Según monitoreo del 2010 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Después del reporte de la ANA, gobierno tardó medio año en emitir decreto de urgencia para declarar de necesidad pública la descontaminación de zona afectada por minería.
Las aguas de cinco de los siete ríos que son parte de la cuenca del río Ramis, en Puno, están contaminadas con metales pesados a causa de la actividad minera, de acuerdo con el último monitoreo practicado entre el nueve y trece de noviembre del año que pasó, por la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos, que pertenece a la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Los técnicos de la ANA detectaron concentraciones de aluminio, arsénico, hierro y manganeso que superan los estándares nacionales de calidad de agua en los ríos Crucero, Santa Rosa, Ayaviri, Pucará y Llallimayo. En el caso del río Ramis propiamente dicho, que desemboca en el lago Titicaca, no se detectó contaminación que supera los estándares porque recibe las aguas de otros afluentes que diluyen las concentraciones dañinas.
De acuerdo con los parámetros de evaluación de la ANA, la contaminación alcanza la Categoría 3, lo que implica que las aguas de los mencionados ríos no sirven para el riego de tierras destinadas a la agricultura ni tampoco para dar de beber a los animales.
Pero recién el 17 de junio, más de año y medio después de conocido el reporte de la ANA con los resultados sobre los altos niveles de contaminación en cinco ríos de la cuenca del Ramis, el presidente García firmó el Decreto de Urgencia N° 028-2011 que declara de necesidad pública la recuperación ambiental de la zona afectada.
Minería vs Agricultura
El director de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, Amarildo Fernández Estela, explicó que la minería informal, al contaminar las aguas de los ríos de la cuenca del Ramis, afecta directamente a la agricultura y ganadería, principal medio de vida de millares de pobladores puneños.
“El agua contaminada con metales pesados tiene efecto devastador. No solo se dañan cultivos, sino también la fertilidad de la tierra. Eso genera un conflicto entre agricultores y mineros informales. La situación ha sido comunicada a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio del Ambiente para que retomen la descontaminación de la cuenca del Ramis”.
Del nueve al once de diciembre de 2010, la ANA hizo otro monitoreo, esta vez en nueve puntos del río Ramis, que confirma la tendencia al incremento de la contaminación con metales pesados. Se detectó, por ejemplo, concentraciones de aluminio, arsénico, hierro y manganeso que superan los estándares permisibles en los ríos Ramis, a la altura del distrito de Crucero, Santa Rosa, Macarimayo, Pucará y Llallimayo.
Los efectos nocivos de la presencia de metales pesados en cinco de los siete ríos de la cuenca del Ramis tienen origen político: al no existir control gubernamental sobre la minería informal que se concentra en las zonas altas, son perjudicados los pobladores que habitan en las zonas bajas y utilizan el recurso hídrico contaminado por las actividades de los de arriba.
“La ausencia de una política del gobierno para ordenar el territorio de explotación de minerales y formalizar la actividad minera es un factor determinante en este problema”, dijo el experto Aldo Santos, de la organización no gubernamental Servicios Educativos Rurales (SER), con sede en Puno.
“Como política de Estado, ¿qué nueva alternativa se ofrece a familias que se dedican a la minería informal? Silencio. Por otro lado, se monitorea el impacto de la contaminación en la agricultura y en la ganadería pero no así en términos sociales. Por ejemplo, en La Rinconada, uno de los principales centros de minería artesanal, casi 30 mil personas están vinculadas a esa actividad. ¿Qué ofrece el gobierno a cambio de que renuncien a esa labor que afecta gravemente el medio ambiente, especialmente las aguas de los ríos? Nada. Silencio”, cuestionó.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) advirtió al gobierno central sobre el incremento de la contaminación de los ríos de la cuenca del Ramis, lo que implicaba también el aumento de la tensión entre pobladores dedicados a la actividad minera informal y los sectores de la agricultura y la ganadería, pero la reacción ha sido demasiado lenta.
“La Alta Dirección de la ANA ha priorizado la evaluación de la región de Puno respecto a los derechos de agua y la verificación de su calidad para el uso de poblaciones con fines agrícolas, para luego plantear estrategias dirigidas a detener la contaminación”, argumentó el director de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, Amarildo Fernández.
“El primer paso es eliminar la minería informal”, aseguró.
Cifras
8 veces más que antes usan el mercurio los mineros informales.
80% de los habitantes sufren malestares estomacales por consumo de agua contaminada.
35 mil son los pobladores de La Rinconada, principal centro minero artesanal.
