En Venezuela, la zona delimitada como parte del Arco Minero coincide por completo con el estado Bolívar y también incluye los estados Amazonas y Delta Amacuro. La región es, según expertos ambientales, de suma importancia para la generación de agua y para la conservación de especies. Por lo mismo debería evitarse la minería.Fuente: El Espectador
Durante tres meses, el periodista Bram Ebus recorrió esta zona, ubicada en su mayoría en el estado de Bolívar, Venezuela. Un escenario donde confluyen varios males del vecino país: los grupos armados ilegales, comunidades indígenas reprimidas y mineros infectados de malaria.
El fuerte ruido de los generadores acompaña el trabajo duro de los mineros ilegales, a solamente un kilómetro del pueblo de El Callao. Cubiertos de lodo, se deslizan en los fosos mineros donde hacen un barrido de oro, más hoyos o saquean grandes cantidades de lodo con oro que será procesado con mercurio. Lo último lo hacen las máquinas vibrantes del generador instaladas al lado de la mina. En ese mismo lugar, solía haber un bosque, pero muchas capas de vegetación han sido devastadas para hacer lugar a la minería.
“Si hay una razón para no avanzar con el Arco Minero es el ambiente”, de acuerdo con Edgar Yerena, un biólogo de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas. “Es una muy mala idea. Es la peor idea. No hay peor uso, en mi opinión, para el Escudo Guayanés”.
En Venezuela, el Escudo Guayanés coincide por completo con el estado Bolívar y también incluye los estados Amazonas y Delta Amacuro. La región es, según expertos ambientales, de suma importancia para la generación de agua y para la conservación de especies. Por lo mismo debería evitarse la minería. “Desde una perspectiva ecológica, [el área] funciona como un sistema diferente al resto del país. Es muy delicado porque los suelos generados están muy lixiviados y muy lavados. Tiene pocos nutrientes, es muy arenoso y la recuperación ambiental de cualquier impacto en el Escudo Guayanés es muy lento, si no irreversible”, explica Yerena.
Las observaciones de Yerena están respaldadas por otro especialista ambiental venezolano. “Los suelos son muy finos y cuando son removidos será muy difícil restaurar”, asevera Juan Carlos Sánchez, ganador del Premio Nobel de Paz en 2007 y experto en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. El laureado también advierte que en los bosques del Escudo Guayanés funciona un hábitat para especies endémicas que se verán severamente impactadas. Hay 9.411 especies de flora, de los cuales 2.136 son endémicas.
No es posible la coexistencia entre la minería y los bosques en el Escudo Guayanés, dice Sánchez. “Todas las tierras dedicadas a la minería y en particular a la minería de superficie serán un terreno donde los bosques resultan sacrificados porque requiere la remoción de grandes cantidades de tierra. Este sacrificio de los bosques representa una pérdida irreparable del capital natural”.
Cerca del 75 por ciento del territorio en Bolívar está ambientalmente protegido, pero no contra el Arco Minero. Las tierras exuberantes están declaradas como parques nacionales, monumentos naturales, zonas protegidas, reservas forestales. El parque nacional Canaima incluso ha sido reconocido por la Unesco como patrimonio mundial. Todo esto parece no importar. Las reservas forestales sufrirán especialmente las consecuencias inmediatas de la extracción mineral en el Arco Minero.
Adicionalmente, el impacto en las fuentes de agua traerá repercusiones negativas. Bolívar opera básicamente como una fábrica de agua para el país al poseer la undécima reserva más grande de agua en el mundo. Por ejemplo, la represa Guri, en la cuenca del río Caroní, genera energía hidroeléctrica para 65 por ciento del país gracias, siendo el principal proveedor de energía de Venezuela.
Según Yerena, su productividad puede verse perjudicada: “La minería daña la calidad del agua. El tema del potencial hidroeléctrico en Guayana no solo depende de la cantidad, sino también de la calidad del agua, que depende del poco sedimento que arrastre el río”. Mala suerte, el Caroní que bordea la región minera se ha sedimentado, y el impacto ambiental puede ser irreversible.
Expertos explican que, a largo plazo, los daños ambientales pueden no sopesar las ganancias del sector de las que el país nunca se benefició económicamente. Yerena añade: “El estado venezolano tiene una historia de no saber cómo administrar la minería. ¿Por qué sabrían cómo hacerlo ahora?”.
El desconocimiento también representa un problema para los movimientos de justicia ambiental que tienen poca investigación adelantada para argumentar. “Es complicado porque hasta ahora, la defensa se ha basado en el concepto del proyecto y la forma en cómo han intentado implementarlo”, explica Yerena. “Pero aún no hay una evaluación ambiental estratégica, y debería haber información pública para que la academia y el sector ambiental pudiesen revisar adecuadamente. Hasta ahora, solo hemos fraccionado información extraoficial muy puntual. No hay mecanismos claros para obtener información oficial por personas curiosas por saber qué ocurre con el proyecto”.
Dos riesgos de la minería que aún no se discuten en Venezuela son la deforestación y la contaminación por mercurio pero ambién el uso del cóctel de tóxicos de la gran minería encabezado por el cianuro. “Como yo lo interpreto, según la normativa ambiental venezolana, no debería estar pasando. Esto se fundamenta en la ilegalidad de que todo el proyecto no ha emprendido un estudio sobre la evaluación ambiental”, dice Yerena.
Alexander Luzardo, exsenador que redactó los estándares ambientales en la actual constitución de Venezuela, duda de que hacer minería valga la pena a cambio de beneficios económicos. Y es que nunca ha habido una prueba ceartificada de que el país posea las cantidades de oro y de coltán tan grandes como las que dice tener.
El ahora profesor dice que puede tratarse de un mito, una estrategia para desarrollar proyectos que facilitan el lavado de dinero. “La creación de empresas fantasmas, sin ninguna experiencia, sin conocimiento, se prestan al juego de la elevación [mercado de especulación] y al lavado de dinero”, afirma. “La minería es vinculada a negocios ilícitos y a actividades financieras ilegales ligadas al lavado de dinero”. Según él, estas compañías comprarán y comerciarán minerales extraídos ilegalmente, o tratarán de especular y vender su proyecto al mejor postor.
El “show de buenas noticias” del gobierno sobre depósitos minerales enormes es, según Luzardo, una oferta engañosa para el país. “Es la lotería de la minería. Apostarlo siempre a todo: ‘Tenemos las reservas más grandes del mundo’”, dice riendo. La distracción de la crisis económica y política ignora asuntos más importantes que están en riesgo. “No es sobre el trabajo, ni la educación, la organización o la diversificación energética y tampoco sobre asumir grandes riesgos”, ironiza.
Su nombre, el Arco Minero, resulta molesto para Luzardo. Argumenta que el término es un reduccionismo lingüístico. “Uno reduce todo al Arco Minero”, explica. “Ya con el nombre se cede el territorio [a la minería]”. Plantea que un Arco de Diversidad encajaría mejor y haría más justicia, en papel, a las áreas protegidas ambientales.
De acuerdo con Luzardo, todavía hay esperanza. El profesor refiere a una decisión de la Asamblea Nacional que anuló el decreto del Arco Minero el 14 de junio de 2016. “No se puede legalizar un crimen ambiental”, gruñe el profesor, pero el Tribunal Supremo de Justicia no reconoce la decisión del Parlamento ni ninguna otra acción de la marginada Asamblea Nacional desde el 11 de enero de 2017.
Mientras tanto, continúa la crisis política y económica de Venezuela, llevando a más venezolanos desesperados y desempleados a poblar las zonas mineras. Ellos continúan cavando en lodo valioso de El Callao y de muchas otras áreas en el sur del país. Por ahora, a la oposición política contra el Arco Minero no le quedan armas legales. La deforestación acelerada y una frontera minera expandida son consecuencias innegables de la crisis en el país, que luce muy lejos de llegar a su fin.
* Este reportaje se produjo gracias a una alianza entre Infoamazonía y el Correo del Caroní con financiación del Pulitzer Center. En Colombia cuenta con el apoyo de DeJusticia y Amazon Conservation Team.
