Se cumple un año de aquel 5 de junio, día en el que todos los peruanos fuimos testigos de los lamentables y sangrientos hechos en Bagua que dejaron 33 peruanos muertos, un desaparecido y al menos 200 heridos. ¿Cómo se llegó a ese escenario? ¿Cuál es la situación actual de este conflicto? ¿Qué rol desempeña Alberto Pizango? ¿Qué ha hecho el Estado peruano hasta el momento? Sobre estos temas, PuntoEdu conversó con Oscar Espinosa, coordinador de la especialidad de antropología de nuestra Universidad y especialista en la amazonía.
Fuente: Puntoedu
Oscar Espinosa
Coordinador de la Especialidad de Antropología
Master y Ph. D. en Antropología The New School for Social Research, New York
A un año de lo sucedido, ¿Qué pasó en Bagua?
La explicación inmediata fue que a partir de la promulgación por parte del Ejecutivo de algunos decretos que buscaban adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con EEUU, se infiltraron algunos otros decretos que afectaban directamente los derechos de los pueblos indígenas. Estos decretos llevaron a las primeras movilizaciones en el año 2008, que culminaron en un gran paro en agosto de ese año que derivó en la derogación de dos de estos decretos.
El Estado se comprometió a establecer una comisión en el Congreso para evaluar la constitucionalidad de estos decretos. Esta comisión llegó a la conclusión que esos decretos eran inconstitucionales y mandó derogarlos. Sin embargo, pasaban los meses y el congreso no derogaba y el ejecutivo no se pronunciaba. En el mes de marzo del 2009 las organizaciones indígenas piden al gobierno una repuesta. Al no haber ninguna respuesta se convoca a un nuevo paro en abril del 2009, este paro dura aproximadamente dos meses y termina con los trágicos hechos de junio.
¿Qué ha cambiado en la legislación peruana después de ello?
Después del paro se acordó crear una Mesa de Coordinación Nacional, que era en realidad una mesa de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Se formaron cuatro comisiones, la primera tenía que hacer un informe de la verdad acerca de lo que sucedió el 5 de junio en la Curva del Diablo. Este informe fue muy cuestionado por la opinión pública y las organizaciones indígenas pues se estaba faltando a la verdad en muchos aspectos, de hecho, no fue firmado por dos miembros de la comisión así que solo fue aprobado en mayoría.
Hubo una segunda comisión, que fue la primera que entregó su informe y que era la encargada de revisar los decretos legislativos y hacer una propuesta frente a estos decretos. Ellos entregaron sus propuestas en agosto del 2009, sin embargo hasta el momento el Congreso no ha terminado de derogar los otros decretos que fueron cuestionados y siguen vigentes a pesar de estar en suspenso. Una tercera comisión tenía que hacer una propuesta para reglamentar el derecho a la consulta, entregaron su informe en noviembre del 2009. Después de mucho dilatarse el debate sobre estos temas recién, hace unos días, se ha promulgado una ley de consulta para pueblos indígenas. La cuarta comisión lo que tenía que hacer es proponer una serie de medidas para establecer políticas públicas para los pueblos indígenas de la Amazonía, hasta el momento no se discute.
Además de estas cuatro comisiones legislativas también está el proceso judicial contra una serie de dirigentes que nada tuvieron que ver con los sucesos y, aunque varios de los que estuvieron presos ya han salido, muchos siguen presos. A otros se les han cambiado el mandato de detención por uno de comparecencia.
Como en el caso de Alberto Pizango
Así es, varios de los juicios que tenía en su contra han sido suspendidos por falta de pruebas. Eso es lo que ha permitido que vuelva. Era obvio que los delitos de los que se acusaba a Pizango no tenían pruebas por lo que no había ninguna justificación para ser juzgado. Se convirtió en una persecución política.
¿De qué se acusó a Alberto Pizango?
De instigar a la violencia, de ser el responsable de las víctimas del 5 de junio, se le empezó a acusar de todo, a pesar que la Fiscalía encontró responsabilidad en los mandos policiales y sobre ellos no se ha abierto ningún proceso.
Tampoco hubo ningún proceso contra las autoridades del Estado
Ninguno, es más, en el informe de la comisión sobre los hechos de Bagua toda la responsabilidad recaía sobre los pueblos indígenas y no se reconocía ninguna culpabilidad de parte del Estado. Al parecer nunca se equivocaron, a pesar de que se ha probado en las investigaciones que los indígenas no tenían armas de fuego. Además, se han encontrado unas actas que datan del día anterior de los hechos en donde se puede ver que los indígenas llegaron al acuerdo de suspender el paro y eso lo sabían muy bien los policías de la zona. Y aún así se dio la orden de desalojar violentamente a los manifestantes que estaban en la carretera. Ahí hay por lo menos una responsabilidad de los mandos policiales y sobre todo de la ministra de ese entonces, Mercedes Cabanillas.
En aquella época el gobierno manifestó que el gran problema fue que en la selva se dialogó demasiado
Eso es absolutamente falso, como muchas de las cosas que dijo el gobierno antes y después del 5 de junio. Se dijo, durante las primeras horas, que los indígenas habían atacado un helicóptero, hablaron de un complot internacional, de un complot de los partidos de oposición, quisieron involucrar a la Iglesia Católica, es decir, se han venido dando versiones falsas que después se ha podido aclarar gracias a los informes de la Defensoría del Pueblo, de las comisiones internacionales y los informes en minoría que las comisiones nacionales han presentado.
Sin embargo, hay policías muertos. ¿Cómo explica eso?
Por supuesto, fue una tragedia. Sin embargo tengamos en cuenta que la sensación de la población fue que estaban en guerra. Ellos veían que los estaban atacando y estaban matando a sus dirigentes. Incluso, hoy en día hay mucha gente en esa región que no entiende por qué los atacaron como si fueran enemigos, como si se tratara de un ejército de otro país, cuando en ningún momento ellos habían estado armados ni iniciaron los enfrentamientos. En ese contexto la muerte de los policías fue una respuesta violenta a un acto violento inicial. Ese es el problema de utilizar la violencia si es que no se mide las repercusiones que esta puede tener.
Se está convocando a una nueva movilización a un año de los hechos sucedidos en Bagua, ¿qué podríamos esperar de esta manifestación?
La mayor parte de la población indígena, como la mayor parte de la población peruana, no quiere realizar actos violentos, el problema del país es que precisamente hay muy poco diálogo, a pesar de lo que diga el gobierno. La gente presenta sus quejas por las vías formales y nunca se les escucha y se espera a que las situaciones lleguen a un punto crítico, en el que la gente, harta de que no se le dé respuesta de nada, realiza paralizaciones o tomas de carreteras. Recordemos que Bagua no comienza en el 2009, desde el 2007 ya hay reclamos. Se ha acostumbrado a la gente a que la vía formal es inútil y sólo se les escucha cuando se toman medidas de fuerza. Si el gobierno escuchara, respondiera y solucionara las quejas de la población se evitarían este tipo de situaciones.
¿Cómo los awajún están empezando a construir sus imaginarios sobre el gobierno después del 5 de junio pasado?
En general la población amazónica está muy defraudada con el estado, no solo con el gobierno sino con el estado peruano. Este estado que no defiende sus derechos y que, a pesar de ser peruanos como cualquiera, no se toman en serio los compromisos con la población amazónica pues la mayor parte de las decisiones se toman sin siquiera consultarles. Uno de los temas críticos es la relación con las empresas de hidrocarburos o las empresas mineras. En ese caso, el rol del estado que debería ser de mediador o árbitro, es más bien de socio de la empresa. En vez de defender los intereses de la población, el estado se la juega por la empresa y la pregunta que surge en los awajún es “¿por qué no nos tratan como peruanos?”. Es un sentimiento de profunda decepción, se sienten traicionados.
¿Qué hacer para lograr que exista una solución a esta situación?
Lo primero es que el Gobierno tiene que cambiar su actitud, aunque, por lo que hemos podido apreciar, este gobierno no tiene el más mínimo interés en cambiar nada. Solo está esperando que acabe su mandato para pasarle estas bombas de tiempo al próximo que venga. El Estado tiene una oficina de Asuntos Indígenas (INDEPA), esta institución se ha pasado los tres últimos años en reestructuración, no ha hecho nada. Hay una serie de temas con respecto a las industrias extractivas, las hidroeléctricas y la situación de los pueblos en aislamiento voluntario. En fin, no existe ningún tipo de órgano que genere políticas públicas para la Amazonía. Hasta que el Estado no defina esto, los problemas seguirán repitiéndose.
Entrevista: Ricardo Reátegui
Foto: Franz Krajnik
