Es evidente que el actual gobierno de Perú no pretende cambiar la forma de desarrollo económico basado en el extractivismo y en la producción de materia prima. Menos aún tiene la intención de impulsar una genuina política de protección del medio ambiente, de nuestra Madre Tierra.

Fuente: Colectivo por la Madre Tierra – Comtierra

20/10/2011. No resultan pues extrañas, aunque no por ello menos alarmantes, las recientes declaraciones del Primer Ministro Salomón Lerner, quien señaló, luego de que el Presidente Humala se reuniera con los directivos de la empresa española Repsol: «En este momento creemos que los tiempos de dos años a dos años y medio que demoran todos estos estudios, podrán ser reducidos a 6 u 8 meses, y con esto cambiará el sentido del inversionista que ve eficiencia, un trato más rápido hacia la inversión»[1]

O sea que, según este gobierno, la gran fórmula mágica para incentivar más inversiones privadas en la industria hidrocarburífera es la reducción de los plazos para la aprobación de los EIA, como si los ya establecidos no fueran suficientemente breves, al punto de que se está desprotegiendo nuestra amazonía ante los mayoritarios impactos negativos que produce esta actividad.

Es una verdadera lástima que una vez más, en aras de la supuesta «simplificación administrativa» que requiere la «promoción de las inversiones privadas» (en realidad, la de las transnacionales), tengamos que seguir soportando el saqueo y la destrucción de nuestra Madre Tierra, y la desaparición de nuestros pueblos indígenas. En efecto, las declaraciones de señor Lerner denotan la clara intención del actual gobierno de continuar la misma política de «agilizar el papeleo» a favor, como siempre, de los inversionistas más poderosos, práctica ya llevada al extremo durante el entreguista y corrupto gobierno de Alan García, en el que, por ejemplo, se desmanteló el sistema legal y administrativo que protegía nuestro patrimonio cultural material a través de la emisión de normas como el Decreto Legislativo N.º 1003 y el D.S. N.º 009-2009-ED, que «simplificaron» el procedimiento para la autorización que el INC (hoy Ministerio de Cultura) debe dar a los proyectos de infraestructura que puedan afectar nuestra herencia cultural.

Ante este escenario, es obvio que la Ley de Consulta Previa es sólo una pieza más dentro de este engranaje que tiene la exclusiva finalidad de beneficiar a los grandes capitales, pues así lo ha dado a entender el mismo Salomón Lerner al declarar que la reglamentación de esta ley busca impulsar el desarrollo de la industria minera[2]. Siendo así, resulta evidente que a través de la aplicación de esta norma se buscará legitimar el despojo de las tierras ancestrales que aún conservan los pueblos indígenas de nuestro país, convirtiéndolos así en corresponsables de la destrucción del medio ambiente y, en consecuencia, de su propia desaparición.

Es claro también, con relación a esto último, que la reglamentación de esta ley no va a tener ninguna trascendencia, como algunos ingenuamente aún creen, pues por un principio básico del Derecho (el principio de jerarquía normativa), no es posible que un Reglamento altere, desnaturalice o vaya más allá del contenido de una Ley. Por ello, nos causa enorme sorpresa que las organizaciones representativas de los pueblos indígenas avalen esta ley al participar en la mesa impulsada por el Viceministerio de Interculturalidad y el INDEPA para la elaboración del mencionado reglamento, cuando más bien deberían exigir que aquélla sea modificada en sus puntos esenciales para adecuarla, como corresponde, al verdadero sentido del Convenio N.º 169 de la OIT y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por todo ello, invocamos a las organizaciones indígenas a permanecer alertas y a no desnaturalizar o desviar el sentido de su lucha, creyendo que la solución de sus problemas y la satisfacción de sus aspiraciones vendrán de modelos occidentales o de parte del mismo Estado criollo que, históricamente, los ha excluido, marginado y pretendido en más de una oportunidad eliminar para favorecer a los poderosos.

Los pueblos indígenas u originarios lo son porque conviven en armonía con la Madre Tierra; esa es su característica fundamental, la cual deben respetar, defender y cultivar siempre, sin someterse a los códigos morales y económicos de la sociedad occidental, que considera a la naturaleza como un ente inerte al que hay que dominar y explotar para garantizar la supervivencia del «rey de la creación», o sea, el hombre, incluso por encima de la mujer, claro está.

[1] Ver: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-gobierno-reducira-a-6-meses-estudios-consulta-previa-e-impacto-ambiental-para-impulsar-inversiones-381971.aspx; segundo párrafo.

[2] Ver: .http://www.tiempominero.com/peru/1265-plazo-de-entrega-de-licencias-de-exploracion-petrolera-se-reducira-de-dos-anos-a-ocho-meses; párrafo tercero.

COLECTIVO POR LA MADRE TIERRA-COMTERRA

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