En el Perú desde diversos sectores se viene cuestionando abiertamente el actual escenario de expansión minera. Con sus luchas, poblaciones de diversas regiones en el país plantean en los conflictos no sólo el rechazo a la actividad en sus territorios sino también la necesidad que se defina el rol de la minería. Se propone redimensionar la actividad y en algunos casos hasta excluirla de algunas zonas.
Fuente: GOUD:EERLIJK?
Por ejemplo, autoridades y actores sociales de cuatro provincias del norte peruano, Ayabaca y Huancabamba en Piura y San Ignacio y Jaén en Cajamarca han declarado sus territorios como zonas libres de minería. En la declaratoria se fundamenta que:
– Existen áreas del territorio que deberían estar exentas de explotación minera por su alto valor ecológico, cultural y socio-económico. Existen ecosistemas únicos, como los bosques de neblina y los páramos que son esenciales para la provisión de agua que se utiliza para el consumo humano y el desarrollo de actividades económico-productivas.
– Los bosques de neblina y los páramos prestan importantes servicios ambientales: son importantes generadores de agua para la región norte del país: allí se encuentran las nacientes del río Quiroz (cuenca del Pacífico) y la del río Chinchipe (cuenca Amazónica). La presencia de una actividad minera a gran escala y los impactos que se generarían afectarán los ciclos hidrológicos. La declaratoria solicita que se tome en cuenta el valor de los servicios ambientales que brindan los páramos y bosques de neblina. Además, estos ecosistemas ayudan a preservar especies en peligro de extinción y albergan una enorme cantidad de flora endémica.
– El desarrollo de un distrito minero en la zona afectará significativamente la producción agraria que abastece mercados locales e internacionales. Las cuatro provincias apuestan por la agricultura y las nuevas iniciativas de biocomercio, el ecoturismo, entre otras actividades, como oportunidades económicas reales que ya se están aprovechando y que buscan ser potenciadas. Estas actividades se pondrán en riesgo si se desarrolla una actividad extractiva de alta intensidad como la minería.
– Advierten que de realizarse la actividad minera en cualquier tipo de escala (grande, mediana y pequeña) en estos ecosistemas y con ello excavaciones, explosiones, uso de sustancias tóxicas, se provocará la destrucción de la cobertura vegetal. Asimismo, aumentaría la probabilidad de desastres, sobre todo si consideramos los fenómenos naturales a los que suele estar expuesta esta zona.
– De igual manera, la declaración rechaza todo tipo de actividad minera informal en las cuatro provincias, que viene generando graves problemas ambientales, sociales y de violencia.
Iniciativas como las mencionadas, que por el momento reflejan preocupaciones locales/regionales y giran en torno a casos específicos, son al mismo tiempo un insumo importante para propuestas mayores que están en proceso de construcción. Por ejemplo, las nuevas autoridades regionales y locales elegidas a finales del año 2010, vienen planteando un debate sobre competencias en relación al manejo de sus territorios. Se exigen mayores facultades y un primer pedido tiene que ver precisamente con el tema del otorgamiento de las concesiones mineras.
Lo que las nuevas autoridades demandan es poder participar en la toma de decisiones. Que las decisiones no se tomen desde el Estado central, de manera vertical e inconsulta; exigen ser informados adecuadamente. También se propone una mayor articulación entre las diferentes instancias del Estado (nacional, regional local); un uso planificado del territorio y sus recursos y que allí donde se den actividades mineras, las necesarias, éstas sean compatibles con los planes regionales y locales.
¿Las poblaciones se imaginan otro tipo de extractivismo minero? En el caso peruano está claro que se viene cuestionando abiertamente el desarrollo minero impuesto y se apunta a redimensionarlo. Si bien no se está hablando de un escenario en el que la minería no tenga espacio, sin embargo redimensionar la actividad significará necesariamente menos minería en varias regiones -como se viene exigiendo en el norte del Perú- y sobre todo redefinir su rol en la economía peruana.
De una manera u otra, algo de esto está pasando cuando los planes de expansión/inversión que se anuncian desde el Ministerio de Energía y Minas finalmente no se cumplen y el producto bruto interno de la minería metálica comienza a caer, como hemos mencionado. El reto es que esto, que en parte ocurre de manera espontánea, reactiva y desordenada, sea el resultado de un proceso que busque en serio y a fondo redefinir el extractivismo minero en el país. Esta es una tarea central para fundamentar y definir un escenario de transición post extractivista.
Por lo tanto los retos son enormes para las organizaciones indígenas, frentes de defensa de pobladores, organismos no gubernamentales y redes sociales diversas que han venido planteando estos temas en sus luchas. En los próximos años, al mismo tiempo que se mantienen los niveles de articulación y se atienden casos y demandas específicas, se deberá diseñar el escenario de transición que nos permita superar el predominio de un extractivismo minero que sigue siendo predominantemente depredador.
