Las agrupaciones de vecinos de distintas localiades de Mendoza y la ong OIKOS rechazaron la decisión de la Corte provincial, asegurando que priva a los mendocinos de expresarse sobre la constitucionalidad de la Ley 7722.
Fuente: Mendoza On Line
Las organizaciones ambientalistas están muy enojadas con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza de suspender el llamado a audiencia pública para sumar opiniones al pedido de inconstitucionalidad de la Ley Provincial 7722, que frenó la actividad minera metalífera en todo el territorio mendocino.
Tal como publicó MDZ, el máximo tribunal de la provincia resolvió, por cuatro votos contra tres, rechazar el pedido del Procurador General, Rodolfo González, sobre convocar a una audiencia pública como instancia previa a la sentencia del pedido de inconstitucionalidad sobre la Ley 7722, realizado por empresas mineras y organizaciones que apoyan a la actividad.
Debido a ello, los ambientalistas demostraron su descontento, ya que, según sus declaraciones, eran las principales impulsoras de la convocatoria pública para debatir sobre la constitucionalidad de la norma.
Eduardo Sosa, titular de la ONG Oikos, expresó a MDZ que “nos hubiera gustado que la Corte hubiera sido más receptiva al interés ciudadano para aportar información y conocimiento sobre este tema, y probablemente la decisión hubiera sido mucho más rica”. De todos modos, aclaró que esta decisión “no se trata de una preopinión de la sentencia”.
Además recordó que “la Corte Suprema de la Nación ha hecho audiencias públicas de este tipo, como con la Ley de Medios” y aseguró que “eso podría generar un antecedente muy valioso para que las Cortes provinciales lo siguieran”.
Carlos Pía, referente de la Multisectorial de General Alvear, opinó sobre la resolución de la Corte provincial en el mismo sentido: “No nos ha gustado para nada. La Corte se pierde una posibilidad histórica de escuchar lo que piensa el pueblo de Mendoza y que se arme el famoso debate que se está pidiendo desde los distintos sectores”.
A su vez, ratificó que las principales organizaciones ambientalistas del departamento sureño están en “alerta y movilización permanente” a la espera de lo que se resuelva a nivel provincial.
Por su parte, Fabiana Villafañe, de Vecinos Autoconvocados de San Carlos, fue más dura con el máximo tribunal: “Creemos que es una Corte autista, que no entiende lo que está pasando en la sociedad mendocina. El argumento de la mayoría es lamentable, porque decir que se inmiscuye en el Poder Legislativo por dar participación es falaz y mentiroso”, ya que “las audiencias públicas están reglamentadas por el Poder Judicial, diferentes de los otros poderes”.
“Esta Corte ha decidido decirle que no al debate, lo cual nos parece lastimoso y lamentable”, sentenció. Además subrayó que los autoconvocados sancarlinos, en consonancia con otras organizaciones similares en el resto de la provincia, se reunirán en el transcurso de los próximos días para definir las acciones a seguir. “No vamos a dejar pasar esto”, reiteró.
Eugenia Segura, perteneciente a Vecinos Autoconvocados de Uspallata, en principio aclaró que “fuimos nosotros quienes pedimos la audiencia pública” a instancias de Rodolfo González. Por ello, manifestó estar en contra de lo que resolvió la Corte provincial porque “es fundamental que el pueblo mendocino tenga la oportunidad de expresarse, sino la decisión queda en manos de pocas personas, algo que buscan los promineros”.
Se trata de una ley que está defendiendo a toda la provincia y sus fuentes de recursos, por lo cual es necesaria una audiencia pública”, añadió
En ese sentido, Segura ratificó que “vamos a insistir con la audiencia pública, y si no nos quieren oir nos vamos a hacer escuchar”. Esto significa que podrían haber algunas acciones de los grupos ambientalistas en los próximos días.
Lo que esperan que decida la Corte sobre la Ley 7722
Sosa señaló que “soy optimista, porque este tribunal ha sido muy coherente sobre los últimos fallos referentes a temas ambientales, siguiendo una línea de protección del ambiente. Pero si se decidiera por la inconstitucionalidad, ello significaría salirse de ese camino”.
Mientras que Pía indicó que los jueces, “si obran en justo derecho y tienen en cuenta lo que ya han expresado muchos constitucionalistas, van a actuar de acuerdo a la constitucionalidad de la ley”.
Por su lado, Villafañe aseguró que “hay argumentos suficientes para demostrar que la Ley 7722 es constitucional”, y añadió que la norma “no es una ley antiminera, sino de tipo ambiental, porque lo que hace es ampliar los presupuestos mínimos de la Ley General de Ambiente y preservar el recurso hídrico, y no habla de la actividad en sí”.
Finalmente, Segura espera que “los jueces tengan la valentía de ser honestos y veraces para ratificar la constitucionalidad de la Ley 7722”, y expresó que la norma es constitucional porque, a su vez, “es complementaria con otras leyes nacionales (General de Ambiente y Glaciares) y no viola el principio de igualdad ante la ley ya que los megamineros no están en iguales circunstancias a otras industrias de la provincia”.
