Los ingenieros Sergio Sánchez de la ONG Grufides y Alejandro Seminario de la Universidad de Cajamarca presentaron el informe técnico del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga, elaborado por el hidrólogo y geoquímico norteamericano Robert E. Morán para el Environmental Defender Law Center (EDLC). El documento “El Proyecto Minero Conga: comentarios al estudio de Impacto Ambiental (EIA) y temas relacionados” fue realizado durante enero y febrero del presente año, con el fin de “brindar apoyo técnico a la población en general y a los distintos niveles del Gobierno peruano” con relación a este tema.
El estudio fue financiado por el EDLC y se basó en el análisis del componente hídrico del EIA. En sus conclusiones, el informe presenta serios cuestionamientos al proyecto Conga.
Texto completo del trabajo de Robert Moran sobre Proyecto Conga ver/descargar aquí
Una burla a la población y a las agencias reguladoras
“El EIA del proyecto Conga es un documento mal hecho y poco honesto, lo cual sorprende dada la escala de inversión (…) no logra proporcionar la información técnica necesaria para que la población y los organismos reguladores puedan tomar decisiones (…). En muchos sentidos es una burla a la población y a las agencias reguladoras del Estado”, señala Morán en su análisis.
“En muchos sentidos, este EIA es básicamente un documento de relaciones públicas, dirigido a facilitar los permisos, todas las opiniones del EIA están marcadas por la ausencia de un enfoque que sea económicamente desinteresado”, afirma el experto.
El EIA no sería aceptado en otros países
El informe señala que el EIA no brinda datos de calidad, y afirma que en los países desarrollados “no sería aceptable que un EIA tan inadecuado desde el punto de vista técnico consiga las licencias correspondientes”.
El especialista subraya que el Gobierno le ha permitido a Yanacocha entregar los estudios de hidrogeología hasta el 30 de marzo de 2013.
Asimismo señala que el Gobierno peruano “básicamente ha neutralizado al Ministerio del Ambiente” al no reconocer como oficial el estudio que presentó esa cartera en noviembre de 2011.
“El EIA presenta datos inconsistentes sobre volúmenes de agua que serían bombeados de los tajos”, anota el documento. Afirma además que la capacidad de la planta de tratamiento propuesta para procesar las aguas ácidas sería excedida ampliamente.
Aguas superficiales y subterráneas interconectadas
Morán señala que las aguas superficiales, subterráneas y los manantiales de la zona están conectados y se verían afectadas al ser sometidas a un estrés hídrico a largo plazo.
“El EIA no presenta datos confiables que indiquen que la roca bajo los depósitos de desechos (desmontes y relaves) sea impermeable” y no aporta “ningún tipo de análisis hidrogeológico integrado sobre la extensión y características de los acuíferos y en general de las interacciones entre agua subterránea y el agua de superficie”.
Por tal motivo, concluye el informe, “se vuelve imposible desarrollar un balance confiable del volumen total del agua en el área del proyecto”.
Más adelante, el estudioso explica que el proyecto tiene el potencial de impactar de manera negativa tanto en la cantidad como la calidad del agua. “El EIA no ha logrado demostrar de manera fehaciente que tales impactos no ocurrirán a largo plazo”.
Imprecisos datos de línea de base
El informe señala que el EIA no presenta datos sobre el caudal de los manantiales ni la calidad de sus aguas, por ello no se podría demostrar los cambios que ocurrirían en ellos de operar la empresa.
De acuerdo al documento, los datos de línea de base de Conga son inadecuados, por lo que será difícil para la población y organismos reguladores demostrar la contaminación con sustancias tóxicas de aguas subterráneas y superficiales.
Asimismo, indica que muchos componentes tóxicos como: efluentes con pH excesivamente alto o bajo, aluminio, antimonio, arsénico, hierro, plomo, manganeso, mercurio, cianuro, uranio, torio, y otros, no aparecen en los datos de la línea de base.
Bajos estándares
Morán precisa que el EIA “compara la calidad de base del agua con estándares nacionales para agua de riego y crianza de ganado”, mas no con aquellos usados para el consumo humano o vida acuática que son más estrictos.
Advierte también que las aguas que serán tratadas probablemente no serán adecuadas para el consumo humano ni cumplirían con criterios para la vida acuática, pues se procesarán dentro de estándares para agua de riego.
Relaves mineros a perpetuidad
“Las descargas de los efluentes de los desmontes y relaves de Conga tendrán que ser recolectadas y tratadas a perpetuidad (…), no sólo por 50 ó cien años después del cierre” señala el informe.
“¿Qué entidad pagará, operará y mantendrá este complejo sistema de ingeniería una vez que cierre la mina?”, cuestiona Morán en el estudio. Asimismo señala que en la mayor parte de países desarrollados no estaría permitida la operación de una mina que requiera un tratamiento perpetuo de las aguas.
“Los costos futuros serán subsidiados por la población y las generaciones futuras” afirma, precisando que “los costos de operación y mantenimiento de una planta podrían estar entre uno y cinco millones de dólares por año, posiblemente en forma perpetua”.
Sin regulación estatal
Para Morán, los organismos reguladores del Perú no tienen la capacidad para supervisar el proyecto minero ni hacer cumplir las normas.
“No hay evidencia creíble para pensar que los organismos reguladores en el Perú tienen el personal o presupuesto adecuado, ni la influencia política necesaria para supervisar de manera apropiada y hacer cumplir las normas en el caso Conga”.
Por todo lo anterior, el experto recomienda que los organismos reguladores “deberían adoptar supuestos conservadores respecto a los futuros impactos sobre los recursos hídricos”.
En la conferencia de prensa, el representante de Grufides indicó que el informe será presentado al Gobierno Regional de Cajamarca, al Gobierno Central y a los tres peritos traídos por el Gobierno.
Asimismo, afirmó que el documento servirá para que, junto al peritaje promovido por el Gobierno, se tomen decisiones técnicas “dejando la política de lado”.
En ese sentido, Sánchez espera que el documento obligue al Gobierno a pronunciarse.
