El despliegue del ejército en ocho regiones peruanas –Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna– ordenado por el gobierno central para preservar el orden público durante la huelga general convocada a fines de mayo por las centrales sindicales y los frentes de defensa departamentales en solidaridad con las protestas contra el proyecto minero Tía María en Arequipa, fue la prueba más elocuente de la escalada del conflicto, el más grave de la presidencia de Ollanta Humala.
Fuente: Infolatam
Tras los disturbios, que ya han dejado cuatro muertos y cientos de heridos, la propia compañía minera Southern Copper, propiedad desde 1999 del Grupo México, decidió suspender del proyecto cuprífero de Tía María durante 60 días. Pero la mayoría de los analistas da por liquidado el proyecto, que iba a requerir una inversión de 1.500 millones de dólares, al menos durante lo que le queda de mandato a Humala.
Pero lo más probable es que el gobierno que sea elegido en 2016 tampoco será capaz de sacarlo adelante por su patente inviabilidad política y social. La razón es simple: si el gobierno no ha podido controlar las protestas, menos va a poder garantizar la ejecución de un proyecto tan resistido pese a que su producción estimada –120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre–, tendría indudables beneficios económicos para la región.
Dada la vida esperada de la mina y asumiendo un precio constante del mineral, el valor total de sus exportaciones superaban los 15.000 millones de dólares, sumadas las diversas industrias concatenadas. De hecho, el 14% de la producción del sector manufacturero peruano es adquirido por la industria minera, responsable además del 55% de las exportaciones totales del país.
China representa el 9% de la producción mundial de cobre pero consume casi el 50% del total, por lo que tiene que importar el resto de países como el Perú y Chile, dos de sus mayores proveedores.
Tras la anterior suspensión por razones similares del proyecto Conga, una explotación aurífera en Cajamarca en la que un consorcio liderado por la norteamericana Newmont y la peruana Buenaventura iba a invertir 5.000 millones de dólares, todo el modelo de la industria extractiva del país andino ha quedado en entredicho. Tía María representa menos del 10% del total de inversiones del sector paralizadas desde 2011. Por las protestas.
Una vez más ha quedado patente la escasa capacidad del Estado peruano para canalizar los conflictos sociales y dirimir los contradictorios intereses del agro y la minería. Ambos sectores rivalizan por un recurso natural que en el país solo abunda en la Amazonía: el agua. El país tiene una extensión territorial de 128,5 millones de hectáreas, pero de las cuales solo 7,6 son aptas para la agricultura.
Mina Tia Maria Peru
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Quilish, Majaz, Conga, Tambogrande, Espinar, Tía María… es una breve lista de esos conflictos en los últimos 15 años. Según la Defensoría del Pueblo, de los 208 conflictos activos hoy en el país, la mitad están vinculados a problemas medioambientales. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estima que desde 2011 se han producido 50 muertes a causa de conflictos medioambientales. De ellas, 43 fueron consecuencia del uso abusivo de la fuerza por parte de la policía o el ejército.
En un reciente artículo titulado “Perú enfrenta el estancamiento en medio de disturbios mineros”, el Financial Times asevera que cerca de 25.000 millones de dólares en inversiones mineras se han paralizado debido a las protestas. En los conflictos del 2014 fueron asesinados 13 policías. Este año ya han muerto tres más.
De un lado están las mega empresas mineras y del otro las poblaciones rurales convertidas en masas enardecidas que paralizan sus proyectos cuando estos se les quieren imponer a sangre y fuego. Otro actor periférico, pero no menos importante, son los sectores extremistas o del crimen organizado vinculados al narcotráfico y la minería ilegal que buscan pescar en río revuelto cuando el conflicto
Ante el indisimulable impacto medioambiental de la minería en ecosistemas frágiles, era mucho pedir que los agricultores y autoridades del valle de Tambo, donde se encuentra el yacimiento de Tía María, fueran aceptar pasivamente una mina que, entre otras cosas, iba a construir una gigantesco reservorio de ácido sulfúrico.
Como señala Gustavo Gorriti en Caretas, conciliar los intereses del campo y la mina en puede ser imposible en ciertos casos, aunque su complementariedad sea necesaria y hasta vital. El problema se complica por la arrogancia de las mineras.
Lo irónico del caso es que Humala fue elegido en gran parte por prometer a las comunidades del interior que ningún proyecto extractivo sería aprobado sin su “licencia social”, ofreciendo además una ley de consulta previa que ha terminado siendo un fiasco al limitarse a pueblos indígenas difíciles de identificar jurídicamente.
En el valle de Tambo, en su campaña de 2011, tras una revuelta que ya se había cobrado varios muertos y heridos y que culminó con la primera suspensión del proyecto, Humala prometió una “consulta vinculante” al respecto si era elegido. Ese año, Humala arrasó en la zona en la primera y segunda vueltas, pero ya siendo presidente dio luz verde al proyecto.
Cuando estallaron las protestas, quiso mantenerse equidistante con lo que terminó disgustando a todos. En 2013 Humala dijo que Conga era el problema de “una empresa privada con sus vecinos” y esta vez echó la culpa a la empresa por no haber sabido explicar los beneficios del proyecto.
El problema se le complica porque el gobierno no puede cancelar unilateralmente el proyecto, dado que, además de ser ilegal, le daría una justificación a Southern para demandar al país ante instancias arbitrales como el Ciadi del Banco Mundial.
Las razones antimineras
Pese a las universales críticas que ha recibido la violencia antiminera, nadie puede negar sus razones. Los ecosistemas son bienes públicos que el Estado debe resguardar. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María de 2011 tuvo 138 observaciones de Unops, la agencia de la ONU para servicios de proyectos de infraestructuras.
En agosto de 2014, el ministerio de Energía y Minas aprobó el nuevo EIA de Tía María, afirmando que se habían subsanado las observaciones de Unops, pero sin pedirle una nueva evaluación. Dada la escasa credibilidad del gobierno y la empresa sobre el asunto, esa omisión agudizó la desconfianza de la población local.
El Perú es uno de los pocos países donde el ministerio de un sector promueve las inversiones y aprueba los EIA, en un obvio conflicto de intereses alentado por los poderosos lobbies mineros del país. En Chile, por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental aprueba los EIA, incluido minería y petróleo, y en Ecuador es el ministerio del Ambiente. Lo mismo sucede en EE UU, Canadá, la UE y Japón.
Desde el principio, los dirigentes locales exigieron una nueva revisión del EIA por la Unops u otra entidad independiente, una propuesta a la que se ha sumado ahora el Consejo Regional de Arequipa.
Pero los lobbies mineros consideran innecesaria cualquier consulta debido a que constitucionalmente solo el gobierno central puede decidir sobre cuestiones de interés nacional. El gobierno, por su parte, subraya que el EIA de Tía María ya ha cumplido la ley y que no se revisará y que tampoco habrá consulta alguna.
Se trata, por ello, de un diálogo de sordos. ¿Por qué creer –se preguntan unos– en lo que diga el gobierno, si policías o jueces atienden solo a quienes pueden pagarles? El abandono de las provincias es indisimulable en muchos casos pese a que el gobierno central recauda sumas enormes en tributos de la minería.
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Cuando estallaron las protestas, quiso mantenerse equidistante con lo que terminó disgustando a todos.
En el fondo, lo que está fallando es el marco constitucional y jurídico para determinar las legítimas prerrogativas de los gobiernos y comunidades locales. En todas las constituciones de la región, los recursos naturales in situ le pertenecen como derecho inalienable a la nación, lo que en principio excluye cualquier el derecho de veto de las poblaciones locales a proyectos extractivos aprobados por el gobierno central.
Este punto es clave porque introduce al Estado como representante legal de la nación y propietario de los bienes del subsuelo que luego saca en concesión. De hecho, desde algunos sectores conservadores ya se está planteando la necesidad de que los dueños del suelo lo sean también del subsuelo, como en EE UU, para evitar que las rentas reviertan solo en las empresas y el gobierno, lo que produce resentimiento y desconfianza hacia el Estado.
Pero como este planteamiento requeriría un cambio constitucional, otros analistas proponen que las empresas mineras otorguen acciones a las comunidades y otros hablan de compartir utilidades. Otras voces hablan de elaborar un mapa que establezca dónde se puede desarrollar minería y dónde queda prohibida y que podría ser aprobado en referéndum.
La relación de Southern con la población local no es buena desde los años setenta tras haber contaminado 300 kilómetros de playas en el departamento de Moquegua, vecino a Arequipa, con residuos de metales pesados que durante décadas arrojó directamente al mar.
Para complicar las cosas, el canal peruano Willax TV difundió en medio de las protestas el audio de una conversación del presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, con un abogado presumiblemente contratado por Southern, al que pide un soborno millonario –“un millón y medio de lentejas”, es decir, dólares– a cambio de abandonar la protesta.
Una economía exportadora de materias primas crece cuando su valor exportado aumenta año a año, pero cuando caen los precios, como ahora, comienzan los problemas. La opción preferida para los partidarios del modelo “extractivista” es aumentar la producción para compensar la caída de los precios. Pero como explica Humberto Campodónico en La República, si el gobierno no se detiene ante nada para atraer la inversión, lo único que consigue es agravar los conflictos.
El activista uruguayo Raúl Zibechi sostiene que el “extractivismo compulsivo” requiere militarizar territorios: “Los muertos y heridos no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo ‘normal’ de operar del modelo”.
Al final, esa estrategia concluye con la imposición de estados de excepción sobre poblaciones enteras que son amenazadas, criminalizadas y castigadas en nombre de la propiedad privada y los intereses nacionales. Si la minería debe ser un motor de desarrollo, requiere políticas integrales que eviten que los conflictos socioambientales se conviertan en una bomba de tiempo.
