Una buena parte de los estudios ambientales de las empresas mineras sirve para muy poca cosa. Y luego se sorprenden por los conflictos sociales.

Por Milagros Salazar publicado por IDL-Reporteros

16/04/2011. La mayoría de conflictos sociales en el Perú ocurre entre las empresas mineras y los pueblos en donde se desarrolla esta actividad*. En casi todos los casos, la razón del conflicto es ambiental: el agua, el aire, los tóxicos.

Por eso, la única manera de establecer una coexistencia razonable entre las minas y los pueblos vecinos es determinar de antemano el nivel de efecto, daño o trauma ambiental que pueda tener un proyecto minero. Eso podría conocerse a través de los estudios ambientales (EAs)**, que las empresas mineras están obligadas a presentar al ministerio de Energía y Minas para obtener el permiso de explotación.

Pero, a pesar de su importancia, tanto para evitar conflictos como para hacer posible la actividad que produce más divisas para el país, muchos estudios ambientales tienen graves deficiencias, según un documento de Energía y Minas.

A la vez, el Ministerio no cuenta con suficientes profesionales competentes para una eficaz revisión de los estudios. Paralelamente, en un área impregnada de conflictos de interés, hay funcionarios que pasan del Estado a las empresas y de éstas a puestos claves en Energía y Minas, en un carrusel vicioso que deprime aún más la calidad y utilidad de los estudios ambientales.

Los consultores

Si los estudios ambientales están tan mal elaborados, ¿son las consultoras contratadas por las mineras las responsables del problema?

«Hay gestores de proyectos (empresas) de todo tipo, existen los que quieren que hagas un estudio en dos meses y los que esperan que se realice en un año como debe ser [para cubrir, entre otras cosas, las temporadas seca y húmeda]», explicó a IDL- Reporteros, Luis Moreno, gerente de asuntos ambientales de Cesel, la mayor consultora peruana del sector.

Moreno consideró que un estudio sólido para mediana minería puede costar 150 mil dólares y para gran minería supera el millón de dólares y se requiere unos 20 expertos.

«Si el ministerio dice que los estudios andan mal, no debe aprobarlos», opinó Moreno, tras señalar que el Minem no tiene una metodología estándar de revisión.

A eso hay que añadir los frecuentes conflictos de interés, que se expresan sobre todo en el caso de los funcionarios captados por las empresas.

Un caso notorio es el de José Mogrovejo, el ex director de asuntos ambientales mineros que aprobó en 1998 la primera modificatoria del PAMA de la fundición de La Oroya en manos de Doe Run y al año siguiente empezó a trabajar en esa compañía.

Julio Bonelli también ocupó el mismo cargo entre 2000 y 2007 y luego fue consultor de mineras hasta convertirse en el actual Gerente de Permisos de Yanacocha. Luis Sánchez, quien fue su brazo derecho, se convirtió en Gerente de Medio Ambiente de Gold Fields.

También hay de aquellos que pasaron de una empresa a puestos claves en el Minem como Felipe Ramírez, quien fue gerente de Asuntos Externos y Comunicaciones de Yanacocha, entre 2006 y 2009, justo en el período del conflicto Combayo en Cajamarca.

Según un diagnóstico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sobre las direcciones generales de asuntos ambientales mineros y energéticos, la mayoría de funcionarios que revisa los estudios no tiene suficiente experiencia, gana poco y no son especializados en temas claves como geología o hidrología.

En la lista de 41 profesionales del Sistema de Evaluadores Externos del Minem, no existe un sólo hidrólogo.

Cada consultor externo tiene apenas 15 días para revisar un voluminoso EIA mientras que los funcionarios de planilla del Minem deben alternar esa tarea con otras actividades.

¿Con las altas ganancias que obtienen las empresas y los impuestos que ingresan al Estado por esta actividad es posible tal abandono de los estudios ambientales de la minería? Sólo entre 2007 y 2010 las principales empresas del sector lograron utilidades por encima de los 31 mil millones de dólares, según la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.

En la última década el precio promedio del oro, cobre y plata creció hasta cinco veces al mismo ritmo que los conflictos mineros pero, lamentablemente, no respecto a la calidad de estos estudios.

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* Más del 70% de los conflictos ambientales están vinculados a la minería, según la Defensoría del Pueblo.

** Los EAs abarcan diversos instrumentos de gestión ambiental como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los Programas de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), entre otros.