La Fiscalía ha formulado denuncia por un posible delito contra el medio ambiente como consecuencia de vertidos no autorizados de selenio provenientes de tres puntos de las instalaciones mineras de El Valle-Boinás, en Belmonte de Miranda al río Cauxa, afluente del Narcea. La empresa es conocedora de estas emisiones no autorizadas y contrarias a la normativa administrativa.
Fuente: El Comercio
La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía del Principado de Asturias ha formulado estas denuncia ante el Juzgado de guardia de Grado contra la mercantil Kimbauri España (actualmente Orovalle Minerals) y contra las personas físicas concretas que, formando parte de sus órganos de dirección y control, permitieron por acción u omisión las conductas contaminantes.
Las investigaciones se iniciaron, en julio de 2014, tras recibirse un oficio de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo (Fiscalía General del Estado), adjuntando informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre un posible vertido contaminante procedente de esta mina de oro. Estas diligencias señalan que el río Cauxa, a su paso por la zona de influencia de las instalaciones mineras, viene soportando la emisión de una serie de vertidos de sustancias catalogadas como peligrosas que no se encuentran amparadas en ninguna autorización de vertido. Afirma que, antes de su paso por estas instalaciones, las aguas del río no tienen esas sustancias, al menos en modo detectable, y que en tres puntos diferentes de los vertidos de la mina se han detectado valores de sustancias peligrosas que provienen inequívocamente de la actividad minera que, desde 2007, desarrolla la mercantil Kimbauri España.
La empresa es conocedora de estas emisiones no autorizadas y contrarias a la normativa administrativa, tanto por sus informes internos como por comunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Pese a ello, no fue hasta la incoación de los expedientes administrativos en materia de vertidos abiertos por parte de CHC, que la empresa instó al organismo autonómico para la autorización de su vertido, y únicamente para el selenio, obviando el resto de sustancias detectadas y no permitidas, y que durante todo ese periodo, la mercantil prosiguió con su actividad.
Una vez dictada la resolución de modificación de la autorización, en agosto de 2014 -que fue objeto de recurso potestativo por parte de la propia mercantil-, se permitieron vertidos de selenio, aunque en un parámetro inferior al que constaba en las analíticas realizadas. A fecha actual, no existe dato alguno para afirmar que los valores de vertido no continúan siendo superiores, tanto a los autorizados como a los recogidos reglamentariamente como valores límite de emisión.
Para la Fiscalía, existen pruebas sólidas para atribuir a la mercantil Kimbauri España la autoría y responsabilidad de los vertidos de selenio y otras sustancias peligrosas en este río, a pesar de la existencia de un debate sobre la propiedad de los derechos mineros entre las empresas Río Narcea Gold Mines (propietaria anterior) y Kimbauri España. Señala que todo vertido al dominio público hidráulico debe de estar previamente autorizados, de forma que aquel que no la tenga ha de ser considerado contrario al ordenamiento jurídico español. En su denuncia, la Fiscalía argumenta que se observa una merma o empeoramiento de las especies y que el río no cumple los objetivos medioambientales debido exclusivamente a las concentraciones de selenio que tiene efectos tóxicos sobre diferentes especies acuáticas.
