Cientos de representantes de organizaciones de campesinos, indígenas y movimientos sociales llegaron a Lima desde el interior del país para defender su derecho al agua y pedir al Gobierno de Perú que cambie su política ambiental y minera. Ver videos e fotos al pie.
Fuentes: EFE y diario Página/12
12/02/2012. Los participantes en la “marcha nacional del agua”, que comenzó en la región norteña de Cajamarca en la Laguna Cortada ubicada a 4.000 metros de altura y amanazada por el proyecto aurífero Conga , arribaron a la capital para exigir la anulación este este proyecto minero, la intangibilidad de las cabeceras de cuenca y la prohibición del cianuro y el mercurio en actividades mineras.
El exsacerdote Marco Arana, quien lidera la marcha, afirmó que la minería se desarrolla actualmente de forma “abusiva y caótica”, por lo que con esta marcha los ciudadanos le piden al Gobierno que cambie su política ambiental, minera y económica.
“Que cambien la política ambiental, cambien la política minera cambien la orientación fundamental de la política económica de tal manera que pueda haber una situación en que la minería se pueda hacer de manera responsable y no caótica o abusiva como se viene cometiendo actualmente”, remarcó.
Arana añadió que “el pueblo quiere otras alternativas de desarrollo”.
“Queremos inversiones en agricultura, en foresta, en turismo, en ganadería y no necesariamente en más actividades mineras”, dijo.
El exsacerdote detalló que a las más de 200 personas que partieron de Cajamarca se les unieron unos 650 manifestantes a su paso por las regiones norteñas de La Libertad y Áncash, mientras que otros cientos llegaron directamente a Lima provenientes de ciudades como Ayacucho, Ica, Huancayo y Moquegua.
“Se ha hecho pedagogía en calles, en los parques, en las plazas, con papeles, conversando con la gente, con grupos de música, distribuyendo información sobre el proyecto Conga y explicando por qué nos oponemos a él”, explicó.
Para Arana, Conga es el proyecto “más grande y más amenazador” que existe en el país y su estudio de impacto ambiental adolece de “serias faltas y vacíos”.
Conga, que requerirá una inversión de 4,800 millones de dólares de la minera Yanacocha, la principal productora de oro en Suramérica, se encuentra actualmente paralizada y a la espera de un peritaje a su estudio de impacto ambiental.
El frente antiminas
Las organizaciones campesinas y el gobierno regional de Cajamarca, en Perú, se oponen a un proyecto minero por sus efectos en el abastecimiento de agua de la zona.
La compacta columna de manifestantes ingresó a Lima coreando “agua sí, oro no”. La consigna los había acompañado durante los nueve días que duró su marcha desde Cajamarca, unos 850 kilómetros al norte de la capital. La movilización –llamada Marcha por el Agua– organizada para protestar contra la explotación minera que agota el agua y contamina la que no consume, estaba formada mayoritariamente por campesinos, pero también había trabajadores de las ciudades, sindicalistas, jóvenes, representantes de organizaciones sociales y ambientalistas. La caravana se había iniciado a 4 mil metros de altura, en las lagunas andinas de Cajamarca, que el proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha, de capitales norteamericanos y peruanos, pretende secar para explotar oro.
El rechazo al proyecto Conga originó una huelga en Cajamarca entre noviembre y diciembre de 2011 y ha sido el detonante de la Marcha por el Agua. Las organizaciones campesinas y sociales y el gobierno regional de Cajamarca se oponen a la mina Conga por sus efectos en el abastecimiento de agua de la zona al secar cuatro lagunas y las consecuencias ambientales negativas que tendría por tratarse de una mina a cielo abierto en una zona ecológicamente sensible, una cabecera de cuenca en la que nacen varios ríos. El gobierno, por su parte, defiende la continuidad del cuestionado proyecto minero, que implica una inversión de 4800 millones de dólares, la mayor inversión privada en el país, señalando que necesita los ingresos que dejará la mina en impuestos para financiar los programas sociales ofrecidos por el presidente Humala y aduciendo que el proyecto Conga ya ha sido aprobado por el Estado peruano –lo que ocurrió en los últimos meses de la gestión de Alan García– y que anularlo espantaría otras inversiones.
“He heredado una criatura de seis meses de vida y no puedo producir un aborto”, ha dicho el presidente Humala, tratando de graficar su cambio de postura frente a la mina Conga. Durante la campaña electoral, Humala había expresado su oposición a este proyecto minero y ofrecido a los campesinos estar de su lado en su lucha contra la minera. Ahora, esas bases campesinas le exigen que cumpla esa promesa.
En cada poblado y ciudad por los que pasó la caravana de la Marcha por el Agua hubo muestras de respaldo, mitines, que en algunos casos llegaron a reunir unas cinco mil personas, foros públicos y diálogos ciudadanos sobre los efectos de la minería en el abastecimiento y la calidad del agua. Alcaldes de varios distritos por los que pasó la caravana se unieron a la protesta. A su ingreso a Lima, la marcha en defensa del agua reunía más de mil personas. Fue recibida en la céntrica Plaza 2 de Mayo por la dirigencia de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), el principal gremio sindical del país. Luego marcharon por las calles del centro de la capital. Para ese momento, con la gente que se les había unido en Lima, ya eran algo más de cinco mil personas. La protesta contra la contaminación minera se cerrará hoy con un Tribunal Hídrico, en el que se juzgarán simbólicamente los casos más emblemáticos de contaminación y agotamiento del agua por actividades extractivas, y con un mitin en la Plaza San Martín, en la zona céntrica de Lima.
Las demandas centrales de la Marcha por el Agua se centran en exigir la anulación del proyecto minero Conga; prohibir toda minería en cabeceras de cuenca y glaciales, así como el uso de cianuro y mercurio en sus actividades; demandar la puesta en vigencia de la ley de consulta a las comunidades indígenas antes de darle luz verde a un proyecto extractivo en sus tierras, la que ha sido promulgada por este gobierno, pero que todavía no entra en vigencia por falta de un reglamento; una moratoria de nuevas concesiones mineras, y revisión de las ya otorgadas; y que se reconozca en la Constitución al agua como un derecho fundamental.
El sacerdote Marco Arana, ambientalista con una larga trayectoria denunciando la contaminación y abusos de las mineras, es uno de los principales dirigentes de la Marcha por el Agua. A su ingreso a Lima al frente de la marcha, dialogó con Página/12. Lucía cansado, pero satisfecho. “Hemos cumplido ampliamente nuestro objetivo de sensibilizar a la población e informarla sobre nuestras razones para oponernos al proyecto Conga. El nivel de respaldo que hemos tenido en cada pueblo por el que hemos pasado ha sido impresionante. La marcha se ha dado en un ambiente de fiesta, de celebración, pero también de mucha energía en nuestra protesta”, le dijo Arana a este diario. Arana aclaró que la marcha no era una protesta contra el gobierno de Humala, pero le exigió que cambie su postura de apoyo a la mina Conga. “Humala todavía puede reencontrarse con sus electores, que exigen justicia social y respeto a sus derechos. Para eso debe cumplir con sus promesas electorales y declarar la inviabilidad del proyecto Conga. Pero si eso no ocurre, seguirán las movilizaciones”, apuntó Marco Arana.
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