La empresa estadounidense Renco Group, Inc. y su filial Doe Run Perú SRL. han iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el Estado peruano, basándose en el TLC impuesto por EE.UU. al gobierno de Perú.
Fuentes: Peruanista.wordpress y PRNewswire
08/01/2011. Lo habíamos advertido en este blog, igual a todos los grupos ambientalistas que se opusieron al corrupto Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Perú. Denunciamos esta posibilidad: los ‘inversionistas’ estadounidenses podrían usar el TLC como herramienta legal para librarse de sus responsabilidades ambientales.
Esto ha sido publicado hoy en EE.UU., hice la traducción de la noticia – leer original en inglés aquí.
Renco Group Registra Aviso de Intención de Iniciar Arbitraje Internacional
NEW YORK, 05 de enero 2011
El 29 de diciembre de 2010, Renco Group, Inc., en su propio nombre y en
nombre de su filial Doe Run Perú SRL, entregó [al gobierno de] la República de Perú
un aviso de intención de iniciar un arbitraje internacional, actuando bajo el [Tratado de Libre Comercio] Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos de América y la República de Perú, que entró en vigor entre ambos países el 1 de febrero de 2009 (“el Tratado”). La denuncia de Renco se debe al fracaso del gobierno de Perú de honrar sus obligaciones legales en virtud de la ley internacional, el Tratado, y el contrato de inversión entre la República de Perú, Doe Run Perú, y los inversionistas estadounidenses con respecto a la importante inversión que Renco ha hecho en La Oroya, Perú. Esto incluye la negativa del gobierno de Perú de limpiar el suelo y los alrededores de La Oroya, como se había comprometido legalmente y prometido realizar, y la negativa del gobierno de asumir la plena responsabilidad ante las demandas judiciales presentadas por algunos ciudadanos de La Oroya.
El Tratado es un acuerdo bilateral de [“libre”] comercio. Sus objetivos generales incluyen la eliminación de obstáculos al comercio y al fomento de inversiones privadas en Perú por inversionistas de Estados Unidos, así como el fomento de inversiones privadas en Estados Unidos por inversionistas peruanos. Para fomentar esta inversión recíproca, el Tratado prevé protección internacional a los inversionistas de cada país. Entre las protecciones que el Tratado garantiza son los derechos a recibir un tratamiento justo y equitativo, una protección y seguridad plenas, y la indemnización en caso de expropiación. Cuando un inversionista cree que está siendo tratado injustamente por el país anfitrión, como es el caso de Renco, el Tratado permite a los inversionistas solicitar un arbitraje internacional que proceda directamente contra el gobierno del otro país para poner remedio a esa mala conducta. Y eso es lo que Renco ha puesto en marcha al entregar a la República de Perú el anuncio de la intención de iniciar un proceso de arbitraje internacional. Si el gobierno de Perú no cumple con sus obligaciones o llega a un acuerdo negociado con Doe Run Perú y con Renco dentro de 90 días, Renco actualmente tiene la intención de iniciar un procedimiento oficial de arbitraje internacional contra el gobierno de Perú en el marco del Tratado y de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Durante más de dos décadas, desde 1974 a 1997, la entidad de propiedad del Estado de Perú Empresa Minera del Centro del Perú SA (Centromin) fue propietaria y operó el Complejo Metalúrgico de La Oroya (“el Complejo”). Durante ese tiempo, Centromin realizó sus operaciones con poca atención hacia el medio ambiente o las preocupaciones de la gente de La Oroya, y sus operaciones (junto con los de sus predecesores [la estadounidense Cerro de Pasco Corporation]) dieron como resultado emisiones de gases y partículas de metales pesados que afectaron el suelo y alrededores de la ciudad de La Oroya, incluyendo plomo. En 1997, el consorcio de inversionistas de EE.UU. compraron el complejo y, posteriormente, lo transfieren a sus afiliados, Doe Run Perú. Como un incentivo fundamental para fomentar a los inversionistas de EE.UU. para adquirir el Complejo, y a la luz de estas importantes cuestiones ambientales pre-existentes, Centromin y la República de Perú se comprometieron bajo contrato a limpiar la ciudad de La Oroya, y también aceptaron y asumieron toda la responsabilidad por todas y cada una de los reclamos que terceros pudieran realizar, mientras tanto los nuevos propietarios trabajarían para mejorar el Complejo a través de proyectos ambientales. En otras palabras, en los términos del contrato de inversión, Doe Run Perú se comprometió a la mejora del Complejo de tal forma que su futuro impacto ambiental sea reducida, mientras que Centromin y el gobierno de Perú acordaron la limpieza [ambiental] de la ciudad de La Oroya y aceptaron la responsabilidad por todos los posibles reclamaciones de terceros en el futuro – durante el período en que Doe Run Perú implementase sus proyectos ambientales, y posteriores a las mismas. Este compromiso del gobierno de Perú se refleja en el contrato de compraventa del 23 de octubre de 1997.
Doe Run Perú está cumpliendo con sus obligaciones al completar varios proyectos de medio ambiente. De hecho, Doe Run Perú ha superado sus obligaciones contractuales y ha hecho importantes inversiones adicionales para mejorar las condiciones [de vida] en la comunidad de La Oroya. Por el contrario, Centromin, su sucesor Activos Mineros [no se menciona Cerro de Pasco Corporation], y el gobierno de Perú se han negado a limpiar el suelo y los [cerros de] alrededores de la ciudad de La Oroya. También se han negado a aceptar la responsabilidad de los reclamos presentados por los ciudadanos que viven en y cerca de la ciudad de La Oroya, quienes muestran varias lesiones resultantes de la exposición directa al plomo y al medio ambiente contaminado del Complejo.
El gobierno de Perú ha sometido a Renco y a Doe Run Perú a un constante trato injusto y desigual y no ha podido ofrecerles una protección y seguridad plenas, en violación del derecho internacional y de las obligaciones del el gobierno de Perú en virtud de su Tratado [TLC] con Estados Unidos. Dennis Sadlowski, vicepresidente – […], del Grupo Renco declaró: “Hemos estado trabajando muy duro para invitar a las autoridades de Perú a negociaciones para alcanzar una solución en beneficio de todos los interesados en este importante tema. Pero hasta este momento, las autoridades peruanas se han negado a participar en estos debates, lo que obligó a Renco y Doe Run Perú de hacer valer sus derechos al dar el primer pasó hacia la apertura de un procedimiento de arbitraje internacional. Sin embargo, tanto Renco y Doe Run Perú renuevan su compromiso hacia el logro de una solución a esta controversia, así como de seguir invirtiendo en Perú, y contribuyendo al bienestar de la población de La Oroya, la región central [peruana] y el país. “
Esta no es la primera vez que una minera utiliza un TLC para librar sus responsabilidades y buscar una indemnización de un gobierno. La minera canadiense Pacific Rim ha llevado a los tribunales al gobierno de El Salvador, utilizando el tratado de “libre” comercio CAFTA (por sus siglas en inglés), e incluso está juzgando a 7 activistas anti-mineros.
Mientras tanto…
