Una organización que se opone a la minería a cielo abierto impulsa la realización de referéndums locales en Rivera, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rocha para prohibir nuevos emprendimientos de este tipo en esos departamentos. La propuesta se basaría en lo que prevé la ley Orgánica de los Municipios (9.515) vigente desde octubre de 1935.
Fuente: diario El País
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) se reunió el sábado pasado en Treinta y Tres, instancia en la que resolvió analizar la viabilidad de realizar las consultas populares en los cuatro departamentos para poner a consideración de la ciudadanía la iniciativa de prohibir la instalación de nuevos proyectos mineros.
La propuesta se basaría en lo que prevé la ley Orgánica de los Municipios (9.515) vigente desde octubre de 1935.
“La iniciativa departamental tiene un mecanismo parecido al del plebiscito nacional. Para proponer una norma que prohíba la minería a cielo abierto se requiere la adhesión del 15% del padrón electoral de cada departamento”, dijo el periodista Víctor Bacchetta, uno de los referentes de Movus.
“La intención es que se prohíba la minería de metales a cielo abierto a gran escala, aunque no de materiales de construcción. La idea es que no se permita la instalación de nuevos emprendimientos, pero no se afectará a los que ya están funcionando”, indicó.
Consultado por El País, Bacchetta explicó que en Rivera, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rocha hay comisiones de Movus que están prontas para comenzar a trabajar en las campañas, pero aclaró que “no hay plazos definitivos”.
Según el mecanismo legal, con el apoyo del 15% del padrón electoral de cada departamento se debe enviar un proyecto a la Junta Departamental planteando la norma que prohíba nuevos emprendimientos mineros.
Si el deliberativo comunal aprueba el proyecto, se transformará en decreto municipal. En caso contrario, la iniciativa será enviada al intendente que tendrá un plazo de 60 días para convocar al referéndum.
El Movus presentó la semana pasada ante la Presidencia de la República un recurso administrativo contra el decreto que permite la instalación de un puerto de aguas profundas en Rocha, en la zona de El Palenque, en la ruta 10 entre La Pedrera y Cabo Polonio.
DESALOJO. Por otro lado, el lunes tuvo lugar el primer desalojo de una productora rural de la zona de Valentines chico (Treinta y Tres) de un predio que fue comprado por la minera Aratirí, según informó ayer Movus en un comunicado.
Meses atrás, Aratirí fue condenada por la Justicia a indemnizar con US$ 6.000 a la productora Claudia Perugorría por los daños que los trabajos de la minera en un predio lindero al suyo le causaron a sus tierras.
Pero ahora, Aratirí compró un campo de 50 hectáreas de extensión que era arrendado por Perugorría, quien el lunes fue obligada a desalojar esa propiedad que alquilaba desde hace más de diez años a familiares de su esposo.
“La minera estaba presionando para que esta gente nos sacara, entonces se me mete al lado y me presiona”, expresó Perugorría al ser consultada ayer por El País.
La mujer, que gestiona junto a su marido un emprendimiento ganadero que cuenta con algo más de 80 animales, lamentó que al perder el terreno que arrendaba no tendrá otra opción que vender ganado porque “no se consiguen campos”.
“Van desmantelando nuestra producción”, aseguró Perugorría. La productora dijo que en su momento Aratirí ofreció comprarle el campo de su propiedad a un precio de US$ 2.500 la hectárea, pero ella asegura que “jamás” venderá el predio a la minera.
