Paula Meza y Ana Leyva se entrevistaron con autoridades suizas, quienes les aseguraron el gobierno sigue de cerca las operaciones de las empresas suizas en ese país. Protestas, carreteras bloqueadas… de 255 conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo de Perú en marzo pasado, 126 fueron sociales y ambientales y de éstos, el 70% causados por la minería.
Meza y Leyva, invitadas a Suiza por la Misión Belén de Immensee con el apoyo del Grupo de Solidaridad Suiza-Perú, buscan en su país “regulaciones que permitan llevar los casos de violaciones cometidos por empresas mineras a la Corte Europea”.
Para Leyva, abogada y coordinadora de la Red Muqui, las leyes ambientales y sociales son ya ventajosas para los inversionistas mineros. “Sin embargo, el gobierno intenta flexibilizarlas aún más. Y es que Perú atrae actualmente a inversionistas de todo el mundo”.
Pero el ‘boom’ minero, según dijo, causa temor, sobre todo en los pobladores rurales, cuya supervivencia depende directamente de los recursos naturales. “En los 90 veían en la minería una oportunidad, ahora se preguntan por el impacto en sus vidas, están convencidos que la riqueza se va y la pobreza se queda”.
“La lección del pasado es que las zonas mineras no sólo no alcanzan el ansiado desarrollo sino que quedan en peores condiciones sociales y ambientales que antes”, dijo la abogada.
El Mantaro, un río muerto
El peor ejemplo es La Oroya, la segunda ciudad más contaminada del planeta. En ese complejo metalúrgico se tratan concentrados minerales altamente tóxicos, denunció Paula Meza, ingeniera metalúrgica.
Los efectos en la salud humana y el ambiente son catastróficos: un estudio de 2005 reveló que en la sangre de los pobladores había mercurio, arsénico, antimonio y otros diez metales en niveles superiores a los límites tolerables fijados por la OMS.
“Analizamos 14 metales, sólo uno no excedía esos límites. La concentración de plomo en la sangre de los niños es alarmante, el aire que se respira contiene dióxido de azufre y otros gases venenosos…”
Y de 53 puntos de control de calidad del agua en la cuenca del Mantaro, sólo 9 están limpios, es un río muerto, precisó Meza, quien dirige el ‘El Mantaro revive’, un proyecto de la Arquidiócesis de Huancayo, que es coparte de la Misión Belén.
Arsénico, hasta en el aire
“En la cuenca hemos encontrado niveles de arsénico 280 superiores a los permitidos en Canadá. Por ello nuestro proyecto se concentra en revertir la emergencia ambiental en el complejo metalúrgico, cuyos relaves van a parar al río. Este año confirmamos que hasta en el aire hay partículas de arsénico”.
Los daños son incalculables, expresó Meza. “La empresa Doe Run, que opera en La Oroya, niega tales perjuicios y ha incumplido compromisos ambientales asumidos hace 10 años, gasta dinero para decir que genera desarrollo cuando es todo lo contrario”.
En 2007 la multinacional norteamericana pidió prolongar en tres años el plazo para sanear la zona, pero en 2009 paró sus operaciones causando un grave problema social. En abril ha comunicado que la empresa Glencore, con sede en Suiza, va a aportar capital, informó Meza.
Glencore y las emergencias ambientales
“He venido a preguntar cómo va a solucionar Glencore los graves problemas ambientales que ha dejado la firma norteamericana, a advertir la gravedad del problema y a pedir que se tomen decisiones teniendo en cuenta a los afectados, que no se interrumpan las actividades económicas locales y no se generen impactos negativos”, expresó Meza.
En Berna, Leyva y Meza se reunieron con Pietro Piffaretti, coordinador regional de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza. “Preguntamos sobre las políticas de cooperación y de inversión de las empresas suizas”.
Al respecto, Piffaretti señaló: “Nuestra embajada en Lima nos ha informado que el proyectado acuerdo financiero entre Doe Run y la compañía suiza Glencore permitirá a la empresa norteamericana efectuar las inversiones prescritas por el gobierno peruano y recomenzar las operaciones luego de un cese temporal.”
“Acogemos con satisfacción que empresas suizas contribuyan a la preservación de puestos de trabajo en el sector minero peruano, se preocupen del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del ambiente, y respeten las condiciones de vida de la población local”, agregó.
Suiza sigue de cerca la situación
Según indicó Piffaretti, la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo y la Secretaría de Estado de Economía son conscientes de los conflictos sociales y las consecuencias ambientales que implica la industria minera y hacen un seguimiento meticuloso de la situación.
Si surgen problemas, la Embajada Suiza en Lima busca el diálogo con las empresas mineras. Nuestra experiencia hasta hoy ha mostrado que las empresas suizas están sensibilizadas sobre los problemas mencionados, precisó.
Suiza, concluyó, se esfuerza para incluir en su política de derechos humanos y de paz a actores no estatales como empresas. “En diálogo con representantes del sector privado, la sociedad civil y los gobiernos extranjeros se desarrollan métodos e instrumentos que influyen positivamente en los derechos humanos”.
¿Sólo un problema de diálogo?
Leyva: “Las autoridades peruanas afirman que la inversión es buena, que todo está bajo control, que la tecnología se ha desarrollado tanto que ya no hay impacto ambiental, que sólo es un problema de comunicación y comprensión de lo que aporta la minería al país y que lo único que falta es dialogar”.
“En Suiza nos han escuchado. Estoy sorprendida de la facilidad de entablar diálogo con las autoridades”, manifestó Meza, a quien también le llamó la atención “pasar por el Palacio Federal y no ver policías”.
Según las peruanas, “en Suiza hay deseos de compartir la responsabilidad. Aquí hay empresas que son vigiladas por la ciudadanía, éste es un tema de la agenda común. La disponibilidad de muchos suizos para involucrarse es esperanzadora
