Un trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria confirma el avance hidrocarburífero sobre las chacras frutícolas de Río Negro y alerta sobre las consecuencias. En la primera vez que la institución aborda el tema de manera pública. La investigación iba a ser presentada en la Universidad Nacional del Comahue, pero fue censurada por autoridades del INTA.
Por Darío Aranda publicado en 8300
“La frontera hidrocarburífera avanza en Río Negro de la mano de la fractura hidráulica, cuando todavía no está claro su impacto ambiental. La técnica experimental es cuestionada en diferentes países por el alto riesgo de contaminar las reservas subterráneas de agua, amenaza la economía de la fruticultura y a la población rural de Allen, donde se instaló sin consulta previa, debate ni licencia social”. La advertencia proviene, por primera vez, del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, espacio técnico emblema del sector rural). Lo paradójico: en lugar de dar a conocer el estudio, alertar a la sociedad y convocar a debatir políticas públicas y posibles soluciones, el INTA censuró la difusión del trabajo, prohibió la presentación del mismo en una jornada académica e intentó archivar la investigación.
El rol de YPF, la contaminación y las posibles afecciones en la salud.
El trabajo censurado
“Avance de la frontera hidrocarburífera sobre suelo productivo. Estación Fernández Oro (EFO), Alto Valle del Río Negro”, es el nombre de la investigación del INTA, firmada por Diego Rodil, que trabaja en la institución desde hace diez años y desde hace dos que se dedica a profundizar el impacto petrolero en la tradicional zona de chacras de Allen (entre General Roca y Cipolleti). De 19 páginas, aclara desde que se trata de la primera etapa de una investigación más amplia, un trabajo exploratorio-descriptivo y que se enmarca en el proyecto específico “Políticas públicas, modelos de desarrollo y gobernabilidad en los territorios (Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios)”.
“Desde el 2013 se experimenta un avance acelerado de la extracción de gas y petróleo (con más de 70 pozos activos) sobre la zona rural de Allen, la ciudad productora de manzanas (2971 hectáreas) y peras (3200 hectáreas) más importante del país”, explica la investigación y destaca: “No es posible hablar de convivencia entre las dos economías cuando la decisión de hacer fruta o petróleo queda librado a las dinámicas del mercado, que para petróleo paga diez veces más por hectárea. La incompatibilidad de actividades se visualiza en la perdida creciente de suelo productivo y la proliferación de chacras abandonadas, riesgos sanitarios en la fruta, los estándares de exportación pueden cambiar y ser rechazada la fruta en un futuro; además de riesgos elevados de contaminación de napas y aguas superficiales”.
En el INTA regional trabajan más de 130 técnicos de las más diversas áreas de conocimiento. La institución, que tiene como uno de sus objetivos favorecer el desarrollo agropecuario y asesor a los productores, nunca se había expedido sobre la avanzada petrolera.
Otro párrafo del trabajo censurado advierte: “Algunos de los problemas denunciados por la población rural fueron ruidos molestos en el momento de la perforación, contaminación de suelo y agua, rajaduras en casas por tránsito de maquinaria pesada, y el incremento de problemas de salud manifestado en afecciones respiratorias por venteo de gases. Preocupa también la proliferación de casos de cáncer y pérdida de embarazos que requieren la urgente intervención de salud pública para determinar las posibles causas y su relación con el fenómeno estudiado”.
El trabajo se centra en la localidad de Allen, “capital nacional de la pera”, ubicada en el centro del Alto Valle del Río Negro, a 25 kilómetros de la capital de Neuquén. Se caracteriza por tener la mayor concentración de chacras productoras de peras y cuenta con una amplia infraestructura de galpones de empaque, frigoríficos y empresas exportadoras. La investigación del INTA revela que entre 2009 y 2014 Allen perdió 409 hectáreas de frutales (el 6,3 por ciento del total) y lo atribuye a un fenómeno multicausal, enmarcados en la llamada “crisis de la fruticultura”. El trabajo señala como hipótesis que “el avance extractivo y la falta de políticas públicas acertadas de protección del pequeño productor, han acelerado éste fenómeno (la crisis)”.
La actividad hidrocarburífera se da en la zona desde la década del 60, pero con la explotación de la vecina Vaca Muerta se aceleró (con la cuestionada técnica de “fracking” o fractura hidráulica). La Estación Fernández Oro (EFO) es la mayor formación gasífera de Río Negro y pertenece a YPF (a través de su empresa “Yacimiento del Sur”). Allí funciona una planta separadora del petróleo y el gas, que los pone en condiciones para el bombeo y comercialización. Rodil afirma que cuenta con más de 70 pozos activos (de más de 160 existentes) que producen 1.750.000 metros cúbicos de gas.
“Este avance acelerado de los últimos tres años trajo numerosas consecuencias. A pesar de que diferentes voces del gobierno municipal, provincial y nacional aseguraron la compatibilidad con la fruticultura, en la zona de Allen ya se perdieron 58 hectáreas de forma directa y se observa un importante número de chacras en estado de abandono. También se registró en este periodo derrames de crudo, roturas de caños de agua, explosiones e incendios, contaminación del agua, rajaduras de casas por tránsito de maquinaria pesada”, detalla el trabajo del INTA.
Explica que se observa una “competencia/tensión” por el uso del espacio rural. “La expansión de la frontera hidrocarburífera presiona sobre las tierras sistematizadas para la agricultura. El territorio productivo se repliega y se fragmenta, dando lugar a prácticas incompatibles con las agropecuarias, con la consecuente pérdida de suelo productivo, de productores y de puestos de trabajo”, advierte.
Afirma que no se tiene en cuenta el costo que representa la pérdida de suelo productivo sistematizado y dotado de infraestructura, la pérdida de capital social que también llevó años construir, y los puestos de trabajos que dejan de existir. “Tampoco se contempla que sobre el suelo productivo se producen alimentos y que se trata de una economía sustentable que lleva cien años y puede continuar en el tiempo. Las economías extractivas tienen un ciclo de vida limitado, cuando se acaba el recurso, se acaba la actividad”, destaca Rodil.
Avanza en la caracterización: “La extracción de hidrocarburos no es compatible con la producción agropecuaria y la residencial. El Estado debe regular este conflicto y generar políticas públicas que protejan el suelo productivo y a la población rural”.
Y alerta que “la apuesta de Ysur (YPF) es duplicar la producción de gas en los próximos cinco años. La campaña de perforación representa 100 pozos más”.
El trabajo aborda tópicos como “el extractivismo en América Latina”, “pasivo ambiental y maldesarrollo” y “matriz y política energética”, entre otras. Recuerda que en septiembre pasado el gobierno provincial licitó otras seis áreas petroleras en el Alto Valle y el Valle Medio, lo que puso en alerta a productores de Villa Regina, histórica zona de frutas y chacras.
Entre las conclusiones parciales, la investigación destaca: “La ‘crisis frutícola’ no justifica el cambio de uso del suelo rural, por el contrario debería representar una oportunidad para debatir un nuevo modelo basado en la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y la agroecología”.
El trabajo del INTA precisa que en agosto de 2013 el Concejo Deliberante de Allen aprobó por unanimidad una ordenanza que prohibió el fracking. Tres meses después, y en línea con lo solicitado por el gobierno provincial, el Tribunal Superior de Justicia la declaró inconstitucional.
En marzo de 2014 explotó en Allen el pozo “EFO 141” de Ysur-YPF. En julio de 2014 explotó el pozo “EFO 236”, en el barrio Costa Oeste. En julio de 2015 se produjo un derrame en el pozo “EFO 280”, sobre la calle Nº10. En agosto pasado hubo un nuevo derrame de crudo en la barda norte de Allen y la empresa Ysur suspendió la actividad del pozo “EFO 224” por persistentes olores a combustión y explosiones. El mismo mes, vecinos del barrio Costa Este denunciaron que otro pozo (“EFO 252”) generó tres explosiones y fuego que superaba la altura de los centenarios álamos.
“En septiembre de 2015, Ysur-YPF ofreció a familias de calle Nº 10 hasta 44.000 pesos con un contrato de confidencialidad para compensar las ‘molestias’ por la actividad petrolera”, señala el trabajo.
El INTA empetrolado
El trabajo de Diego Rodil del INTA iba a ser presentado públicamente en la mañana del jueves 12 de noviembre en la “VII Jornadas de la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica”, en la sede de Neuquén de la Universidad Nacional del Comahue. Un día antes Rodil recibió un llamado del director de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA Alto Valle, Jorge Oscar Toranzo. Le prohibió que dé a conocer la investigación y lo instó a que la mañana siguiente se presente en el INTA para tener una reunión. El horario señalado por Toranzo era las 8 de la mañana. A las 8.30 Rodil debía estar en la Universidad para disertar sobre su investigación.
Ante la posibilidad de que Rodil falte al INTA, Toranzo le envió un correo electrónico. Argumentó que la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia y el Departamento Provincial de Agua (DPA) son quienes controlan a las petroleras (justamente, ambas dependencias muy denunciadas por su inacción) y avanzó en la política de desprestigio profesional: “Su trabajo no refleja datos concretos de investigación, son solamente relevamientos de algunos recortes periodísticos y no cuenta con sustento científico, ni ambiental ni médico”.
“Esta Dirección (del INTA) no considera pertinente su exposición en las Jornadas de Economía Ecológica, como así tampoco que sea publicado por los organizadores de las Jornadas”, exigió Toranzo. También argumentó que se enteró de la exposición en la Universidad “por terceras personas” y la mañana previa a la disertación. El correo finaliza amenazante: “Esperamos que esta situación no vuelva a repetirse”.
El jueves 12 de noviembre fue la reunión entre Rodil y su superior, Toranzo. También estuvo el director regional (superior de Toranzo), Jorge Reynals . Se repitieron los conceptos y los tonos del correo.
Rodil confirmó estos hechos a 8300 pero solicitó no hablar (al menos por el momento). Sólo recordó que hacía dos años trabajaba en esa investigación y que había dado aviso a sus superiores. Incluso afirmó que Reynals sabía el tenor del trabajo desde 40 días antes de las jornadas académicas.
Una línea de conducta
En mayo de 2015 el INTA organizó junto a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Comahue una jornada sobre la situación del sector frutícola. A último momento, el INTA se bajó de la jornada. Toranzo iba a ser uno de los disertantes, pero no fue. Los organizadores dejaron la silla vacía, para explicitar la ausencia.
El INTA está presente en la región desde 1913 (en ese momento aún no era INTA, sino “Chacra Experimental de Río Negro”) y la mayor parte de sus recursos se destina al sector frutícola, que atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas. Pero el responsable político señaló que no podía brindar una “opinión institucional”.
El 20 de mayo de 2014 se realizó en el INTA la charla “los hidrocarburos en yacimiento no convencionales”. El objetivo era, según la institución, “tomar conocimiento sobre este tipo de prácticas y su influencia en zonas frutícolas”. Se realizó en el Centro de Capacitación Jaime Belli (Agencia de General Roca). Fue una suerte de abc positivos sobre el fracking, y se utilizaban términos como “estimulación hidráulica” (eufemismo que utilizan las empresas y gobiernos).
El curso estuvo a cargo de Carlos Soraire y Roberto Villa, ambos integrantes del Instituto del Petróleo y del Gas (IAPG), espacio de lobby político y técnico de las grandes petroleras.
Ante unos 40 técnicos del INTA, los enviados del IAPG hicieron una defensa irrestricta del avance petrolero. Incluso llegaron a afirmar que el fracking “tiene impacto cero”.
Fue el colmo para algunos técnicos del INTA, que pidieron que no les mientan en la cara. Las quejas fueron tantas que Toranzo prometió otra jornada, con otras miradas sobre el fracking.
La promesa nunca se cumplió.
“Yo decido”
Jorge Oscar Toranzo es ingeniero agrónomo y casi toda su vida se desempeñó en el sector privado. Asumió como director del INTA en octubre de 2013.
“Nosotros no somos periodistas, no podemos basar nuestros trabajos en títulos de diarios. No es serio. Yo le dije a Rodil que no presente eso en las jornadas. ¿Sabés por qué? Porque yo soy el director (del INTA) y yo decido”, fueron las primeras palabras de Toranzo cuando comenzó la entrevista telefónica con 8300.
“El INTA no puede decir que el petróleo produce cáncer si no tiene pruebas. Y no le corresponde. Eso debe decirlo la Provincia”, argumentó.
8300 le advirtió que en ninguna de las 19 carillas del trabajo de Rodil se afirma la vinculación fracking-cáncer. Toranzo cambió de tema: “Nosotros no tenemos una posición militante. No podemos decir cosas que no sabemos”.
–¿Pero saben que hay torres petroleras en las chacras?
-Claro que sí, trabajamos allí. Y no nos gusta eso y hace mal a la producción.
-¿Y por qué el INTA nunca tomó posición en eso y advirtió a los productores?
Silencio.
La réplica llega de golpe y con tono de voz alta: “¿Y quién es usted para decirnos cuándo debemos decir algo? ¿Por qué debo rendirle cuenta a usted”.
-Le debe rendir cuenta a los productores y a la sociedad. ¿El INTA no debe advertirle a los productores de los riesgos del fracking?
-Sí.
-¿Cuántas declaraciones públicas hizo el INTA al respecto?
Toranzo no responde.
El INTA nunca se refirió al tema en público ni alertó de los riesgos de la avanzada petrolera.
La entrevista con el director del INTA duró 27 minutos. En tres oportunidades remarcó que Diego Rodil “es licenciado en turismo”, minimizando su conocimiento sobre el petróleo en Allen (cuenta con estudios de posgrado, Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable). Y en todo momento insistió en la falta de “rigor científico”, aunque el trabajo fue aceptado por el comité académico de las jornadas en la Universidad Nacional del Comahue (quienes suministraron la investigación a 8300).
“Nos preocupa el tema, por eso desde que asumí trabajamos en el tema”, afirmó Toranzo.
-¿Cuántas investigaciones hizo el INTA en este tiempo?
-Rodil trabajaba en eso.
-¿Trabajaba? ¿ya no?
-Sí. Trabaja.
-¿Y qué otras personas de las más de cien abordan el tema?
-No hay personal ni recursos suficientes.
-Si es un tema que preocupa al INTA y a los productores. ¿Solicitó ayuda a la Dirección Nacional del INTA?
Se escucha la carcajada del otro lado del teléfono. Y sobreviene la explicación: “Acá la gente se jubila y no nos dan remplazos. No podemos pedir más recursos”.
Toranzo insistió en reiteradas oportunidad que el control y los informes deben ser de la Provincia (que es la misma que avala el avance petrolero).
-¿El INTA puede alertar por lo visible, como los derrames de petróleo?
-Claro que puede pero para eso un trabajo con rigor técnico debe decir dónde y cuándo fueron esos derrames.
-El trabajo de Rodil lo detalla en la página 14. ¿Lo leyó?
Toranzo no contesta. Y apunta a que el powerpoint que Rodil iba a presentar en las jornadas académicas era incorrecto y con faltas de rigor científico. “Si se ajusta la presentación, podría darse en unas jornadas… pero nosotros no podemos decir cosas que perjudiquen a todo el Valle”, advierte. Da como ejemplo una reciente noticia de una productora orgánica que le rechazaron la cosecha por la contaminación petrolera. Pero no es el caso del trabajo de Rodil.
Jorge Toranzo fue gerente de una de las mayores corporaciones del sector frutícola, Expofrut, empresa denunciada por posición dominante, pagos exiguos a los productores y pésimas condiciones de trabajo (mediante contratistas). Incluso denunciada en 2011 por la desaparición y asesinato de un trabajador (Daniel Solano), caso emblemático de derechos humanos en Río Negro.
Estas grandes empresas compran la cosecha a los pequeños productores a precios muy bajo y luego exportan, obteniendo grandes diferencias.
Entre 2005 y 2011 Toranzo fue “jefe de desarrollo” y luego “gerente corporativo”.
El INTA, lejos de promover una política agropecuaria ligada a pequeños productores, optó por un gerente de Expofrut, una gran corporación del sector.
-¿Usted trabajó en Expofrut?
-Trabajé en muchos lados.
-¿Recuerda si lo hizo en Expofrut?
No responde.
-¿Qué opinión le merece el rol de empresas como Expofrut y cómo impacta en los pequeños y medianos productores?
-Este año no va a comprar a otros, utilizará sus propias frutas… No se trata de una empresa…
-¿Qué opina del accionar de Expofrut, Moño Azul y todas las grandes empresas del sector?
-Usted tiene un sesgo ideológico.
Fin de la conversación.
8300 también llamó y dejó mensajes a Jorge Reynals (superior de Toranzo y mayor cargo jerárquico del INTA en la región -director regional de Patagonia Norte-) y a Dolores Raffo (superior de Rodil), pero no devolvieron los llamados.
