacional.