Las artimañas de vieja política y ausencia de democracia y libertad de expresión son palpables en el Ayuntamiento de Retortillo al declarar personas non-gratas a dos activistas y vecinos de la Plataforma Stop Uranio y a la Plataforma entera.
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Por Partido Equo
El Ayuntamiento de Retortillo ha convocado pleno municipal este próximo martes 18 de octubre de 2016 para aprobar, entre otros asuntos municipales, la declaración de personas non-gratas a dos activistas de la Plataforma Stop Uranio que lucha contra la mina y que además vecinos de la comarca, Jesús Cruz y José Ramón Barrueco, que además es concejal de Equo en Villavieja de Yeltes, y por extensión a la Plataforma entera. “Situación cuanto menos escandalosa propia de otra época” ha declarado Marta Santos, co-portavoz de Equo Castilla y León quien ha asegurado que “si finalmente se aprueba este despropósito serán responsables 2 concejales del PP investigados por trabajar para la empresa Berkeley y 3 concejales del PSOE que provocaron la salida del anterior alcalde por oponerse a la mina de uranio”.
Cabe preguntarse si esta decisión de declarar a estas personas y a la plataforma como non gratas no estará motivada por un interés de ponerle el camino fácil a la empresa Berkeley, promotora de la mina de uranio en dicho municipio y en Villavieja de Yeltes, disminuyendo así la presión y la información que esta plataforma y estos dos activistas hacen entre la población de la zona. Y también cabe cuestionarse en esta ocasión si el PSOE provincial refrenda este nombramiento de personas non gratas o si, por el contrario, parará este despropósito antes de que suceda.
La lucha ecologista por la salud y la economía de los pueblos de oeste salmantino no puede verse paralizada por un ayuntamiento que ha sido elegido en democracia por los mismo vecinos y vecinas que ahora se cuestionan si esa mina es buena para su zona o si, lejos de traer prosperidad, dejará ruina y desolación a una comarca ya de por si abandonada por los políticos. “Desde EQUO no pararemos hasta que sea respetado democráticamente el derecho al activismo ecologista y hasta que las administraciones públicas, y por ende, los viejos partidos políticos, asuman que están al servicio de la ciudadanía y no de las empresas privadas”, ha afirmado con rotundidad Marta Santos.
