A más de un mes de ocurrido un derrame de mineral en una comunidad campesina de la sierra norte de Perú, los pobladores denuncian la indiferencia del gobierno y de la empresa minera Antamina y se quejan de que sus hijos siguen enfermos sin recibir atención médica adecuada.
Foto: Trabajadores de la mina de cobre Antamina, con uniformes blancos, limpian la ribera de un río cerca de Cajacay, Perú, el 31 de julio del 2012, seis días después de un derrame tóxico ocurrido en la mina.
Fuente: Terra
El alcalde de Cajacay, Felipe Lázaro, dijo que siete niños de esa comunidad están intoxicados, según los exámenes que se les practicaron, pero que el gobierno no ha revelado sus identidades y que ningún menor está recibiendo tratamiento especializado de desintoxicación.
Los pobladores afirman que varios niños aún sufren de sangrados nasales, náuseas y dolores de cabeza.
“No sé si es maldad, descuido o qué, no entiendo cómo el gobierno luego de saber quiénes son los niños intoxicados se niega a identificarlos. ¿Cómo los van a curar si ni siquiera los identifican?”, dijo Lázaro a la AP.
El 25 de julio un mineroducto de acero del consorcio internacional Antamina se rompió en el poblado Santa Rosa de Cajacay, de más de 400 habitantes, derramando 45 toneladas de concentrado de cobre.
Los habitantes ayudaron a la minera a evitar que el lodo metálico llegue hasta al principal río que provee de agua al pueblo agrícola. Cientos de ellos sintieron malestares asociados a la fuga tóxica, 69 de los cuales eran niños.
Antamina no ha brindado información sobre cuál era la composición del concentrado pese a reiterados pedidos de la AP. Un documento de la empresa, obtenido por el diario La República, describe a la mezcla como “material muy tóxico”.
La minería es el principal impulsor del crecimiento económico peruano. Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, y el sexto en oro. Sus regulaciones son bastante permisivas y la actividad ha afectado comunidades, ríos y la ganadería.
Actualmente el gobierno peruano enfrenta más de un centenar de conflictos, la mayoría de ellos por el rechazo de las poblaciones a la minería por temor a las consecuencias de los daños ambientales.
Consultado por la AP sobre las quejas que expresan los pobladores, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, dijo el lunes que Antamina está dialogando con las autoridades locales y pobladores para ver cómo les compensa o cómo establece un mecanismo para atender el tema de su salud.
“El estado a veces es acusado de lento”, manifestó Pulgar-Vidal en reunión con corresponsales extranjeros, ante una pregunta de la AP de por qué no se ha revelado la identidad de los niños intoxicados y por qué no se conoce la composición química del concentrado.
“Lamentablemente los procedimientos y la manera cómo están escritos los procedimientos, hace que uno no pueda adelantar necesariamente opinión hasta que no se concluye lo que se denomina procedimiento administrativo sancionador. Nosotros estamos intentando cambiar eso”, dijo.
Aseguró que el gobierno viene trabajando para reforzar el tema de la fiscalización de las actividades extractivas, y que un punto que analiza su despacho es duplicar el monto de la sanción máxima por contaminar el ambiente. Actualmente esta sanción asciende a 35 millones de soles, o 13,3 millones de dólares.
Percy Minaya, asesor del ministerio de Salud, dijo a la AP “que si los niños no fueron identificados, se haría en la brevedad”. Añadió que el resto de pobladores sabrán si están o no afectados por metales hasta el 15 de setiembre.
Antamina es la tercera mina más grande del mundo en zinc y la octava más grande en cobre y sus accionistas son la australiana BHP Billiton, la mayor minera del mundo; la suiza Xstrata; la canadiense Teck Cominco y la japonesa Mitsubishi Corp.
La empresa dijo en agosto que “viene brindando el respaldo necesario a través de diversos profesionales médicos” a los niños con niveles inaceptables de metales. La AP pidió detalles de esa ayuda a Antamina, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Exámenes de sangre y orina realizados a 18 niños –de entre 2 y 12 años– y a 34 adultos de Cajacay, arrojaron que seis menores tenían niveles inaceptables de cobre en la sangre y un niño tenía plomo por encima de niveles permitidos. Un adulto presentaba niveles de cobre por encima del máximo permisible.
“Mi hijito sigue mal, no me voy a quedar callado aunque tenga que pelearme hasta con el gobierno y Antamina, que para mí son lo mismo”, afirmó Wilfredo Morán, un poblador de 34 años, que acusa al gobierno de estar a favor de la empresa.
Comenta que su hijo de cuatro años tiene náuseas casi todos los días, vomita después de comer y ha perdido peso.
El médico Ted Schettler, Director de Ciencias de la Red de Salud Ambiental y Científica, con sede en Estados Unidos, dijo que es clave conocer la composición química del concentrado para determinar qué exámenes médicos realizar a las personas afectadas, a fin de rastrear en su organismo los elementos tóxicos.
Yasira Sotelo, una niña de nueve años, hospitalizada después del derrame por incontenibles hemorragias por las fosas nasales, “sigue sangrando de la nariz al menos dos veces por semana”, cuenta su madre Inés Valverde.
“Cuando vamos a la posta médica… sólo nos dan paracetamol y nos dicen: ‘no tienes nada, anda a tu casa, no te preocupes”’, añade.
El 29 de agosto pasado se produjo un nuevo accidente ambiental en una zona andina de la región Pasco, a 180 kilómetros al noreste de Lima, al derramarse alrededor de 20 toneladas de sedimentos en el río Huallaga luego que se rompiera el tapón de una poza de sedimentación de la empresa minera Atacocha, dijo el viceministro del Ambiente, Mariano Castro en la misma conferencia con el ministro Pulgar-Vidal.
Juan Escalante, ingeniero de la Dirección Regional de Energía y Minas de Cerro de Pasco, comentó el martes a la AP que “ha sido un daño ambiental, casi 15 kilómetros de contaminación del río Huallaga”, que es el quinto río más largo de Perú y tributa al río Marañón, afluente del Amazonas.
Atacocha pertenece al consorcio Milpo, cuyo mayor accionista es la brasileña Votorantim, la tercera productora mundial de zinc.
Pulgar-Vidal aseguró que “seremos muy estrictos en la aplicación de sanciones en ambos casos (Antamina y Atacocha)”.
