La Cámara de Representantes acogió un recurso presentado contra dos decretos de la Junta Departamental de Tacuarembó por los cuales se declaraba exonerada de la actividad minera a cielo abierto a la superficie del departamento.
Fuente: El País
Esos decretos habían sido impulsados por el gobierno departamental tacuaremboense a pedido de 13.000 ciudadanos que juntaron firmas con ese motivo.
La decisión de Diputados, al aceptar ese recurso, anula la medida tomada por Tacuarembó y se transforma en el primer pronunciamiento del cuerpo legislativo que revoca la voluntad de un gobierno departamental de oponerse a la actividad de la minería a cielo abierto.
El recurso de anulación fue apoyado por las bancadas del Frente Amplio y el Partido Independiente (48 votos en 68 presencias), con el argumento central de que según la opinión de constitucionalistas es claro que una ley no puede ser enmendada por una resolución de una Junta Departamental, tal cual explicó en sala el representante oficialista Jorge Orrico.
La diputada colorada por Tacuarembó, Martha Montaner, anunció que la decisión de la Cámara de Representantes será apelada por los promotores de los decretos de la Junta Departamental de aquel departamento.
Durante el tratamiento del tema, el diputado colorado Gustavo Cersósimo afirmó que esos decretos no se impulsaron contra la actividad minera en general sino en particular contra la minería a cielo abierto, que es un tipo de actividad.
“La protección del medio ambiente es competencia compartida del gobierno nacional y los gobiernos departamentales”, afirmó el legislador, que recordó además que hay una ley que fija competencia exclusiva a los gobiernos departamentales para categorizar el suelo.
El diputado nacionalista Antonio Chiesa planteó la necesidad de alentar el desarrollo local pero sin lesionar los ecosistemas, en tanto su colega Gerardo Amarilla sostuvo que con la política minera “se tiran por la borda las políticas ambientales”.
El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, que apoyó el recurso de anulación, afirmó que los decretos de la Junta son inconstitucionales. La anulación de los decretos será enviada a la Junta Departamental de Tacuarembó.
