Quisiéramos plantear 12 argumentos para el debate, por los cuáles pensamos que el proyecto del AMO representa una seria amenaza para la población y la naturaleza. Antes que hablar de la “irreversibilidad” de la revolución, habría que hablar en todo caso de la sostenibilidad de la misma, por la sencilla razón de que no hay posibilidades de Socialismo, de reivindicaciones laborales, gasto social, justicia de género, participación política, etc., sin agua, sin biodiversidad, si los ciclos ecológicos son afectados al punto de mermar la reproducción de la vida.
Por Emiliano Teran Mantovani publicado en Aporrea
“Tenemos la tarea histórica de contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, y ello supone detener la devastadora fuerza de destrucción del modelo capitalista”.
Prólogo del Plan de la Patria 2013-2019
La idea de salir del rentismo y la dependencia del petróleo ha sido un tema central en los debates planteados desde el inicio de la Revolución Bolivariana –revise ud. los discursos del presidente Chávez en 1999 y 2000– hasta estos últimos años –premisas del Plan de la Patria 2013-2019 y debates nacionales a raíz de la “guerra económica”.
Casi 100 años después del inicio de la Venezuela petrolera nos lamentamos una y otra vez por las decisiones, políticas e imposiciones que las élites gobernantes, junto al capital foráneo y gobiernos imperiales, llevaron adelante en el pasado, las cuales nos atornillaron al extractivismo petrolero, y transformaron radicalmente nuestra vida, en términos sociales, ambientales, culturales, políticos y por supuesto, económicos.
Pero estas decisiones que constituyen y reproducen al capitalismo rentístico venezolano no son sólo parte de tiempos anteriores. El modelo rentista, ese que vemos hoy reflejado en los indicadores económicos, discursos políticos, en nuestros patrones culturales, en la forma como ocupamos el territorio, en los productos que consumimos, es un sistema vivo a partir también de políticas aplicadas en la actualidad.
Varias veces el país ha estado ante importantes encrucijadas históricas. Hoy en día estamos cargando con las notables consecuencias del camino elegido en ellas –tanto en la Cuarta como en la Quinta República–, y nos encontramos en este momento ante una nueva disyuntiva histórica en la cual, el megaproyecto minero del llamado “Arco del Orinoco” (AMO) puede marcar un terrible camino para las próximas décadas en el país, con consecuencias que podrían ser muy difíciles de revertir en el futuro.
Quisiéramos plantear 12 argumentos para el debate, por los cuáles pensamos que el proyecto del AMO representa una seria amenaza para la población y la naturaleza. Antes que hablar de la “irreversibilidad” de la revolución, habría que hablar en todo caso de la sostenibilidad de la misma, por la sencilla razón de que no hay posibilidades de Socialismo, de reivindicaciones laborales, gasto social, justicia de género, participación política, etc., sin agua, sin biodiversidad, si los ciclos ecológicos son afectados al punto de mermar la reproducción de la vida.
El Arco Minero del Orinoco o como el capital avanza sobre el tejido de la vida
Numerosos artículos han salido en relación al proyecto del AMO, por lo cual no nos extenderemos en la descripción del mismo[1]. Sin embargo, vale la pena mencionar algunos breves detalles:
Ø El Arco ocupa una extensión que abarca prácticamente la mitad del estado Bolívar;
Ø Este territorio se ha abierto a numerosas empresas transnacionales de todo el mundo;
Ø Muchos de los detalles de los convenios firmados son un secreto para el país;
Ø Se va a impulsar la megaminería a cielo abierto, la cual es una de las actividades industriales más destructivas de todas. De ahí que en numerosos países o regiones haya sido prohibida. Nunca en la historia de Venezuela se había planteado esta actividad a tales dimensiones;
Ø Dos de los principales minerales que se van a extraer son preciosities, oro y diamante, que tienen más bien un valor crematístico (bienes de lujo) y pequeña importancia para los procesos productivos esenciales;
Ø Aunque duela decirlo y/o escucharlo, y ante el escalofriante silencio de algunos intelectuales y activistas de izquierda, estamos ante un claro proceso de flexibilización y desregulación económica, que caracteriza las propuestas y pautas de negociación con las compañías transnacionales para el AMO, junto con un notable salto en la mercantilización de la naturaleza. Este patrón flexible de negociación es también utilizado para el relanzamiento de la extracción de carbón en el Zulia, los proyectos gasíferos offshore, la Faja del Orinoco (FPO), entre otros.
Fuentes de vida y numerosos sectores de la población serán sacrificados en este proceso en nombre de la estabilidad macroeconómica, la “diversificación” de la economía, el “desarrollo” o la ansiada salida del rentismo petrolero. Ahora que el agua y la energía eléctrica son escasas, parece un buen momento para resaltar que este no es solo un problema de los pueblos indígenas que viven en el sur del Orinoco, sino que esta nueva colonización del territorio va afectar también la vida en las ciudades –ahí donde probablemente viva ud.–, y la economía integral del país.
En ese sentido, queremos destacar 12 argumentos por los cuáles esta expansión del extractivismo es inviable en todos los sentidos:
el agua vale más que el oro: solo el 4,1% del total del agua en el país es aportada por los cauces del norte del país, donde vive el grueso de la población venezolana. La mayor abundancia de agua se encuentra en torno a la cuenca del río Orinoco, un 90,2% del total de Venezuela, según datos del Ministerio del Ambiente. Es en medio de esta cuenca que se incrustan, no solo el AMO sino también la FPO. Según diversas investigaciones sobre minería de oro a cielo abierto, se requiere la abismal cifra de entre 450 a 1060 litros de agua dulce por cada gramo de oro obtenido. Esta actividad supera con creces el consumo de este valioso líquido en comparación con producciones industriales como la carne, café y numerosos cultivos.
Billones de litros de agua dulce y fresca serían sacrificados en este proceso. Aspectos como estos deben ser interpretados dramáticamente a la luz de las crecientes dificultades para el acceso al agua que tienen y tendrían en el futuro los pobladores de las ciudades, agravados por fenómenos de intensas sequías (ej. 2010, o 2014-2016), con todos los problemas políticos y económicos que se derivan de esto.
tierra arrasada, equilibrio ecosistémico comprometido: más del 70% del territorio del estado Bolívar y un 49% de Amazonas están protegidos bajo regímenes de administración especial (ABRAE). Estos regímenes, decretados estratégicamente entre 1961 y 1991 sencillamente prohíben la minería en estos territorios.
El argumento planteado para justificar el AMO es el de regularizar la perjudicial minería ilegal. El problema es que no se le dice a la gente que la (mega) minería formal industrializa el proceso, lo lleva a escalas de producción y devastación mucho mayores en términos cuantitativos y cualitativos. El contraargumento de quienes defienden proyectos de minería como estos, plantea que rigurosos controles ambientales serán impuestos y que las tecnologías más amables con la naturaleza serán aplicadas. Pero la lógica del beneficio (al capital) y la acumulación prevalecen, imponiéndose lo que en economía se llama la “externalización” (cargarle los costos a otros). Es importante saber que hay una amplia literatura científica, junto a numerosos testimonios de comunidades afectadas en todo el mundo que muestran contundentemente los devastadores daños socioambientales irreversibles que esta actividad produce, y que no existe una megaminería “sustentable”.
No hay que irse muy lejos para verificar esto: el propio Ministerio del Ambiente venezolano reconoció estos terribles daños cuando en 2009 se le revocó la concesión a la minera canadiense Gold Reserve Inc. del proyecto “Las Brisas” en la Reserva del Imataca. Así que de llevarse adelante estos proyectos veremos una mayor depredación de reservas como la mencionada o la del Caura, Parques Nacionales como Canaima, o delicados ecosistemas como el Delta del Orinoco. Esto no solo devastaría varios de los paisajes naturales más preciados para los venezolanos, sino que afectaría la vida integral del país, por ejemplo, al afectar los ciclos hidrológicos regionales, los regímenes de lluvias, y por ende la disposición de agua de amplios sectores de la población en las ciudades.
la dependencia del sistema hidroeléctrico: Venezuela depende más de 60% del potencial hidroeléctrico para el consumo nacional de electricidad, donde la Central Simón Bolívar (Guri) juega un papel crucial. La actividad minera y toda la devastación ambiental que conlleva, ha afectado y afectará aún más el caudal del río Caroní y por ende, tendrá un impacto en el funcionamiento del Guri. Una de las razones para la creación de la Zona Protectora del Sur del estado Bolívar, en 1975, fue precisamente evitar esta merma del río, considerado como aguas de “muy alta prioridad” debido a su relación con el Guri. Apenas hemos sentido lo que representa una crisis del sistema hidroeléctrico. Hay que evitar su profundización, dado que las consecuencias serían muy perjudiciales.
una nueva colonización de los pueblos indígenas: en la actualidad los pueblos indígenas del país sufren los efectos directos e indirectos del extractivismo, el desarrollismo y la minería ilegal. El mega proyecto del AMO tendría terribles consecuencias para éstos en la medida en la que generaría la destrucción de sus medios de vida y una intensa agresión cultural, poniendo incluso en peligro su sobrevivencia como pueblos. A diferencia de una nueva matriz de opinión que se intenta promover desde el gobierno nacional, de que todos los indígenas son mineros, hay en cambio que destacar varias manifestaciones de estos en contra del AMO, provenientes de organizaciones como la COIAM y ORPIA. A la fecha del relanzamiento de este megaproyecto, no sólo se ha violado la Constitución (art. 119) pues 80% de los pueblos indígenas del estado Bolívar no cuentan con títulos de propiedad colectiva de sus tierras, sino que ninguna consulta previa ha sido hecha a estos (art.120), como lo establece además el convenio 169 de la OIT. Cada vez que se quiere resolver los problemas de acumulación de capital se apela a un nuevo etnocidio y ecocidio, a una nueva colonización. Lo dramático es cuando militantes e intelectuales de izquierda lo convalidan, basados en un ideal desarrollista o en argumentos más vinculados al chantaje político. Una dura carga histórica pesaría sobre la Revolución Bolivariana si sirve de plataforma para terminar de desaparecer los pueblos indígenas del país. En cambio, mucho podríamos aprender de los saberes y modos de vida de éstos, y sería conveniente promover el apoyo a sus luchas, ante el acoso que genera el extractivismo y la violencia vinculada a las extracciones ilegales.
el capital y el Estado nos atornillan aún más en el rentismo: cuando hablamos de una “economía rentista” significa no sólo que el grueso de sus ingresos provienen de la captación de una renta internacional de la tierra –para nuestro caso histórico, una renta internacional del petróleo–, sino también que toda su estructura doméstica está construida alrededor de esta forma económica. El AMO diversifica el rentismo, pues añade la opción minera para, por un lado percibir una renta internacional minera, y por el otro lado, condicionar la estructura económica y el territorio al extractivismo minero. Así que por esta vía no solo no hay salida del rentismo, sino la profundización del mismo. Los males históricos que hemos vivido a raíz del desarrollo de este modelo, vinculados a la dependencia del mercado mundial, podrían verse severamente agravados. En este mundo neoliberal, tenemos ante nosotros la amenaza de convertir a Venezuela en una mina.
un conflicto de usos de la tierra: nos encontramos ante un posible cambio masivo del uso de la tierra al sur del Orinoco. Un determinado uso de la tierra puede ser excluyente con otros. Por ejemplo, dado lo devastadora y contaminante que es, la megaminería impide o dificulta sobremanera que se realicen otros usos de la tierra como la agricultura, el turismo o la pesca. Además degrada el suelo empobreciéndolo, afectando una recuperación futura. La expansión territorial del extractivismo representa, al menos dos cosas: el descarte de otras opciones económicas de uso de la tierra más sostenibles (otro adiós a la agricultura) y el reconocimiento de la incapacidad e ineptitud de nuestros gobernantes para construir otra alternativa a este ecocidio.
aumenta la influencia de las compañías transnacionales: el AMO es no sólo devastación ambiental, rentismo, dependencia y conflictos sociales, sino también se constituye como una plataforma de gestión y apropiación territorial y de la riqueza del país para el capital transnacional. La clara flexibilización económica en los convenios con dichas empresas, las atractivas facilidades ofrecidas a las compañías invitadas y la promulgación de leyes como la “Ley de Regionalización Integral” –donde se conciben figuras como las “Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional”– no son sólo un ingrediente añadido, sino parte necesaria para esta nueva colonización del sur de Venezuela, y representan el pliego de peticiones de las empresas multinacionales –recuérdese el caso de la minera Gold Reserve Inc., que ahora goza de varias facilidades otorgadas por el gobierno nacional. El relanzamiento del megaproyecto del AMO no sólo es causa, sino también consecuencia de esta flexibilización económica. Varias de las secuelas descritas más arriba pueden recrudecerse de la mano de una mayor influencia de estas compañías foráneas.
la promesa de salir de la crisis y el aumento de la pobreza socio-ecológica: en diversas declaraciones oficiales se ha anunciado que todo el sacrificio del AMO será para tener más divisas (US$). Varios argumentos necesitan ser precisados. El primero es sencillo: la gente no puede ni podrá beber ni comer dinero, oro o petróleo. La transformación de la riqueza de la Vida, su posterior destrucción, a cambio de un monto en divisas ofrece ampliar momentáneamente la cuenta corriente (en general para comprar productos importados y pagar la deuda externa) a cambio de empobrecer la vida socio-ecológica. Esto no es cualquier cosa: según el informe “Planeta Vivo” de la WWF, actualmente Venezuela es uno de los dos países de América Latina que han superado el límite de su capacidad eco-regenerativa, es decir, que consume más naturaleza de la que sus ecosistemas son capaces de regenerar. Al pasar el tiempo tendremos nuevamente un pequeño grupo apropiado del capital (¿quién va a manejar la futura renta minera? ¿Para qué la van a usar? ¿Qué poder de decisión tiene la gente común sobre esa administración? ¿Dónde está el dinero que se captó por toda la destrucción de naturaleza de los últimos 10 años?), pero menos fuentes de vida disponibles (un mayor déficit ecológico), incrementando la insostenibilidad (menos agua, déficit energético, menos recursos) y potenciándose las bases estructurales de la pobreza.
la cultura del petróleo es la cultura de la mina: en alguna ocasión, un pescador del sur de Anzoátegui me comentaba que todos los pescadores que iban a trabajar a los taladros en la Faja del Orinoco, donde les pagaban un buen dinero semanal, no volvían nunca más a la pesca. Esto es similar a los relatos de algunos pobladores indígenas que señalan como otros integrantes de sus pueblos se ven seducidos por la minería, por la riqueza que se puede captar por esta vía y cómo se van modificando notablemente sus costumbres tradicionales.
Desde un enfoque histórico, esto lo reseñó muy bien Rodolfo Quintero en la “Antropología del petróleo”, resaltando la forma como se propagó en Venezuela esta cultura de conquista que transformó las expectativas sociales, dándole centralidad a la renta, al campo petrolero y a la migración a las ciudades, adaptándonos a la condición de surtidores de materias primas. El fomento a la megaminería con el AMO, como una nueva promesa de desarrollo nacional, tendría unos terribles efectos culturales, promocionando la tan perniciosa cultura rentista, la cultura de la mina, en un país urgido de agricultura y de la expansión de formatos de producción social.
déficit físico en el comercio internacional: más allá del déficit de la balanza comercial de Venezuela (para el tercer trimestre de 2015 según el BCV), la expansión del proyecto del AMO podría también representar la expansión de un déficit físico, es decir, que se exportarían muchas más toneladas (de naturaleza) de las que se importan. La crisis interna presiona para ser resuelta ampliando el extractivismo e hipotecando más “recursos”, que además, por los momentos, parece que se exportarán mucho más baratos que en años anteriores (dadas las bajas expectativas de repunte de los precios de las commodities). Lo preocupante es que toda esa “fuga de naturaleza” hacia el mercado internacional no sólo no resuelve los problemas de fondo, sino también canaliza un saqueo de recursos que compromete los medios de reproducción de la vida de numerosas venezolanas y venezolanos.
la inestabilidad del mercado global: la tormenta de la economía mundial, que se expresa entre otras cosas en la volatilidad del mercado hace que, de llevarse adelante esta expansión del extractivismo minero, la economía venezolana se ate y fusione aún más a los vaivenes de esta crisis, moviéndose con el desequilibrado devenir de precios, demandas y de la especulación financiera de las commodities. En los períodos de baja, recesión y depresión, el capital buscará ajustar los procesos de acumulación en el AMO, para evitar afectar la tasa de ganancia. Este ajuste se cargará progresivamente sobre el país, sus ecosistemas, recursos y población.
militarizar en nombre de la seguridad nacional: el problema de la seguridad en los estados Bolívar y Amazonas es un tema muy delicado y complejo, y más en la actualidad con el auge de la minería ilegal. Se habla de “poner orden” en la región y por tanto, se resalta la supuesta importancia del AMO. Sin embargo, habría que problematizar si los conflictos ocurridos en la zona actualmente son por ausencia de Estado. Más bien podríamos preguntarnos cuál es el papel de los sectores militares en dichos conflictos. También podríamos preguntarnos si la militarización de los recursos naturales garantizan evitar la depredación ambiental y el despojo social de los bienes comunes naturales. Este es probablemente uno de los temas más sensibles del debate, pero que requieren mayor ampliación y problematización, analizando también el papel de los pueblos y pobladores de los territorios en la gestión de la seguridad y los bienes comunes para la vida.
Planteamos categóricamente que no sólo en términos ambientales, sino económicos, sociales, culturales y geopolíticos, el proyecto del AMO es insostenible y podría traer graves consecuencias. La expansión del desarrollo capitalista hacia el AMO es tal vez la expresión del fracaso histórico del capitalismo rentístico petrolero, y la señal de que entramos en una nueva fase histórica que podría ser muy compleja y conflictiva. A pesar de los desafíos de esta coyuntura, una serie de alternativas merecen ser sistematizadas, estudiadas y puestas en práctica para intentar encarar la grave crisis actual. Pero el costo que podría tener este proyecto, nos remite a un principio que se expresa en el Plan de la Patria: detener la devastadora fuerza de destrucción del modelo capitalista. Esto debe ser ya, uno de los puntos ineludibles de las agendas de los movimientos sociales venezolanos.
*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 y hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.
[1] En marzo de este año presentamos un texto en el portal Alai en el cual detallamos con mayor amplitud las características del AMO. Véase: “Las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela”, http://www.alainet.org/es/articulo/175893
