Alerta: envían contingentes policiales a Angaraes (Huancavelica, Perú). Dos mil pobladores permanecen en campamento minero de mina Pampamali exigiendo que se retire. Se teme represión indiscriminada pese a que manifestaciones son pacíficas. Enfrentamiento con comuneros que apoyan a la empresa minera produjo cuatro heridos.
Fuentes: diario La República y Comunicaciones CAOI
29/04/2011. En el primer día de huelga promovida por el Frente de Defensa del distrito de Secclla y Lircay, el Comité de Fiscalización del Medio Ambiente, y el Comité de Lucha de Angaraes, en contra de las operaciones mineras en esta provincia, cientos de pobladores se dirigieron hasta las instalaciones de la minera Pampamali y procedieron a tomar sus instalaciones exigiendo que abandonen la zona.
José Herrera, gerente general de Pampamali, dijo que los comuneros destrozaron la infraestructura del campamento y atacaron al personal. Confirmó que la instalación está en manos de los pobladores.
En tanto el dirigente Carlos Candioti dijo que cuando una delegación retornaba a Lircay en compañía del congresista Miro Ruiz, fue atacada con disparos de bala en la comunidad de Buena Vista por gente afín a la empresa azuzada por Percy Puertolas, relacionista comunitario de Pampamali.
Durante la refriega fueron heridos Teófilo Huarancca Vargas, Juan Máximo Huarancca, Gerónimo Areche Huamán y Alindro Meza Candioti.
Sesenta policías y la Fiscalía acudieron al campamento minero.
El dato
Denuncia. Las organizaciones que convocaron el paro señalan que Pampamali opera ilegalmente acogiéndose al silencio administrativo, y que su EIA tiene observaciones insalvables.
Alerta: envían contingentes policiales a Angaraes
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
29/04/2011. Angaraes (región Huancavelica, Perú) cumplió ayer con éxito un paro provincial de 24 horas, una de cuyas acciones fue la toma del campamento minero Pampamali, exigiendo la formación de una comisión negociadora del Gobierno Central. Cerca de dos mil pobladores permanecen en las instalaciones mineras de manera pacífica, pese a la cual el Gobierno está enviando fuertes contingentes policiales desde Ayacucho. Se teme una represión violenta.
El Paro Provincial se cumplió con total tranquilidad, lo cual fue verificado por representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. Pese a ello, el gobierno de Alan García nuevamente responde con la violencia y la criminalización del ejercicio de derechos indígenas, como ya lo hizo en Bagua (Amazonas, 2009) y recientemente en las regiones de Arequipa, Cajamarca y Puno, con el saldo de muertos, heridos y procesados judicialmente.
El paro provincial de 24 horas del jueves 28 de abril fue acordado por el Comité de Lucha de la Provincia de Angaraes. Su exigencia central es la derogatoria de la resolución de funcionamiento de la empresa minera Pampamali SA y el retiro de esta empresa de su territorio en un plazo de quince días.
Este pedido se sustenta en el inicio ilegal de las operaciones mineras, porque Pampamali solo se basa en un silencio administrativo inaplicable para los casos que afectan la vida, la salud y el medio ambiente. Además, el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de esta empresa tiene 49 observaciones, de las cuales 8 relacionadas al agua son insubsanables.
De acuerdo con el comunicado, “las operaciones mineras instaladas en la cabecera de las cuencas de los ríos Sicra y Atuna ya vienen causando serios daños al medio ambiente al no tratar las aguas ácidas provenientes de sus bocaminas que van a parar a las cauces de estos ríos, trasladar sus minerales en pesados camiones sin ninguna protección, dañando seriamente las carreteras y poniendo en peligro de caerse el puente Masías que une nuestra provincia con Huancavelica”.
En consecuencia, la plataforma del paro provincial incluyó la exigencia de la reparación inmediata de nuestras carreteras y puentes a punto de colapsar, la sanción y destitución inmediata a las autoridades cómplices que permiten el funcionamiento de empresas mineras contaminantes y el paso de pesados camiones por el puente Masías ya declarado en emergencia.
Otro grave problema es la criminalización, porque “la defensa del medio ambiente de nuestra provincia ha generado una feroz persecución y denuncia de parte de la Empresas Minera Pampamali contra dirigentes y autoridades de Secclla y Lircay, para quienes han solicitado pena de cárcel de hasta 20 años”.
Abril 29 del 2011,
Comunicaciones CAOI
