El Premio nobel de la paz y presidente del Servicio Paz y Justicia, Pérez Esquivel denuncia la política de violación sistemática de los derechos sociales y medioambientales por parte de la compañía Chevron-Texaco, así como la connivencia de gobiernos como el argentino con la petrolera estadounidense.
Fuente: Periódico Diagonal
El pasado 21 de mayo se realizó en más de 40 ciudades de todo el mundo la jornada internacional de protestas Anti-Chevron, para visibilizar mundialmente los desastrosos resultados de la operación de esa petrolera, cuyos daños ambientales han impactado contra el derecho a la vida digna de las personas y los pueblos. Si bien la contaminación de cerca de medio millón de hectáreas y la afectación a la salud y formas de vida de más de 30 mil personas en la Amazonía ecuatoriana por la operación de Texaco -que en 2001 se fusionó con Chevron- es el caso paradigmático, el lamentable historial de esta empresa recorre más de veinte países.
La protesta estaba convocada una semana antes de la realización de la junta anual de accionistas de la petrolera, que este año se trasladó desde su habitual sede en San Francisco, a Midland, una pequeña ciudad en el desierto de Texas, a la que la mayoría de los afectados por la empresa no puede acceder. Por este motivo, las distintas organizaciones de víctimas de Chevron en el mundo decidieron convocar a una movilización desde sus propios territorios, sumando así voces de denuncia desde lugares tan lejanos como Nigeria, la ciudad de Richmond, en Estados Unidos; y la Patagonia argentina.
Después de una contundente jornada de concienciación y denuncia de lo que significa Chevron, ¿cuál fue la respuesta de la empresa? Lamentablemente, ninguna. En la junta de accionistas, realizada este miércoles, no hubo lugar a las críticas que suma Chevron por todo el mundo. El único orador de la jornada fue John Watson, presidente y director ejecutivo de la petrolera, quien no hizo referencia ni a los afectados ni a los juicios abiertos en contra de su empresa. A la junta no pudieron ingresar Robinson Yumbo ni Humberto Piaguaje, dos hermanos indígenas ecuatorianos quienes se acercaron hasta Texas para denunciar lo sucedido en su país. A pesar de que no les dieron el derecho a hablar, pudieron acercar a los accionistas una carta, en representación de los miles de afectados ecuatorianos, en la que los invitan a visitarlos para que conozcan el daño causado por la petrolera. “Todos tenemos nombres y apellidos. Existimos”, dicen en el documento.
La invisibilización de los impactos causados por la propia petrolera es un capítulo tan indignante como la contaminación misma.
La invisibilización de los impactos causados por la propia petrolera es un capítulo tan indignante como la contaminación misma. Chevron niega a las víctimas no solo de Ecuador sino de todo el mundo, no haciéndose cargo de los pasivos ambientales dejados en los países donde operaron con malas prácticas. Desde la Academia Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia, la cual copresido, hemos sostenido que los delitos ambientales son crímenes en contra de la humanidad y que por lo tanto la protección de la naturaleza es transfronteriza e implica la protección de los derechos colectivos e individuales de las personas, en tanto integrantes de este ecosistema que es nuestro planeta. Para ello es necesario dar un lugar predominante a la Justicia Penal Internacional.
En la Argentina, la Corte Suprema de Justicia desconoció la sentencia del máximo tribunal ecuatoriano contra Chevron y levantó un embargo que existía sobre los activos de esa empresa, sentando jurisprudencia en contra de los hermanos pueblos latinoamericanos. Así posibilitó el ingreso de Chevron al territorio ancestral mapuche sobre la formación hidrocarburífera Vaca Muerta, utilizando la cuestionada técnica del fracking. Pero para hacerlo no solo tuvo que levantar el embargo el Poder Judicial, sino que también el Ejecutivo dictó un decreto con normas específicas exigidas por Chevron. Hace algunas semanas la Cámara Federal estableció que se puede iniciar una investigación penal en contra de la presidenta Cristina Fernández por la firma de ese decreto.
El historial contaminante y de nulas respuestas de Chevron, así como el notable ejercicio de las víctimas de reunirse y denunciar los impactos de la petrolera, deben servirnos como motor para impedir que este tipo de prácticas sigan perpetuándose y continúen en la impunidad. Hoy los crímenes de lesa humanidad ambientales causan más muertes que las guerras y necesitamos una legislación internacional acorde a estas circunstancias. Mientras, las víctimas seguirán organizándose por su cuenta y denunciando su situación, como lo advierten los afectados del Ecuador en la carta a los accionistas de Chevron: “Solamente necesitamos salir de nuestras casas para tener el “combustible” que necesitamos para alimentar nuestro espíritu. Seguiremos todo el tiempo que sea necesario, en todos los países donde existan activos de Chevron, los perseguiremos”.
