La entidad ha solicitado al Ejecutivo del socialista Javier Fernández que, en aplicación del Principio de Precaución invocado por el Parlamento Europeo, se prohíba el uso de esta sustancia tóxica «que se sigue usando en las minas de Salas y Belmonte» y que también se pretendía emplear en su momento en el proyecto aurífero de Salave con el beneplácito del Gobierno regional.Fuente: Terc3ra Información

La Coordinadora recuerda que recientemente se ha aprobado una Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva sobre residuos mineros (2006/21/CE) por una aplastante mayoría de 566 votos a favor y tan sólo 8 en contra, que insta de manera inequívoca a la Comisión Europea a prohibir la utilización de tecnologías mineras a base de cianuro en la UE.

La Directiva 2006/31/CE, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas, se adoptó a partir de dos desastres ambientales con vertido de residuos peligrosos, el accidente y el vertido de cianuro en la mina de oro de Baia Mare (Rumanía, 1998) y el sucedido en Kolontár (Hungría) con un vertido de lodos tóxicos en 2010.

Entre otras medidas, el Parlamento Europeo hace un llamamiento a la Comisión «para que proponga la prohibición total en la Unión Europea lo antes posible del uso de tecnologías mineras que empleen cianuro», tal y como se había solicitado anteriormente en la Resolución del 5 de mayo de 2010.

En la Resolución P7 TA(2010)0145, ahora citada por el Parlamento Europeo queda patente que el cianuro de sodio utilizada en la minería del oro «es una sustancia química altamente tóxica» que está clasificado en la Directiva Marco del Agua «como uno de los principales contaminantes» y puede tener «un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica».

Además, según afirma el texto, «el uso de cianuro en minería crea poco empleo» pero «puede provocar enormes daños ecológicos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes».

Por eso, desde la Coordinadora Ecoloxista, han reiterado su petición para que se deje de usar «este peligroso producto» en tierras asturianas, ya que su empleo «está hipotecando» ambientalmente la cuenca del río Narcea por las labores de la minera Orovalle, antes denominada Kinbauri Gold.

El colectivo recuerda que, en la actualidad, todavía no se ha conseguido una garantía total de impermeabilización a largo plazo en las membranas de polietileno de alta densidad, y que «su resistencia mecánica y su ciclo de vida constituyen puntos débiles para construir una barrera estanca para los residuos», tanto en el caso de los lodos cianurados, como en el de los procedentes del proceso de flotación, también muy contaminantes.

Desde la entidad apuntan que «otra de las grandes preocupaciones» es «cómo garantizar la estabilidad de las balsas» durante largos períodos de tiempo, sobre todo cuando han sido proyectadas «en laderas inestables» que pueden verse afectadas por movimientos sísmicos, variaciones de soporte del suelo, removilización por flujos subsuperficiales, procesos discontínuos, erosión de base y defectos constructivos, todo lo cual pueden desestabilizar las balsas y provocar un fallo catastrófico en la contención de los residuos.

Debido a eso, para la Coordinadora, en asturias no se puede seguir actuando «de espaldas» a las peticiones de prevención y cautela que llegan desde Europa, y es fundamental exigir el uso del cianuro en las minas de oro asturianas.