Vecinos y ecologistas denuncian que la explotación del yacimiento por parte de la multinacional Edgewater podría contaminar un paraje gallego con arsénico y cianuro.
Fuente: Público
Arrecia la lluvia en Corcoesto y las botas de Moncho Varela son engullidas por el agua estancada frente a la boca de un pozo que los ingleses abandonaron en 1910, después de llevarse el oro que habían dejado siglos atrás los romanos. Desde entonces, esta parroquia del municipio coruñés de Cabana de Bergantiños ignoró aquel tesoro prácticamente expoliado y se dedicó a las labores del campo. Hasta que llegó la crisis y los especuladores financieros se acordaron del preciado metal, convertido ya en un valor refugio, como indica el incremento del precio de la onza en la Bolsa de Nueva York: en 2003 era de 322 dólares, ocho años después se había multiplicado por seis y hoy ronda los 1.640 dólares, unos 1.200 euros.
La fragmentación de la piedra libera arsénico y para separar el oro de la roca usan cianuro de sodio, según los ecologistas
Lo que se esconde en tierras como las de Corcoesto volvió a ser codiciado por las multinacionales de la minería, respaldadas por los fondos de inversión, ávidos de suculentos dividendos a corto plazo. Sin embargo, el oro ya no luce como antaño y, para extraerlo del corazón de la roca, ahora es necesario reventar el suelo con megadetonaciones, machacar toneladas de piedra y someterlas a un proceso químico con productos altamente contaminantes, como el cianuro de sodio.
El sistema alternativo, la excavación de galerías subterráneas, sería menos lesivo pero también más costoso, explica Varela mientras fotografía las rejas de la vieja bocamina, que un siglo después guardan otro secreto. “La fragmentación libera una cantidad de arsénico brutal”, asegura este periodista ambiental metido a activista.
El filón no sólo aloja oro sino también arsenopirita, un mineral que contiene el citado elemento tóxico. Los efectos de la explotación de la vieja mina llegan hasta nuestros días, según la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que difundió un informe científico elaborado por miembros del Instituto de Investigacións Mariñas del CSIC y de la Universidade de Vigo. El estudio revela una alta concentración de arsénico en el río Anllóns, que baña la comarca, así como en el estuario que forma, kilómetros abajo, en su encuentro con el Atlántico. “Es el drenaje ácido, un problema asociado a la minería”, continúa Varela, al frente de la plataforma Salvemos Cabana. “Si esto ha ocurrido con una pequeña mina de galerías, imagínate qué pasará con una explotación a cielo abierto que supera las 700 hectáreas”, se pregunta, calado hasta los huesos.
La empresa que pretende extraer el oro lo niega, atribuyendo la presencia de arsénico en las aguas a un fenómeno natural motivado por la erosión. “Está en el terreno, no es aportado por la operación”, explica Mineira de Corcoesto, una filial del gigante canadiense Edgewater Exploration, a través de un cuestionario. No es el único yacimiento adormilado que puede volver a la actividad en Galicia, pero se ha convertido en un símbolo, hasta el punto de que varias organizaciones ecologistas han concentrado sus esfuerzos en denunciar los peligros que se ciernen sobre un paraje incluido en la Rede Natura.
El Partido Popular, a favor de la mina, gobierna los tres ayuntamientos afectados, la Diputación de A Coruña, la Xunta y el Gobierno central
“La minería contaminante puede ser una de las mayores agresiones a nuestro territorio”, advierte Fins Eirexas, secretario ejecutivo de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega). “Si reventase una de las balsas de Corcoesto, se produciría una catástrofe ecológica tremenda”. Y cita el caso de Aznalcóllar, aunque no hace falta ir tan lejos, pues a los gallegos les ha sacudido la memoria el juicio que se está celebrando por el hundimiento del Prestige, una década después de la marea negra. “Queremos que la gente se conciencie de que es peligroso para el ambiente, preocupante para la salud y, una vez que pase la fiebre del oro, lo que va a quedar es mucho menos de lo que tenemos ahora”.
Eirexas es consciente del efecto que supone la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo en una tierra forzada a la emigración que viene sufriendo, en los últimos años, el desmoronamiento de las explotaciones ganaderas. La puntilla de la crisis ha hecho el resto, pues el pinchazo de la burbuja inmobiliaria también ha desinflado a los obreros de la construcción, que saturan las oficinas del paro. Así, algunos ven la mina como una alternativa laboral aquí y ahora, sin plantearse los perjuicios que puede acarrear a largo plazo. “Esa apuesta puede significar que después no haya ni para vivir de la tierra”, zanja el responsable de Adega.
Mineira de Corcoesto afirma que creará 271 puestos de trabajo y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se aventuró en su día a prometer 1.400 jornales, contando los empleos indirectos, una estimación que a juicio de Marcelino Souto carece de fundamento. Este vecino de la parroquia, portavoz de la Plataforma pola Defensa de Corcoesto, denuncia que el alcalde de Cabana, José Muíño, haya organizado desde el ayuntamiento la recogida de currículos de aspirantes a engrosar la nómina de la mina. “Cualquier político que tenga en su mano una cartera de trabajadores para colocar a dedo muestra su involucración en el proyecto”, afirma Souto. Este diario contacto varias veces con el Ayuntamiento, pero el alcalde, del Partido Popular, declinó realizar una entrevista sobre su relación con la empresa.
Muíño, por ejemplo, permitió que la minera llevase a cabo trabajos de investigación en una antigua nave agrícola que no contaba con licencia para tal actividad hasta que una denuncia vecinal le forzó a ordenar el cierre del laboratorio el pasado diciembre. Edgewater, para entonces, ya conocía la cantidad de oro estimada que podía extraer durante los ocho o nueve años de explotación (1.100.000 onzas, unas 30 toneladas) y también contaba con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Xunta de Galicia, que también ha admitido a trámite la solicitud para que sea considerado un proyecto industrial estratégico, lo que permitiría a la empresa “saltarse normativas urbanísticas y ambientales”, según la Plataforma.
Los vecinos han recurrido la Declaración de Impacto Ambiental porque “falsea u oculta datos” y se manifestarán este domingo contra la explotación del yacimiento de oro
Souto tampoco está de acuerdo con las estimaciones sobre la cantidad de oro bajo tierra. “Dicen que hay un millón de onzas, pero es una suposición, porque sólo tienen constancia del 20% de esa cifra”, asegura el portavoz de la Plataforma, lo que le lleva a preguntarse qué pasaría si la empresa decidiera dejar de explotar la mina antes del plazo establecido y no cumpliese con el plan de regeneración cuando termine el proyecto. En principio, está prevista una primera fase, en la que se preparará el terreno durante 18 meses hasta que esté listo para la extracción, que duraría menos de una década. Luego, la filial de Edgewater se ha comprometido a acondicionar durante dos años la zona con bosques, prados, una plantación de árboles frutales y un lago artificial.
Pero, para obtener 30 toneladas de oro, también dejarán 89 millones de metros cúbicos de estériles de mina, dos balsas con 11 millones de metros cúbicos de lodos contaminados (una, con residuos de flotación, que incluye la arsenopirita; otro, con residuos de lixiviación, que contiene restos de cianuro de sodio) y una escombrera, que estará situada en una parroquia del limítrofe ayuntamiento de Coristanco, cuyos vecinos están en pie de guerra por el temor a quedarse sin las fuentes y manantiales que les proporcionan agua pura a diario.
¿Cuáles son las garantías que ofrece la empresa y las exigencias de la Xunta? Mineira de Corcoesto, en sus respuestas por escrito, asegura que cuando comiencen los trabajos de construcción y operación contarán con un seguro de responsabilidad civil “apropiado al trabajo a realizar”, así como con un plan de emergencia. La Consellería de Industria, por su parte, ha evitado contestar de palabra a este diario, solicitando el envío de un cuestionario, a lo que Público se ha negado por entender que se trata de un órgano público. Sí lo ha aceptado, para cotejar los datos, en el caso de la empresa privada que explotará el yacimiento.
Salvemos Cabana cree que la rotura de las balsas tendría unos efectos “más graves” que los de Aznalcóllar: “La zona quedaría muerta”
“En un país normal, el personal técnico de la Xunta verificaría que las actividades industriales cumplen las leyes y no contaminan. En la práctica, no es así”, apunta Eirexas. “Es la sociedad civil –las asociaciones ecologistas– quien ejerce de policía verde, levantándole las faldas a Ence, Endesa, Gas Natural Fenosa o Edgewater, para mostrar sus vergüenzas y los puntos débiles de sus proyectos, así como para estar atentos a posibles vertidos y daños al ambiente que las empresas pretenden escamotear mientras las administraciones miran para otro lado”. Según el responsable de Adega, el plan de emergencia exterior “sólo es obligatorio si las instalaciones son consideradas de tipo A, las más peligrosas, algo que no ha ocurrido”.
La empresa, por su parte, no ha aclarado si los residuos son peligrosos, pues entiende que “debe ser determinado por ensayos específicos”. Salvemos Cabana, sin embargo, cree que la mina es una “bomba de relojería ambiental” y que la rotura de las balsas tendría unos efectos “muchísimo más graves” que los de Aznalcóllar. “La zona quedaría muerta para siempre”, añade Varela. “Ellos se llevan las reservas de oro y las toneladas de residuos tóxicos cianurados te las quedas tú. Es el regalo que nos dejan”.
La reacción de la ciudadanía ha tomado forma de plataformas, campañas de firmas o protestas (los vecinos volverán a manifestarse este domingo en Coristanco) y también se ha colado en el Parlamento regional a través de las denuncias de la Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) y del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Mientras el partido de Xosé Manuel Beiras ha acusado a la Xunta de “cómplice pasivo” y tachado el proyecto de “colonialista” y “propio del tercer mundo”, el nacionalista Carlos Aymerich ha criticado la “expoliación de los recursos” y la tramitación como proyecto industrial estratégico, “coincidiendo casualmente con la promulgación de una nueva ley de Industria que abrevia la tramitación en detrimento de la transparencia”.
La estrategia de la empresa, según la Plataforma pola Defensa de Corcoesto, ha consistido en “manipular” a los vecinos para provocar su división mediante “ofertas de trabajo, patrocinios a equipos de fútbol, colaboración con la comisión de fiestas, etcétera”. También han recibido una circular de la empresa (jpg) en la que les emplaza a vender sus fincas por “más del doble del valor en el mercado”. En caso de expropiación forzosa, advierten de que pagarán menos de la mitad, unos 300 euros por ferrado (0,569 euros por metro cuadrado). Mineira de Corcoesto ha matizado que, hasta el momento, sólo se ha realizado una opción de compra que no alcanza el 50% de los terrenos que abarca el proyecto.
Muchos no se han dejado llevar por los cantos de sirena y, para mostrar su rechazo, presentaron un recurso de reposición contra la Declaración de Impacto Ambiental. Lo suscriben 2.000 afectados, entre los que hay propietarios de terrenos agrícolas, ganaderos y forestales, quienes consideran que ha habido “falsedad u ocultación interesada de datos” y que se ha ignorado “por completo” la realidad socioeconómica de los tres ayuntamientos afectados: Cabana de Bergantiños, Coristanco y Ponteceso. El PP, a favor de la mina, no sólo gobierna los citados municipios, sino también la Deputación de A Coruña, la Xunta de Galicia y el Ejecutivo central.
La Plataforma pola Defensa de Corcoesto acusa a la empresa de “manipular” a los vecinos y de aprovecharse de la falta de trabajo para impulsar su proyecto.
Por Ponteceso, cuna del poeta que escribió la letra del himno gallego, Eduardo Pondal, discurren las aguas del Anllóns, que fluyen hasta la lengua de arena que parte en dos su estuario, una de las postales de la Costa da Morte. Allí, el dedo índice de Moncho Varela traza una línea en el horizonte que va de Laxe a Corme, una península azotada por el salitre donde brotan los percebes del Roncudo: los mejores, al menos, del fin del mundo. Aparta la lluvia de su frente y echa atrás la memoria. Baia Mare, Rumanía, 30 de enero de 2000: una mina de oro vierte 100.000 metros cúbicos de agua cianurada, que terminan alcanzando el Danubio. Igual que Galicia tiene como referente el Prestige, Europa contaba sólo con un desastre más grave para establecer una comparación: Chernóbil.
“El proyecto de la mina de Corcoesto está a 130 metros de la zona protegida del Anllóns”, insiste el portavoz de Salvemos Cabana, quien se imagina la peor de las hipótesis posibles con la mirada clavada en el monte Branco. “Basta ver los pasos que está dando la UE respecto a la limitación del uso del cianuro de sodio para hacerse una idea de los riesgos que entraña. Hemos hablado de los peligros de la mina, pero también habría que reflexionar sobre su transporte hasta ella. Recordemos el principio de precaución: si hay algo que entraña un grave riesgo, conviene no llevarlo adelante”.
