La primera ministra de Australia, Julia Gillard, anunció hoy un acuerdo con las empresas mineras que operan en el país para imponerles un impuesto del 30 %, en lugar del 40 % propuesto anteriormente. Mientras tanto el tema produjo la renuncia del jefe del Ejecutivo Kevin Rudd y hasta condicionó las elecciones de los próximos meses en un país donde varios funcionarios son puestos por el sector minero.
Fuente: EFE
Sydney, Australia – 02/07/2010. La polémica con el sector minero fue uno de los factores que precipitaron la caída del ex jefe del Ejecutivo Kevin Rudd, quien se vio obligado a dimitir el jueves pasado tras un motín en el Partido Laborista encabezado por la entonces viceprimera ministra Gillard.
El acuerdo con las mineras, que incluye a multinacionales como Rio Tinto, BHP Billiton y Xstrata Plc, abre la puerta para la celebración de elecciones en los próximos meses.
El consenso “acabará con la incertidumbre y la división y nos permitirá avanzar como nación”, manifestó en conferencia de prensa la primera ministra, al anunciar la reforma fiscal.
Gillard destacó que el impuesto significará la mejor retribución para los australianos por la explotación de los recursos limitados de la tierra, al tiempo que garantizó al resto del mundo que “el sector minero australiano es robusto y tiene un futuro seguro”.
El nuevo impuesto del 30 por ciento, que entrará en vigor en 2012, gravará los beneficios de las explotaciones de hierro mineral y carbón, que acaparan casi la mitad del total de las exportaciones australianas.
Mientras que la reforma fiscal propuesta por Rudd iba a afectar a 2.500 empresas, este gravamen se aplicará sólo a 320 mineras con unos beneficios superiores a los 50 millones de dólares australianos (unos 42 millones de dólares o 34 millones de euros).
Las arcas del Estado ingresarán así 10.500 millones de dólares australianos (8.900 millones de dólares o 7.120 millones de euros) en los dos primeros años, una disminución de 1.500 millones de dólares australianos respecto a los ingresos previstos inicialmente.
Sin embargo, la primera ministra aseguró que esto no afectará a los planes del Gobierno de volver al superávit presupuestario en 2013.
La nueva imposición, inicialmente bautizada como Impuesto de Super Beneficios por Recursos (Resource Super Profits Tax), se llamará ahora Impuesto sobre la Renta de Recursos Minerales (Minerals Resource Rent Tax).
La nueva ley será presentada al Parlamento después de las próximas elecciones generales, que aún no se han convocado pero se prevé que se celebren en los próximos meses.
BHP Billiton, Rio Tinto y Xstrata se congratularon por el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo.
“BHP Billington cree que la reforma fiscal, que es competitiva y equilibrada, permitirá el crecimiento inversor de las mineras australianas, lo que beneficiará a todos los australianos”, afirmó su consejero delegado, Marious Klopper.
Xstrata anunció de inmediato que retomaba la expansión de su mina de cobre de Ernest Henry en Queensland, que había suspendido debido al litigio con el anterior Gobierno.
Por su parte, las mineras más pequeñas se mostraron descontentas por no haber podido participar en la negociación.
La introducción del impuesto sobre minas y la controvertida legislación sobre comercio de gases causantes del efecto invernadero formaban la espina dorsal del programa de Kevin Rudd y su fracaso le costaron el puesto.
Tras proponer el impuesto, el sector minero inició una campaña publicitaria millonaria para desacreditar el gobierno de Rudd, que contraatacó con otra campaña para defender la imposición del 40 por ciento.
Las mineras aducían que la presión fiscal propuesta por Rudd impediría realizar más inversiones en el país.
Sin embargo, cifras de la Oficina Australiana de Estadísticas publicadas el jueves revelan que la industria buscaba la contratación de 6.200 trabajadores el pasado mes de mayo, en mitad de la polémica con el Gobierno.
El sector minero emplea a unas 200.000 personas en el país y genera aproximadamente el siete por ciento del Producto Interior Bruto.
