Contratar 400 trabajadores directamente y generar así hasta 1.400 empleos en total. Este es el principal argumento que enarbolan los defensores de la megamina que Atalaya Mining pretende reabrir en Touro – O Pino. Una promesa que queda en entredicho al observarla fuerte polémica actual en las minas de Río Tinto, la otra gran explotación minera que Atalaya explota en España. 

Fuente: Galici@ Press

El ayuntamiento de Minas de Río Tinto se ha visto obligado a sacar una comunicado ante la contratación de “100 trabajadores portugueses” para la mina de Huelva. Numerosos vecinos han criticado a la empresa por tirar de trabajadores lusos y la polémica se ha elevado hasta tal punto que el municipio sale al paso para quitarse la responsabilidad de encima.

“Continuamente, por parte de ciertos vecinos y grupos políticos, se insiste en la idea de que en la mina no trabaja gente de nuestro pueblo por la mala relación existente entre la empresa minera y el Ayuntamiento”, reconoce la administración en su comunicado.

HAY UN CONVENIO FIRMADO QUE PROMETE CONTRATAR VECINOS

A continuación, se recuerda que “el convenio firmado entre este Ayuntamiento y Atalaya Mining recoge entre otros los siguientes puntos: formación y contratación prioritaria de vecinos de Minas de Riotinto”. El Ayuntamiento hace de portavoz de la versión de la mina alegando que los operarios de Portugal son de una empresa especializada que hace “trabajos puntuales relacionados con la parada de mantenimiento”. Limita el impacto de la contratación de proletarios portugueses -que a menudo tienen unos salarios menores- a 60 personas durante tres días.

Razones que, por la reacción observadas en las redes sociales, no convencen a  muchos de los que tienen que soportar directamente el impacto de la mina. “Las paradas se hacen a menudo. Y de experiencia no creo que haga falta. Pues conozco a gente que han ido a paradas en otras empresa y no piden experiencia”, alega por ejemplo Sandra Moral, una de numerosas ciudadanas onubenses que cree que la multinacional no está cumpliendo su promesa de tirar de operarios locales.

El ayuntamiento de Río Tinto está gobernado por el PP de Andalucía. Los ayuntamientos afectados en Galicia, O Touro y O Pino, están gobernados por el PPdeG. Sus dos alcaldes defienden el proyecto minero, alegando, precisamente, que generará empleo pasa sus convecinos. El proyecto está pendiente de la luz verde de la Xunta y posee un extendido rechazo social.