Bombas de tiempo. De acuerdo a las declaraciones que emitió la representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Luz Herquinio Alarcón, actualidad en el altiplano peruano existen 22 conflictos sociales, de los cuales 12 son activos y 10 latentes. La cifra que ubica a la región como una de las zonas con mayor cantidad de problemas a nivel nacional. Nos posiciona por detrás de los departamentos de Cajamarca y Ancash, al tener éstos 18 casos cada uno.
“Tres conflictos corresponden a asuntos de gobierno local; 5 a cuestiones de Gobierno Regional; 10 al orden socio ambiental; 2 a la demarcación territorial y otro a otros asuntos. El último conflicto se da entre los departamentos de Puno y Moquegua, por el tema de la demarcación territorial”, sostuvo Herquinio Alarcón.
Seguidamente, la abogada indicó que estos conflictos sociales en su mayoría se dan por la contaminación de las cuencas de los ríos Ramis y Suches. “La población debe estar atenta a la Ley de Consulta Previa al derogar ésta algunos puntos del reglamento del Ministerio de Energía y Minas”, mencionó.
Consultada sobre el reporte 89 de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, donde se específica que en el departamento de Puno se suscitan más 10 conflictos socio ambientales que tienen que ver con la minería, así como con el proyecto para la construcción de la hidroeléctrica de Inambari, Herquinio Alarcón informó que todos tienen que ver con el carácter socio ambiental.
SEGUNDOS EN CONCESIONES
Al respecto, cabe precisar que en la región Puno las concesiones mineras han aumentado rápidamente. Actualmente, la región altiplánica se ha convertido en la segunda con más concesiones y sólo Arequipa nos supera. Según información de INGEMMET, hasta junio del presente año se han concesionado 2 millones 551 mil 933,3 hectáreas en Puno.
LOS NÚMEROS DE LA PCM
En lo que respecta a la naturaleza de los conflictos, los cuadros que presentaba el informe aprista de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), destacan que el 71% de los problemas son de carácter socio ambiental; 7%, de asuntos sociales; 5%, de infraestructura; 4% de delimitación territorial; 4%, de recursos hídricos; 3%, de gobernabilidad; 3%, de orden laboral; y 2% y 1%, normativos y cocaleros, respectivamente.
