Llamado a acción para apoyar al proyecto de ley actualmente en el parlamento canadiense. El proyecto de ley pretende crear un mecanismo de investigación y verificación, crea un cuadro de estándares basado en las normas existentes sobre derechos humanos e indígenas y la protección laboral y ambiental, y condiciona el apoyo financiero y político que proporciona el gobierno canadiense a las empresas extractivas.
Fuente: Observatorio Minero de Canadá (MiningWatch Canada)
Cabe mencionar que la industria minera, por el contenido del proyecto de ley y la importancia del apoyo estatal que goza la industria, o bien por ser un paso adelante en un camino que no les conviene para nada, ha montado una campaña millonaria para derrotarlo. Ha enviado cartas, abogados, y gerentes de empresas al Parlamento, y lo ha llevado a un tema polémico en los periódicos del país pero también hasta el nivel global.
En cuanto al proceso, el proyecto de ley tiene que pasar por otro periodo de audiencias y una revisión “cláusula por cláusula” por el Comité Permanente sobre Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional antes de volver a la Cámara de los Comunes para una votación final, y luego al Senado para otra votación y revisión por otra comisión.
Acción urgente: Apoyar la legislación para responsabilizar a las empresas mineras
canadienses por sus abusos en el extranjero.
El gobierno de Canadá ha fallado en crear medidas significativas para regular las actividades de las empresas mineras canadienses que operan en el extranjero. Un proyecto de ley de un “miembro privado”, número C-300, representa la mejor oportunidad para la regulación de una necesidad urgente. En la actualidad el proyecto de ley está siendo revisado por la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes. Se necesitan urgentemente cartas de apoyo al C-300 para garantizar que las empresas mineras canadienses cumplan con las normas internacionales sobre los derechos humanos y laborales y las mejores prácticas ambientales cuando operan en el extranjero, y que el apoyo financiero y político del gobierno no se proporcionan a las empresas que abusan los derechos humanos y el medio ambiente.
Antecedentes:
El proyecto de ley C-300 es un proyecto de ley miembro privado presentado por el diputado Liberal John McKay el 9 de febrero de 2009. El proyecto de ley C-300 implementa una serie de recomendaciones claves del informe Final de las Mesas Redondas sobre la Responsabilidad Social Corporativa de marzo de 2007. Las recomendaciones reflejan el consenso del grupo consultivo que contó con representantes de la industria y de la sociedad civil incluyendo MiningWatch Canadá.
Si se aprueba, la ley C-300 creará:
* normas sobre los derechos humanos, los derechos laborales, y el medio ambiente con las cuales las empresas extractivas canadienses que reciben apoyo del gobierno deben cumplir cuando operan en países en desarrollo;
* un mecanismo de denuncia que permitirá a los miembros de las comunidades afectadas en el extranjero, y los canadienses, presentar denuncias contra empresas que parecen estar violando esas normas;
* una posible sanción hacia las empresas que se encuentran fuera del cumplimiento de las normas, en forma de pérdida de gobierno de apoyo financiero y político.
Muestra tu apoyo al proyecto de ley C-300 – Escriba al Comité Parlamentario
Cuéntales a los diputados cuales han sido las violaciones sufridas a través de la impunidad de las empresas mineras canadienses y como les podría ayudar tener un mecanismo de investigación con sanciones aunque sean modestas.
Dirección:
Comité Permanente sobre Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional
Dean Allison, Presidente
John McKay, Patrocinador del proyecto de ley C-300
Angela Crandall, Secretaria
Cámara de los Comunes
Ottawa, Ontario K1A 0A6
Canadá
faae@parl.gc.ca
(con copia a nosotros a info@miningwatch.ca)
HOJA DE DATOS:
Proyecto de ley C-300 – Una Ley sobre la responsabilización de las empresas con respecto a sus actividades mineras, petroleras y de explotación de gas en los países en desarrollo
Por Observatorio Minero de Canadá (MiningWatch Canada), julio de 2009
Antecedentes
El proyecto de ley C-300 es un proyecto de ley de un miembro privado presentado por el diputado Liberal John McKay el 9 de febrero de 2009. El proyecto de ley C-300 codifica como reglamento una serie de recomendaciones claves sobre la rendición de cuentas de las compañías extractivas canadienses que operan en países en desarrollo que vienen del informe final de las Mesas Redondas sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de marzo 2007. En marzo de 2009 el Gobierno canadiense finalmente respondió a las recomendaciones del Grupo Asesor multisectoral contenidas en el Informe Final de las Mesas Redondas sobre la RSC. La respuesta del Gobierno es totalmente insuficiente ya que no contiene mecanismos eficazes de denuncia y no hay posibilidad de sanciones para aquellas empresas que no cumplan con las líneas directrices voluntarias. El proyecto de ley C-300 remedia estas fallas. El 22 de abril 2009 el proyecto de ley C-300 fue aprobada por escaso margen una votación en la Cámara y ahora está siendo debatido en el Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional.
El proyecto de ley C-300
* Regula las agencias del gobierno canadiense con respecto a las compañías extractivas canadienses que operan en países en desarrollo (Desarrollo de las Exportaciones de Canadá, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, y el Plan de Pensiones de Canadá).
* Crea criterios de elegibilidad (“líneas directrices que articulan las normas de responsabilidad corporativa”) para el apoyo político y financiero que se proporciona a las empresas extractivas de Canadá por las instituciones arriba mencionadas.
* Las “líneas directrices” deben incluir las Normas de funcionamiento la Corporación Financiera Internacional y las notas relacionadas con la orientación y la salud ambiental y las directrices generales de seguridad, los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, y “las disposiciones de derechos humanos que aseguren que las empresas operen de manera consistente con las normas internacionales de derechos humanos, y cualquier otra norma en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.”
* Crea un mecanismo de quejas. Las denuncias se presentan ante los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional. Si es aceptada, la denuncia dará lugar a una investigación de la conformidad de la compañía con respecto a las líneas directrices y un informe público sobre los resultados dentro de los ocho meses desde la recepción de la queja.
Una empresa puede ser inelegible para el apoyo del gobierno durante el tiempo que está fuera del cumplimiento de las directrices.
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Jamie Kneen
Coordinador de Comunicaciones
Observatorio Canadiense de la Minería
URL: http://www.miningwatch.ca
