Se trata de Claudio Orosz, quién en representación de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llegó al lugar donde fueron desalojados esta mañana los vecinos que protestan contra la instalación de la planta. Criticó la criminalización de la protesta. Sigue el corte de ruta A-88.
Fuente: Informes y Noticias Córdoba
La secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por Martín Fresneda, envió hoy al abogado Claudio Orosz al predio en construcción de Monsanto, en Malvinas Argentinas, donde los vecinos protestan contra la instalación de la planta fueron desalojados esta mañana, e incluso hubo dos detenidos y algunos heridos.
El letrado llegó al lugar cerca de las 15 horas, donde se interiorizó sobre los detenidos y sobre la mujer herida y respondió preguntas de los asambleístas.
En este sentido, Orosz explicó que “la protesta social, mientras sea pacífica, no puede ser considerada delito”, y dijo que eso está determinado en la jurisprudencia de Córdoba, en el fallo Álvarez Pablo y otros.
Por otro lado, el comisario mayor Mario Tornavaca a cargo del operativo confirmó las detenciones y miembros de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida precisaron que se trata de Candelaria Lacour y Eugenia Zuleta. Ambas pertenecen al Frente de Organizaciones Contra el
Por su parte, el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, aseguró que está “muy preocupado con la situación” y explicó que no es de su “competencia decidir realizar una consulta popular porque depende de la secretaría de Ambiente de la Provincia”.
En las primeras horas de la mañana, unos 200 vecinos y ambientalistas que permanecen en el bloqueo fueron desalojados violentamente.
También se conoció la situación por tuits de personas que se encontraban en el lugar. Uno de los más ilustrativos de la situación que se está desencadenando fue el de la candidata a diputada nacional Betiana Cabrera Fasolis quien escribió: “La Policía arrastra por el piso a Sofía Gatica (representante de Madres de barrio Ituzaingó) para que avancen los camiones”.
Recordemos que Gatica es una de las mayores impulsoras de la cruzada por los derechos ambientales en favor de la vida y quien habría mantenido un cruce de palabras con la patota de la Uocra al momento que le ofrecieron negociar. “La vida no se negocia” le contestó la activista a los gritos.
Por otro lado, ayer se presentó el fiscal federal de Tucumán, especialista en delitos ambientales, Dr. Gustavo Gómez, quien se solidarizó con los vecinos y le brindó asesoramiento legal para protegerse de la policía, las detenciones y los desalojos.
“Les expliqué cómo hacer un habeas corpus preventivo para defenderse de las posibles detenciones que se quieran ordenar. En segundo lugar, cómo hacer una denuncia penal por un delito ambiental. Y en tercer lugar, explicarles toda la jurisprudencia en materia nacional que en este momento dice que este tipo de reclamos pacíficos no configura ningún hecho ilícito de acuerdo a lo establecido por el Art. 34 (inciso 2 y 3) del Código Penal”, apuntó Gómez.
Lo más significativo del caso es que luego de estas explicaciones 11 ambientalistas presentaron un habeas corpus en Tribunales I donde se les fue rechazado este derecho aludiendo a que faltaba la firma de un abogado. Gómez expresó que esto lo “dejó helado” ya que todos saben que este requisito es inexistente y que no es más que una burda maniobra.
