El nuevo Decreto ley 79 sobre minería del presidente filipino Benigno «Noynoy» Aquino ha provocado críticas de ecologistas, religiosos, grupos de campesinos y otros sectores. La red social de noticias Rappler resume los puntos clave del nuevo decreto de esta forma: esquema renovado de reparto de ingresos, limitación de actividades de pequeña minería, ampliación del número de zonas vetadas a la minería, creación de un Consejo Coordinador de la Industria Minera (MICC) y reiteración de la primacía de la ley nacional sobre la legislación local, entre otros.

 

Foto Los manifestantes acusan a la política minera del gobierno de ser proextranjera y antipobres. Foto de Kalikasan Network.

Fuente: Global Voices
Según algunos puntos de vista, lo único que hace el decreto 79 es abrir aun más los recursos mineros del país al saqueo de las multinacionales extranjeras, tal como ha sido publicado en Internet.

El blog de Mr. Cheap Justice (Sr. Justicia Barata) describe [en] el decreto sobre minería como «una política que favorece al club de los grandotes y a Gina López». López es una popular defensora del ecoturismo: su familia es propietaria de la mayor cadena de televisión del país

Los gobiernos locales más activos en la lucha contra la minería se verán inhabilitados si el gobierno nacional decide que sus políticas locales no siguen la dirección marcada por el gobierno. Así, las moratorias o prohibiciones locales a ciertas formas de minería no tendrán nada que hacer frente a una política nacional que abra una localidad concreta a este sector.

Por otra parte, hay una cara buena. El decreto protege zonas turísticas como Palawan. Esto solo significa que ecologistas como Gina López de Bantay Kalikasan sonríen de oreja a oreja. Quizás sea ella en quien Pnoy pensaba desde el principio.

El periodista y fotógrafo radicado en Mindanao, Karlos Manlupig, relata las quejas de los pequeños mineros, cuya actividad quedará limitada por el nuevo decreto de Aquino.

«El gobierno quería que nuestras operaciones se limitaran a las minahang bayan (zonas de minería popular), que no son más que una pequeña parcela de tierra comparada con los cientos de hectáreas concedidas a las grandes compañías. ¿Por qué se pone el gobierno de parte de esas grandes corporaciones extranjeras mientras ignora a sus votantes pobres y hambrientos?», señaló Simbajon.

Taborasj comenta que con el decreto 79, «vedado» significa «quizás»:

Consideremos qué es «vedado» con esta ley.

El decreto 79 menciona las zonas enumeradas como RA 7942. Estas zonas están:

»En reservas militares y otras áreas reservadas, excepto si existe una autorización previa por escrito emitida por la agencia gubernamental competente.

»Cerca o bajo edificios públicos o privados, cementerios, áreas arqueológicas o históricas, puentes, autopistas, vías fluviales, ferrocarriles, pantanos, presas y otros proyectos de infraestructura, obras públicas o privadas, incluyendo plantaciones o cultivos de valor, excepto si existe una autorización previa por escrito emitida por la agencia gubernamental o entidad privada interesada.

»En áreas cubiertas por derechos mineros ya existentes o válidos.

»En áreas prohibidas por la ley.

»En áreas explotadas por pequeños mineros como define la ley a menos que exista consentimiento de dichos pequeños mineros,…

Excepto en las zonas NIPAS [siglas en inglés para Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas], las «zonas vedadas» pueden ser recalificadas por funcionarios gubernamentales o personas privadas. Cualquier obstáculo a la intención minera podría vencerse con suficiente determinación y logística.

El periódico Eastwind explica [en] por qué el decreto sobre minería favorece a los extranjeros y limita a los filipinos.

Es simple, da preferencia a las multinacionales mineras, que todos sabemos, cuentan con innumerables trucos sucios, cuya mala reputación mundial es bien conocida. Hace poco, pillaron a un profesor de instituto utilizando las firmas de sus alumnos como prueba del apoyo al proyecto Xstrata-SMI. Qué intento desesperado más patético. Noynoy pone la alfombra roja a las tramposas corporaciones, pensando que cuadruplicará los ingresos del gobierno. Pero es una vana ilusión.

Citando el informe del grupo neoyorquino Human Rights Watch (HRW) Fr. Jun Mercado OMI señala [en] cómo el decreto guarda silencio sobre las violaciones de los derechos humanos resultantes del inicio de las operaciones mineras.

«Aunque la minería y otros proyectos que afectan al medio ambiente prometen beneficios económicos a los filipinos, nunca deberían hacerse a costa de los derechos básicos, sobre todo de las vidas de los defensores del medio ambiente», dijo la Directora General de HRW para Asia, Elaine Pearson.

El informe de HRW cita tres casos: Margarito J. Cabal, de 47 años, organizador de un grupo que se opone a una presa hidroeléctrica en la provincia de Bukidnon, fue abatido por disparos el 9 de mayo; a Jimmy Liguyon, jefe del poblado Dao en San Fernando, también en Bukidnon, lo mató el líder de un grupo paramilitar el 5 de marzo; Fray Fausto Tentorio, defensor de los derechos tribales y crítico con las actividades mineras, murió acribillado el 17 de octubre en Arakan, provincia de Cotabato del Norte.