El Gobierno de Aragón presentará una queja ante la Unión Europea por el proyecto de explotación de magnesitas a cielo abierto en Borobia (Soria) por sus “numerosas afecciones a valores medioambientales y sociales del territorio de la Comunidad aragonesa”.
Fuente: Agencia EFE
Zaragoza, España – 02/08/2010. La presentación de esta queja ha sido anunciada hoy por el Departamento aragonés de Medio Ambiente que afirma que, según la documentación que está preparando, el proyecto vulnera hasta ocho directivas europeas tanto en cuestiones de procedimiento como en materia ambiental.
Asimismo, Medio Ambiente reitera que, además de esta actuación, se recurrirán “todos los actos administrativos que sean recurribles en defensa de los intereses de las zonas afectadas por esta explotación”, afirma en un comunicado.
Según la Coordinadora de Municipios Afectados por la explotación de la mina de Borobia, integrada por unos 30 ayuntamientos, de las riberas del Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, la mina a cielo abierto, que se situaría en la cabecera del río Manubles, afectaría a 35 municipios de la provincia de Zaragoza de las comarcas del Aranda y de Calatayud.
La queja que presentará el Gobierno de Aragón ante la UE se suma a otras actuaciones llevadas a cabo desde el Departamento de Medio Ambiente en contra de esta explotación.
Así, recientemente, desde la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático se informó a los ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino e Industria y a la Junta de Castilla y León de la proposición no de Ley aprobada el pasado mes de junio por el pleno de las Cortes de Aragón en contra de la mina.
Dicha proposición reiteraba la oposición del Parlamento autonómico y del Gobierno de Aragón a la explotación por las afecciones a esta Comunidad Autónoma.
Además, desde la misma Dirección General se solicitó al Ministerio de Industria la paralización de la concesión de la ayuda otorgada para este proyecto.
También, desde el Departamento de Medio Ambiente se ha solicitado una entrevista con la Secretaria General de Industria del Ministerio de Industria y con el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León para explicar las afecciones que este proyecto tendrá en la Comunidad aragonesa.
El Gobierno de Aragón recuerda que fue una de las instituciones que alegó a este proyecto durante el periodo de información pública, en la que destacaba que el Estudio de Impacto Ambiental aportado presentaba un “amplio e importante conjunto de deficiencias y carencias al no considerar, de forma sistemática, las afecciones al territorio” de la Comunidad aragonesa.
Asimismo, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón recuerda que ha realizado un “intenso” trabajo de seguimiento del proyecto ya desde 2005.
Desde entonces se ha dirigido hasta en quince ocasiones a la Administración de la Junta de Castilla y León para solicitar información sobre el permiso de explotación de esa mina y la solicitud de autorización, informar sobre la afección de dicha actuación a valores sociales y ambientales del territorio aragonés y pedir que el Gobierno de Aragón fuese reconocido como parte interesada en el procedimiento.
La notificación de que el Gobierno aragonés era considerado parte interesada en el expediente no ocurrió hasta julio de 2009, pero dado lo avanzado de la tramitación del proyecto, desde la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático se solicitó la ampliación del periodo de información pública.
