Tres directivos de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Europa situada en Sevilla, Las Cruces, han sido condenados a un año de cárcel, una multa de 6.750 euros cada uno y una indemnización de 293.209 euros por contaminar con arsénico un acuífero. Después de casi una década de investigación, los tres altos cargos han aceptado la pena por un delito medioambiental y otro de daños impuesta por la Audiencia de Sevilla, después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Medio Ambiente para reducir la petición inicial de cinco años y medio de cárcel para cada uno.
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Fuente: el País
La empresa minera ignoró que la veta que explota está en mitad de un acuífero que abastece a varias poblaciones de la provincia de Sevilla, e incumplió todos los condicionantes para iniciar los trabajos para llegar al mineral, según denunció la fiscalía. “Se detectaron concentraciones de arsénico superiores a las permitidas, por lo que ante el peligro de que pudiera contaminar el acuífero Niebla-Posadas (…) se tomaron muestras de las aguas reinyectadas, con el resultado de hallarse la presencia de diversas sustancias contaminantes”, reza el escrito de la fiscal.
Cobre Las Cruces SL, del grupo First Quantum, que sigue explotando la mina, afronta el grueso de la indemnización, que recibirá la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para resarcir los daños medioambientales. El ex consejero delegado de la mina François Fleury, el exdirector William Thomas —a través de videoconferencia desde EE. UU. y Canadá— y la directora del departamento de medio ambiente, Paz Cosmen, —presente en la sala— han mostrado su conformidad con la sentencia impuesta esta mañana. El acuerdo para evitar el juicio se explica por la reparación del daño y las dilaciones indebidas. La firma había consignado 619.000 euros y ahora le será devuelta la diferencia con la indemnización impuesta.
“Ha sido una lucha ímproba de ocho años y 16 luchando contra esta empresa minera, depredadora del medio ambiente. Hay que agradecer el esfuerzo a la justicia y censurar a la Confederación Hidrográfica y la Junta por no tener la decencia de personarse como acusación popular”, ha censurado Antonio Ramos, de Ecologistas en Acción, acusación popular en el proceso. Ramos considera que el fallo es el primero contra una empresa minera por contaminar agua. La explotación estuvo cerrada durante un año y reabrió en 2009 tras una inversión de 32 millones para los sistemas de depuración.
Mientras, Ecologistas en Acción ha alertado de que se puede producir en las minas de Riotinto la rotura de una bolsa con peores consecuencias que las vividas en Aznalcóllar, donde se vertieron siete millones de lodos tóxicos en el entorno de Doñana. Ahora la organización sostiene que existe un peligro real de que se derramen entre 80 y 100 millones de metros cúbicos de vertidos contaminantes. “La Junta de Andalucía hace caso omiso de las advertencias a pesar de que ya hemos puesto dos denuncias”, ha criticado su portavoz, Isidoro Moreno, que ha añadido que confía en que esta sentencia influya en la situación de Riotinto.
