Lima, 23 may (EFE).- El Gobierno de Perú autorizó hoy la intervención de las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Policía Nacional para “garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos” en la región Puno, en paro desde hace dos semanas en contra de las concesiones mineras y el proyecto minero Santa Ana.
Según una resolución publicada, en una edición extraordinaria del boletín oficial, por el Ministerio de Defensa, la medida regirá desde hoy y hasta el próximo 11 de junio.
El decreto remarca que la medida también busca garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de Perú, que disputarán el próximo 5 de junio el nacionalista Ollanta Humala y la congresista Keiko Fujimori.
Los militares y policías deberán garantizar, según la orden, el normal funcionamiento de servicios como agua, luz y vías de acceso, que han sido bloqueadas por los manifestantes, que desde el 9 de mayo impiden el tránsito de transportes y turistas entre Perú y Bolivia.
El Gobierno precisó que la presencia de los militares no releva a la Policía a la hora de mantener su “activa participación” en la zona y mantener a su cargo el control del orden interno.
“La intervención de las Fuerzas Armadas (…) no implica en modo alguno restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte”, concluye el decreto.
La huelga indefinida en Puno, más de mil kilómetros al sur de Lima, entró hoy a su tercera semana, y durante este tiempo sigue cerrado el puesto de Desaguadero, el principal paso de frontera entre Perú y Bolivia.
Después del fin semana, hoy la situación en Puno se mantiene en calma, aunque se espera la decisión que tomarán los dirigentes de la protesta, después de que el Gobierno propusiera levantar la medida mientras una comisión se encarga de atender las demandas durante 180 días.
“En Desaguadero siguen bloqueadas las carreteras y el puente, pero la gente ha viajado a Puno”, comentó hoy a Efe un portavoz policial de esa localidad, mientras que la policía en la ciudad de Puno señaló que hasta el momento no se han producido manifestaciones ni incidentes.
El Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur exige al Gobierno de Alan García, que concluye su gestión el próximo 28 de julio, que prohíba las concesiones mineras en la región de Puno y que paralice el proyecto de la minera Santa Ana, que ya cuenta con una autorización de explotación.
El Gobierno peruano cree que el paro no obedece a motivos gremiales ni económicos, sino a propósitos políticos, ya que se produce en un ambiente preelectoral, solo semanas antes de la crucial elección presidencial.
