Mientras la clase dominante -mediante los medios de desinformación- empieza a preparar el ambiente de las elecciones presidenciales 2011 para escoger que candidato será el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno, las comunidades campesinas de Ayabaca, Piura siguen combatiendo a las transnacionales que a sangre y fuego -y con ayuda del gobierno- intentan imponer la explotación minera aunque los pueblos no estén de acuerdo, porque dañará el medio ambiente y los dejará sin agua.
Fuente: Upside Down World
24/02/2010. Upsidedownworld entrevistó a un referente de estas luchas, Mario Tavra Guerrero, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de la Vida y el Agro de Ayabaca.
– En el contexto de militarización de los territorios y la criminalización de la protesta en Ayabaca. ¿Cómo están tus procesos judiciales?
– Siguen abiertos, incluso estoy con una comparecencia restringida en la cual no puedo salir de la localidad de Ayabaca sin previa autorización del juez. Y esa es prácticamente otra forma de seguimiento a mis actividades. Como persona y como ciudadano debería realizar actividades y tener tránsito libre en mi país, pero esta comparecencia la han hecho para que no realice ningún tipo de actividades ni coordinaciones con nadie.
– ¿Esto es porque en el 2005 participate en las resistencias contra la empresa minera Majaz?
– Sí, donde se me sigue acusando a pesar de que las pruebas no determinan de que le arrebate el arma a un capitán de la policía perteneciente a la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales), dicen que le disparé, sustraje el arma y me la llevé. Cuando ocurrió todo lo contrario, fuí detenido, torturado durante tres días y por lo tanto, no había opción para estar sustrayendo armas ni enfrentamientos de ese tipo. Y más aún cuando nos hicieron la prueba de absorción atómica no nos encontraron ninguna sustancia de haber percutado armas. Por lo tanto no tiene sustento, además de las contradicciones del mismo capitán que no sabe que hacía ni como era el sujeto a quien dice se enfrentó. Encima en su primera versión aseguró que le habían forcejeado, no arrebatado el arma y esta se había disparado casualmente. Después dijo que yo se la había arrebatado. Hay un montón de contradicciones por las que deberían suspender este juicio, sin embargo nos mantienen controlados bajo estas acusaciones.
– Con la justificación de buscar culpables del atentado a las instalaciones de la minera Río Branco te siguen persiguiendo…
– A raíz de la gran resistencia que vienen ofreciendo las comunidades campesinas que en grandes asambleas acordaron no aceptar la minería y al parecer acabársele los plazos al presidente Alan García para entregar estos territorios y se inicie la exploración como el de las transnacionales Newmont y la Sigiminim para la explotación minera se ha empezado a desatar una fuerte persecución criminalizando todo tipo de resistencia. Precisamente, el 1 de noviembre del 2009 hubo un atentado bastante extraño en el campamento Río Blanco, en un primer momento se quiso involucrar a las comunidades campesinas de que eran las autoras de este atentado donde murieron lastimosamente trabajadores de las empresa minera, que no son más que los mismos comuneros de Huancabamba que estaban laborando ahí y el administrador.
Entonces a raíz de este atentado bastante extraño se nos quiso involucrar a los que estábamos en la defensa del medio ambiente, primero mediante los medios de comunicación se trató de decir de que eran ambientalistas, terroristas y aliados con el narcotráfico los que no querían la presencia minera y por eso realizaban este tipo de atentados. Después de esto como no pudieron demostrar esta hipótesis empezaron a notificar, en mi caso me enviaron tres notificaciones en una semana, algo extraño que nunca se ha dado en los procesos judiciales y empezaron a llegar notificaciones cada dos días, las que supuestamente son cada tres días como máxima eficiencia que pudieran tener la administración para notificar.
No se podía llegar a Huancabamba desde Ayabaca porque hay que bajar de Ayabaca a Piura en un día, subir en otro día a Huancabamba y desde que llega la notificación hasta el traslado se pasaba el tiempo. Por lo tanto, no se podía ir, sin embargo ellos por telêfono nos enviaban estas notificaciones, nosotros queríamos comunicarnos con quien nos notificaba y nunca nos daban este tipo de información, ni a quien dirigirnos para pedir por ejemplo una fecha postergable para que nosotros pudieramos asistir con tiempo, nunca se nos quiso decir. Nos decían: “nosotros no sabemos nada, sólo cumplimos órdenes y les entregamos la notificación”. Entonces el problema era ese.
Después de la segunda notificación el 29 de noviembre llegó a mi casa la fiscal de Huancabamba junto con el comandante de la DININCRI (Dirección Nacional de Investigación Criminal), argumentando que están realizando la investigación del atentado del 1 de noviembre. Le dijeron a mi familia -porque yo no me encontraba en la casa- de que se me quería facilitar la manifestación que tenía que dar por los hechos del 1 de noviembre. La segunda notificación decía: “hechos de sangre en Huancabamba”, es decir se me estaba incriminando en asesinatos, no era una cuestión de que diga usted se está presentando como testigo queremos que nos de alguna referencia, era una situación de involucramiento directo.
Mi hija me llamó por teléfono y me comunicó que se encontraba la fiscal con el comandante y cuatro policías en la puerta de mi casa esperando a ver si salía por algún lado, estaban vigilando las dos puertas. Cuando me comuniqué con los abogados me dijeron que no era dable que me presentara en esas condiciones porque era otra la intencionalidad de esta intervención en mi domicilio, más aún mi hija salió a buscarme por Ayabaca y el comandante les dijo a los policías que la siguieran para ver donde me encontraba. Esa es una situación que se está extendiendo, la persecución ya no sólo a mí como dirigente sino también a la familia y en este caso es un agravante de persecución.
Estaba en Ayabaca pero no en mi domicilio, entonces dejaron un acta donde hacían de conocimiento que tenía que presentarme en dos días, es decir el 1 de diciembre pero no estaba notificado, solamente en el acta de presencia que habían ido a notificarme. El lunes 30 recién me llega la notificación a eso de las diez de la mañana y me decían tiene que estar el día martes a las seis de la tarde en Huancabamba, me trasladé a Huancabamba esa tarde, dormí en Piura y volví a ir a Huancabamba en la tarde. Y la sorpresa fue que la fiscal no estaba a la hora de la manifestación, llegó más de una hora después y me dijo: “no era necesario que este acá, usted a podido dar su manifestación tranquilamente porque es simplemente en calidad de testigo”.
Es decir a un testigo lo tienen que presionar para que vaya a manifestar, los testigos son voluntarios y no tienen porque ir policías ni fiscales a mi casa como presión para una manifestación de este tipo. Luego me decían que por qué he tenido que contarle a la prensa que enviaron policías y fiscales. Un poco como que bajaron la guardia gracias a que los medios de comunicación empezaron a denunciar este nuevo atentado de persecución con lo cual dimos nuestra manifestación junto con la abogada y nos dejaron salir a eso de las nueve de la noche en un descampado prácticamente. Porque el lugar donde se ha instalado la DININCRI en Huancabamba no es en la ciudad, es en un puesto de sanidad que queda en un paraje apartado de la población y esto se presta para muchas cosas como pueden ser las desapariciones que el Estado peruano ha realizado en muchos lugares del país.
A partir de ahí no tenemos el resultado, porque según nos dijeron tenían veinte días para la investigación cerrada, secreta sin informe de que manifestaba una persona ni la otra pero ha pasado más de un mes y no han elaborado el informe o el pliego de cargos que se nos pueda acusar. No sabemos en que situación está. Agradezco a los medios de comunicación solidarios sobre todo a los medios independientes que han podido hacer la denuncia y frenar un poco la intencionalidad de las detenciones arbitrarias.
– Es que el papel del estado peruano es el de un ejército privado de las transnacionales.
– Si hay intencionalidad en base a estos últimos decretos supremos que el gobierno le ha dado a la compañía Newmont y a otras empresas, les ha entregado 18 mil hectáreas en otra zona a vuelta de páramo de bosque de neblina, prácticamente el gobierno aprista ha entregado toda la cordillera de Ayabaca -frontera entre Ecuador y Perú-. Primero fue el gobierno de Alejandro Toledo con los decretos 022 y 023 del 2003 y ahora es el decreto 072 del 2009 de Alan García entregó la otra parte de la cordillera que faltaba. Eso es un grave atentado contra la ecología de la provincia donde nacen las aguas son plenos páramos, cordilleras desde donde bajan las aguas a Piura, si se llegan a desarrollar estos proyectos mineros en la parte alta Piura no va a tener agua ni las provincias del norte de la región Cajamarca como es San Ignacio y Jaén.
– Incluso circuló una versión muy publicitada por los medios de desinformación en el que culpaban al narcotráfico por el atentado a la minera Río Blanco.
– Claro, siempre tratan de mezclar un tema con otro para justificar lo que ellos mediante los medios grandes dijeron hay que militarizar la zona para pacificarla. O sea si no son terroristas son narcotraficantes o una alianza perversa entre el narcotráfico y el terrorismo para acabar con la inversión. Pero mira como confunden, se trata de una campaña psicosocial para que la población acepte la militarización en Ayabaca -cierto que está en la zona de frontera- pero no es para proteger nuestra frontera de enemigos externos sino para proteger a las empresas transnacionales y que desarrollen la destrucción de los ecosistemas. Entonces como no resultó esta acusación creo que están viendo otra estrategia para nuevamente poder asentar al ejército, porque esta vez quieren el ejército, no solamente está la DINOES que está ahí resguardando la empresa minera. Es decir, se han vuelto guardianes de las empresas mineras.
– Por eso amenazaron con que iban a instalar una base militar en Ayabaca.
– Claro, desde el gobierno empezaron a lanzar esa idea dirigida a nosotros. Es una prueba para captar la respuesta del pueblo que dirá si lo instalan o no. Sería un ensayo previo para que si en Ayabaca se militariza entonces pueden militarizar las otras zonas donde empiecen a surgir resistencias contras las transnacionales. El ensayo para ver si se militariza y silencia Ayabaca es porque esta es una de las comunidades más resistentes a la minería en Perú, entonces si les resulta favorable lo pueden aplicar en otros lugares. Esa es la intención.
