El anuncio de la minera Aratirí de lentificar sus inversiones en Uruguay puede ser una estrategia o una preocupación real. Para analistas medioambientales, Aratirí jugó una carta en pos de la aceleración de los procesos, una posible flexibilización de los requisitos ambientales y una salida a eventuales problemas de caja por la crisis económica internacional, un interés que creen que comparte con el gobierno de José Mujica, que necesita la inversión para soportar problemas de financiamiento en el corto plazo sin atender los impactos futuros.
Fuente: diario El Observador
06/08/2011. “Los estamos invitando a retirarse”, dijo el contador Fernando García, socio de la consultora Auren, a propósito del anuncio de Aratirí de disminuir la prioridad de su inversión en Uruguay. Expertos en inversiones extranjeras consultados por El Observador coincidieron en que la decisión de Zamin Ferrous, de capitales indios, es una respuesta “lógica” a las idas y venidas entre el gobierno (también dentro de él) y la oposición respecto a la explotación de hierro. Las reacciones políticas no fueron más que un ejemplo. La oposición culpó al gobierno y el gobierno a la oposición, con acusaciones de falta de profesionalismo, y accionar improvisado.
Para analistas medioambientales, Aratirí jugó una carta en pos de la aceleración de los procesos, una posible flexibilización de los requisitos ambientales y una salida a eventuales problemas de caja por la crisis económica internacional, un interés que creen que comparte con el gobierno de José Mujica, que necesita la inversión para soportar problemas de financiamiento en el corto plazo sin atender los impactos futuros.
Arena política
“El discurso político público en torno a la inversión no contribuye, fundamentalmente, al riesgo”, afirmó García. El riesgo, al igual que el retorno previsto, es parte indisoluble de una inversión, y el riesgo político es, según los analistas, la primera variable que un inversor internacional considera al momento de elegir un país.
La discusión interna en el Frente Amplio (FA) y con la oposición sobre el proyecto de Aratirí, más una lanzadera permanente de ideas sin arribar a una propuesta concreta son, para los analistas, malas señales para cualquier inversor extranjero cuando se dan con la ventana abierta y no en una mesa de negociación. Hacerlo público demuestra, para Nicolás Herrera, socio de Guyer & Regules, “que no hay una posición formada” y, en definitiva, que el gobierno “no tiene claro si quiere o no a Aratirí”.
Los expertos en inversiones reclamaron que una eventual autorización para una mina a cielo abierto, como cualquier otra megainversión que sea de largo aliento, debe ser una política de Estado, como lo fue la ley forestal.Daniel García, socio de PricewaterhouseCoopers (PWC), reclamó “una estrategia país, con un respaldo lo más amplio posible, político y social”.
Eduardo Gudynas, director del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes), no acompaña este argumento. “Las empresas de origen indio no pueden argüir que hay mucho debate político en Uruguay”, opinó. La tendencia mundial es, o prohibir la megaminería a cielo abierto, o aceptarla si el canon es muy alto.
El vicepresidente Danilo Astori confía en que habrá otros inversores si Zamin Ferrous se retira del país. Es posible que los haya puesto que, según Gudynas, “lo que se vuelve más escaso no es tanto el mineral, sino los países que están dispuestos a aceptar el costo social y ambiental”.
A finales de julio se conoció que uno de los emprendimientos mineros de hierro más grandes de India, en el estado de Karnataka, fue cerrado por orden judicial, por degradación ambiental y tras acusaciones por corrupción. El yacimiento producía 35 millones de toneladas por año, casi el doble de lo estimado para Aratirí. “Este problema no puede reducirse a un enfrentamiento entre la coalición de gobierno y los partidos de oposición. Existían crecientes reclamos de grupos sociales que no pueden alinearse partidariamente”, recordó.
Productores de la zona presentaron más de 200 reclamos legales.
¿Amenaza?
La respuesta de Aratirí tomó por sorpresa a los políticos pero no a los expertos en el área. El gerente general de Aratirí, Fernando Puntigliano, anunció que el proyecto pasó del nivel uno al cuatro en las prioridades de la empresa ante el debate político y que se “reorientarán” los recursos a otros proyectos en el mundo. Hombres cercanos al presidente dijeron que este recibió la noticia con “decepción”.
García, de Auren, no esperaba menos. “Me sorprende que lo hayan bajado a cuarto lugar. Otro probablemente congelaría el proyecto hasta saber” la decisión final del Poder Ejecutivo, que debe tomarla sin que exista la necesidad de plantear un plebiscito consultivo. “Eso es una locura. Si mi inversión estuviera sujeta a un plebiscito, me iría para otro lado”, indicó.
En sintonía, Herrera entendió que la reacción “no es disparatada por lo que estaba pasando”: propuestas de plebiscito, asociación con el Estado, nacionalización del hierro, reformas en el código minero y otras posibles intervenciones en las reglas de juego.”Así se abre la cancha y esto se convierte en una asamblea abierta en la que ninguno sabe del tema”, asentó.
Los expertos consultados dijeron que el hecho de que se haya hablado de cobrarle un canon mayor (“podemos arreglar un fifty-fifty”, dijo Mujica), puede cambiar los márgenes de rentabilidad de la empresa y llevarla a modificar su decisión o a repensarla.
La última propuesta del gobierno para negociar con Aratirí es la creación de una comisión interpartidaria para “consensuar” una posición nacional respecto a la minería que dirigirá el ex subsecretario de Economía, Pedro Buonomo. “Me di cuenta de que era algo muy complejo y muy importante para el destino del país”, afirmó Mujica, quien se lamentó por no haber tomado esta decisión antes, pero señaló que si no lo hizo fue porque no recibió “ninguna respuesta” por parte de la oposición.La idea de la comisión no conformó a los técnicos puesto que este formato de discusión es, por definición, bastante lento.
Al contrario, reclaman que se instaure la figura del interlocutor gubernamental: una “persona con autoridad”, que se mueva internamente y comunique al inversor la postura oficial, en un diálogo uno a uno y nunca por la prensa.En los partidos históricos se advirtió que la postergación de Aratirí es un ejercicio de “presión” sobre el gobierno y el sistema político.
Incluso, el senador nacionalista Luis Alberto Lacalle declaró que Puntigliano “amenazó al país”. Los expertos en inversiones extranjeras, aunque sin conocer las motivaciones internas, no descartan que exista esa intención en la empresa y aseguraron que, de ser así, no tiene por qué ser una movida de mala fe.
Según Rodrigo Ribeiro, socio del área de consultoría de KPMG, puede ser un “natural componente de negociación”. A juicio del abogado, “cuando no hay una idea definitiva, los proyectos pueden ponerse en stand-by o fracasar” y es una realidad que una firma como Zamin Ferrous tiene otros proyectos, asume riesgos al invertir capital y contratar personal y arriesga por décadas según los precios internacionales.
Gudynas, por su parte, vio una clara presión y su temor es que Aratirí logre “una flexibilización” de los requisitos ambientales, dado que su primer estudio de impacto ambiental fue rechazado y no ha presentado uno nuevo. Además, opinó que Aratirí puede buscar un aceleramiento del proyecto en vista de que se reduzca la disponibilidad de fondos de inversión debido a la volatilidad de los mercados globales. “Las grandes empresas del hierro y el acero, como las del magnate indio Lakshmi N. Mittal, que se asume relacionada con Aratirí, también enfrentan un escenario financiero complicado”, comentó.
Inseguridades
El presidente Mujica propuso invertir las ganancias recibidas por el canon de producción –US$ 500 millones anuales, según él, pero estimadas en US$ 100 millones por los productores de la zona de influencia– en bonos u otras opciones financieras para acumular un gran fondo en colocaciones a efectos de gastar únicamente los intereses. García señaló: “Uruguay pensó que se salvaba y festejó por adelantado”.
Para Gudynas, el apoyo gubernamental a la idea de la inversión minera se debe a que las ganancias –la minería genera inversión, sobre todo, al inicio de las actividades– ayudarían al país a mantener las reservas económicas en caso de una crisis global de liquidez sin atender los impactos sociales, ambientales y productivos de una actividad extractiva. “El gobierno está atrapado en una estrategia por la que necesita más inversiones para soportar los problemas de financiamiento en el corto plazo. Es una visión económica que es consecuencia de faltas de mejores previsiones de política económica en esta fase de prosperidad”, criticó.
Más allá del caso concreto de Aratirí, Ribeiro y Herrera manifestaron que durante la administración de Mujica el clima de negocios sumó inseguridades, por ejemplo, por la discusión relativa a la creación de un impuesto a la tierra o la limitación de la venta a extranjeros. Ribeiro apuntó: “Ha habido menos coordinación política entre los distintos ministerios que en gobiernos anteriores debido a diferentes visiones de los temas”. En consecuencia, aumenta el nerviosismo entre los inversores. Sin embargo, ninguno cree que existan, por el momento, luces de alerta.
García, socio de PWC, sostuvo que el gobierno, al igual que sus dos antecesores, ha demostrado que el país “está en condiciones de tratar al inversor como estos quieren ser tratados”, es decir, con un “comportamiento muy profesional”.
