Una familia de nativos de Perú demandó ante una corte federal en el estado de Delaware (Estados Unidos) a la compañía minera de oro más grande de América del Sur. Se trata de la estadounidense Newmont Mining Corporation, que opera en territorio peruano mediante de su filial Yanacocha. Máxima Acuña de Chaupe fue la promotora de la exposición judicial para denunciar la persecución que viene soportando su familia por parte de la compañía.Según la denuncia, la minera busca apropiarse de las tierras ancestrales de esta familia campesina en la región de Cajamarca para difundir su negocio.
La ciudadana peruana es representada por EarthRights International (ERI), una Organización No Gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos y la ecuanimidad ambiental.
Su conductor, Marco Simons, sustentó en un comunicado citado por Diario Correo, que la petición busca “contener la intimidación y la persecución contra la familia Chaupe, para que puedan vivir sosegadamente y cultivar sus tierras”.
De esta manera, puso de relieve “el acoso sistemático y los abusos físicos y psicológicos” llevados a cabo contra la familia por parte del personal de la compañía multinacional. Por su parte, Acuña de Chaupe agregó que pretenden “obtener el reconocimiento de los perjuicios que hemos encontrado”.
Los nativos contra las mineras y las petroleras
En Perú se han observado varios de estos conflictos durante los últimos años. La denuncia de Acuña de Chaupe resulta únicamente un modelo de una problemática que cruza toda la nación.
De hecho, la misma campesina ganó el año pasado el Premio Medioambiental Goldman por una querella contra la compañía Yanacocha en relación al plan Conga.
Sin embargo, eso se ha visto con el afamado emprendimiento conocido como Lote 192, que cuenta con el diecisiete por ciento de las reservas petroleras peruanas. Allí la Pacific Exploration & Productionse encuentra en apremio con comunidades originarias que piden la cancelación de un resarcimiento por la explotación de sus tierras.
De hecho, han detenido la producción como manera de protesta para requerir una consulta ante una potencial nueva concesión y para reclamar medidas de protección ambiental.
