Cruce de acusaciones entre la empresa que pretendía explotar la mina de oro a cielo abierto en Corcoesto y la Xunta. Si el miércoles, trascendió una demanda en la que Edgewater aseguraba que el Gobierno gallego le denegó los permisos por su “negativa” a “ceder ante determinadas presiones”, ayer el Ejecutivo de Feijóo contraatacó y reveló que el objetivo de la compañía con sede en Canadá era “revender” los derechos mineros.
Fuente: La Opinión A Coruña
El director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, defendió que el procedimiento relativo a la explotación de la mina de oro se tramitó “conforme a la ley en todo momento” y aseguró que la Xunta recibió “muchas alegaciones” en las que “se dejó constancia” que la empresa que quería explotar los terrenos “no tenía viabilidad económica”, ya que “lo que pretendía era, precisamente, coger unos derechos mineros, revenderlos y obtener una sustancial plusvalía”. Sobre las acusaciones que vierte Edgewater de haber recibido presiones, Tahoces reconoció “no entender la estrategia de defensa jurídica”.
“¿Presiones de quién?, ¿de qué?, no sé lo que es esto, para mí no tiene significación alguna”, aseguró. “No entiendo ni tan siquiera ese lenguaje ni esta estrategia de defensa jurídica por parte de la empresa, no lo entiendo, para mí es incomprensible e inintiligible lo que la empresa quiere transmitir”, zanjó.
Mineira de Corcoesto, la filial que creó la canadiense Edgewater para explotar oro en terrenos de Cabana de Bergantiños y Coristanco, presentó el pasado mes de marzo una demanda en la que compara al actual Gobierno gallego con el de la Venezuela de Hugo Chávez, al denunciar que actuó “inventando leyes nuevas y decretos por el camino para parar” los planes de la compañía. “Amigos del presidente vienen a nosotros con ofertas de ayuda (que generalmente quieren decir $$ en una maleta Samsonite)”, apuntó el presidente de Edgewater, George Salamis. Por su parte, el viceportavoz de AGE, Antón Sánchez, exigió a la Xunta “aclaraciones” sobre las acusaciones de Edgewater.
En un comunicado, AGE animo a denunciar a la multinacional canadiense si las acusaciones de la empresa “no son ciertas”, al tiempo que avisó de que la ciudadanía “no debe bajar la guardia” ante la “megaminería”. Por su parte, la asociación Salvemos Cabana lamentó que ahora sea Galicia la que “tiene que enfrentar las consecuencias” del proyecto minero, mientras que Amigos da Terra solicitará a la Fiscalía “una exhaustiva investigación” sobre una “presunta trama corrupta” en Corcoesto.
