Durante los últimos meses, la empresa minero-metalúrgica Doe Run Peru ha intentado, por todos los medios, presionar al Estado para que éste le siga otorgando facilidades para resolver el problema económico-financiero del Complejo Metalúrgico, vinculando su pedido como única salida para que los trabajadores conserven sus puestos de trabajo.
Por Red Muqui
16/06/2010. Especialistas como María Chappuis (ex directora General de Minería del MEM) han advertido esta estrategia, desmintiendo dicha salida como la única para los trabajadores oroínos. Para Chappuis la problemática económica por la que atraviesa la Doe Run Peru es un tema que debe ser resuelto entre privados, y en la cual el Estado no debe intervenir.
“Lo que debe hacer el Estado es proteger los derechos de los trabajadores. Una de las alternativas que debería estar implementando el gobierno es un programa de desarrollo alternativo para toda la población de La Oroya que comprenda facilidades para que se establezcan empresas en la zona, préstamos a bajo interés para microempresarios; “bolsas de trabajo” para facilitar la reubicación de trabajadores, talleres de reconversión laboral. Además, se podría brindar capitales semillas para inversiones que generen empleo en la zona, así como acelerar la inversión pública como la remediación de los suelos, construcción de infraestructura vial entre otras alternativas”, sostuvo.
Cabe recordar que la empresa presenta dificultades para reiniciar sus operaciones. Tiene deudas y contingencias que se estima en más de mil 180 millones de dólares. A ello se suma que para operar necesita recursos adicionales que le permita adquirir concentrados para hacer funcionar el Complejo Metalúrgico.
Por su parte, Conrado Olivera, coordinador de la Mesa Técnica de La Oroya y directivo de la Red Muqui, recordó que si los trabajadores hubieran permitido que la ley se aplique hace un año, y el Estado hubiera ejercido su autoridad, la situación sería otra.
“Al ceder, lo que se ha hecho es prolongar una situación insostenible y agudizarla al extremo de agotar las posibilidades de que el Complejo Metalúrgico inicie sus operaciones en un corto plazo; por tanto, frente a la posible caída de la empresa, se tiene que preparar planes de contingencia para salvar la situación económica de los trabajadores”, agregó Olivera.
Cabe recordar, que el domingo último, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén aseguró que el gobierno viene trabajando un plan de apoyo a los obreros en caso la empresa minero-metalúrgica no cumpla con reiniciar sus operaciones el próximo 24 de julio.
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Según cálculos de María Chappuis, ex directora general de Minería del MEM
Nacionalizar Doe Run Peru le costaría al Estado peruano mil 180 millones de dólares
Frente a las últimas pretensiones de la empresa minero-metalúrgica Doe Run Peru en las que pide, entre otras cosas, que el Estado asuma toda la responsabilidad frente al daño ambiental ocasionado en La Oroya, así como el fraccionamiento de su deuda en la SUNAT, algunos líderes de opinión han sugerido como salida a esta problemática, la nacionalización de la empresa.
Para María Chappuis, ex directora general de Minería del MEM, esta opción no es la más conveniente para el país, pues el Estado tendría que asumir todas las deudas adquiridas por la Doe Run Peru, las mismas que -según proyecciones- sumarían mil 180 millones de dólares.
“Si se llegara a nacionalizar la Doe Run Peru, el Estado tendría que pagar al menos las siguientes sumas: 150 millones de dólares a su propietario (figura como deuda de la empresa); 120 millones de dólares a sus proveedores (de otra manera no podría recibir concentrados para operar la fundición). Estas 2 acreencias suman 270 millones de dólares.
Sin embargo, con 200 millones de dólares se puede construir una fundición similar, pero de última generación, y no la planta sub-estándar que está a medio construir en La Oroya”, indicó Chappuis.
Asimismo, la experta en temas mineros sostuvo que a esta cuenta faltaría sumarle la deuda que la empresa minero-metalúrgica tiene con la SUNAT, la misma que ascendería a 270 millones de dólares. Además, la limpieza ambiental (40 millones de dólares), la inversión que falta para concluir la planta sub-estándar (100 millones de dólares), así como las indemnizaciones de los juicios en Estados Unidos por daños a la salud de la población y de los trabajadores de La Oroya, suma que ascendería a los 500 millones de dólares.
“En cambio, si el gobierno decide subvencionar con 10,000 dólares a cada uno de los trabajadores de La Oroya para que se reubiquen, le costaría al Estado solamente 38 millones de dólares”, puntualizó Chappuis.
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Red Muqui
