A finales de septiembre se realizó una audiencia a puerta cerrada en el Centro Internacional del Banco Mundial para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en referencia a la demanda de arbitraje internacional interpuesta en 2015 por la minera Gabriel Resources contra el Gobierno de Rumanía por las trabas impuestas al proyecto minero Rosia Montana. El pasado mes de julio, Alburnus Maior solicitó al tribunal personarse en el proceso en calidad de Amicus Curiae (“Amigo de la Corte”), solicitando el acceso a la documentación así como la opción a intervenir en el mismo. Sin embargo, hasta la fecha su solicitud ha sido ignorada, mientras el Gobierno ha decidido llevar todo el procedimiento a puerta cerrada y al margen de la opinión pública cuando se están tratando temas que afectan al dinero de los contribuyentes del país transalpino, como la decisión de abandonar la liquidación del IVA en favor de RMGC.
Fuente: Tercera Información
Alburnus Maior es una organización no gubernamental (ONG) con sede en la localidad de Rosia Montana (Transilvania, Rumanía), que represanta los intereses de la comunidad que se opone a la apertura del mayor proyecto minero a cielo abierto por parte de la canadiense Gabriel Resources y una empresa conjunta coparticipada por el Gobierno rumano denominada Rosia Montana Gold Corporation (RMGC).
El pasado mes de julio, Alburnus Maior y su equipo legal envió una carta al tribunal con la finalidad de personarse en el proceso en calidad de Amicus Curiae (“Amigo de la Corte”), solicitando al Presidente del Tribunal el acceso a la documentación del proceso, así como la opción a intervenir en el mismo.
Sin embargo, hasta la fecha y según denuncia Alburnus Maior, su solicitud ha sido ignorada, mientras el Gobierno ha decidido llevar todo el procedimiento a puerta cerrada y al margen de la opinión pública cuando se están tratando temas que afectan al dinero de los contribuyentes del país transalpino, como la decisión de abandonar la liquidación del IVA en favor de RMGC.
Para el Dr. Marcos Orellana, del equipo de abogados del Alburnus Maior en el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), “las dos partes del caso están fallando para llevar a cabo este arbitraje de manera transparente, lo que es incompatible con las obligaciones de Rumanía de hacer respetar el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía”.
Para Eugen David, presidente de la ONG: “El tráfico de influencias entre el Gobierno rumano y la canadiense Gabriel Resources viene desde lejos y está probado por los tribunales porque son socios. Exigimos un caso justo y la transparencia es lo mínimo que se puede pedir, pues millones de dólares de los contribuyentes rumanos están en juego”.
