Omisión y complicidad son dos de los términos que empleó este martes también Jennifer Moore, la representante de la ONG Mining Watch Canada, al reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno canadiense realice un “cambio radical” en su política exterior. Durante la audiencia, varias organizaciones exigieron que Canadá deje de proteger a la industria extractiva a costa de los derechos de los indígenas y de otros afectados por las actividades mineras canadienses en el extranjero, especialmente en América Latina. El Gobierno dice que cumple con las buenas prácticas y que hay supervisión.
Fuente: El País
Hace cinco años, el 27 de noviembre de 2009, el activista mexicano Mariano Abarca caía asesinado a tiros frente a su casa en Chicomuselo, en el Estado de Chiapas. Poco antes había denunciado numerosas amenazas por su oposición a un proyecto minero local de la empresa canadiense Blackfire Exploration, motivo por el que también había sido detenido unos meses antes. El informe de la Fundación para el Debido Proceso sobre el “impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” destaca que “varios empleados y contratistas de la empresa Blackfire Exploration fueron acusados por los pobladores locales de tener vínculos con el suceso. Se ha indicado asimismo la omisión de la embajada canadiense ante las denuncias de esos hechos”.
El caso de Abarca es un ejemplo de la “relación del Estado canadiense con las compañías mineras: [el Estado] les ayuda a resolver conflictos, ignora las amenazas a activistas locales y sigue defendiendo los intereses de las compañías”, sostuvo la representante de Mining Watch, una organización sin ánimo de lucro que desde 1999 sigue las actividades del sector minero canadiense en el exterior. Y estas son, según lleva tiempo denunciando la ONG, más que cuestionables en países como Guatemala, Chile, Bolivia o Perú.
“La política del Estado canadiense es vacía y es cómplice en las violaciones que estamos viendo”, insistió la portavoz de la organización. La respuesta de los representantes del Ejecutivo este martes fue, sin embargo, contundente: el Gobierno no es responsable. Canadá es un “líder” en el cumplimiento de los estándares internacionales de responsabilidad social corporativa y la “gran mayoría de las empresas” hacen “esfuerzos significativos” para cumplirlos, afirmó Dana Cryderman, representante alterna de Canadá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además, las presuntas violaciones o abusos denunciados “están claramente fuera del ámbito de las obligaciones de Canadá” bajo el derecho internacional y regional y también de su jurisdicción, defendió la alta funcionaria. Recordó también que los países donde operan las empresas mineras canadienses cuentan con “vías legales y judiciales” propias que son las que se deberían agotar antes de recurrir a otros organismos.
Canadá “no solamente confía en que sus compañías extractoras son líderes en la aplicación de los estándares de responsabilidad social corporativa, sino que también han contribuido a la sostenibilidad económica a largo plazo de los países” donde operan, insistió. Cryderman explicó que en Canadá existen dos mecanismos no judiciales —el “Punto de Contacto” y la “Oficina del Sector Extractivo”— que, aunque no tengan mandato para imponer sanciones u otras medidas punitivas, “proporcionan vías para resolver disputas”.
La política del Estado canadiense es vacía y cómplice en las violaciones que estamos viendo”
Jennifer Moore, portavoz de Mining Watch Canadá
“Los beneficios no respetan fronteras, pero cuando se trata de derechos humanos decimos ‘oh, ese no es nuestro problema'”, ironizó en respuesta a la réplica oficial Shin Imai, del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa, otro de los denunciantes ante la CIDH.
La responsabilidad del Estado por las actuaciones en el extranjero de empresas privadas es un territorio virgen para la CIDH, que con la audiencia de este martes abre un camino de destino todavía desconocido en lo que respeta a esta materia. Su director ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, denomina a este ámbito “audiencias de primera generación”, no vinculadas a interpretaciones tradicionales del derecho. Por eso, los comisionados tuvieron más preguntas que respuestas en la hora de interlocución, aunque la CIDH dejó claro que es un tema que genera una gran preocupación y que no se debe desatender.
“Pese a las aseveraciones sobre las buenas políticas de Canadá, en la Comisión seguimos viendo recurrentes casos, muy muy graves, de violaciones de derechos humanos como resultado de la actuación de algunas compañías, entre ellas de Canadá”, destacó la Relatora para Canadá, Rose Marie Antoine. La jurista es además relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de las Personas Afrodescendientes, algo que recordó durante la audiencia para dejar claro que lleva siguiendo desde hace tiempo las no tan nuevas acusaciones contra empresas extractoras canadienses.
Antoine recordó que, entre los problemas provocados por este tipo de compañías, se registran desplazamientos forzosos, violación de derechos ambientales, a la salud y de acceso al agua de los habitantes, hasta en algunos casos la criminalización de los defensores mismos de los derechos humanos.
“Nosotros vemos las deficiencias de países como Canadá y otros Estados”, subrayó. “Vemos las grietas” que producen legislaciones lejos de ser perfectas, insistió, e invitó Canadá a “tomar el liderazgo” en la materia y “encontrar una forma” de responder mejor a estos cuestionamientos, “aunque sea difícil”.
