Los peruanos deben saber que no son una nación soberana. Que hay espacios dentro de su territorio adonde no llegan las leyes de la República. No se trata de enclaves secuestradas por una potencia extranjera como castigo de guerra. No. Es algo más sencillo, y lucrativo, que eso. Se trata de grandes empresas mineras, quizá la más ricas del mundo, que, gracias a beneficios excepcionales -que no se le otorgan a ningún peruano de a pie-, están blindadas contra las leyes nacionales, incluso las de carácter constitucional, y pueden apropiarse, a su antojo, del dinero de todos los peruanos.
Fuente: Correo Perú
Chimbote – 31/01/2010.| ¿Cómo lo hacen? Bueno, todos sabemos que el Perú es el País de las Maravillas y no es necesario romperse la cabeza para darse cuenta que, en este fantástico lugar, a punta de faenones están hechos los grandes negocios.
En el año 1998, durante la cleptocracia de Fujimori, las empresas mineras Antamina, Yanacocha, Cerro Verde, Tintaya y Barrick lograron que se le otorgara el D.S.027-98-EF. (llamado de Reinversión de Utilidades No Distribuidas), en virtud del cual podían apropiarse del Impuesto a la Renta -del cual se deriva el Canon minero- y, con ese dinero dejado de pagar, ampliar sus instalaciones productivas. A ello hay que agregar que, con anterioridad, ese gobierno ya les había exonerado del pago de las Regalías mineras. En el colmo de la audacia, esas mineras, sabedoras que esos beneficios no durarían porque ocasionaron un escándalo internacional -en el Perú nadie chistó-, lograron que el fujimontesinismo les otorgara un Convenio de Estabilidad Tributaria, por el cual podían mantener sus gollerías por quince años así las leyes que les concedieron fueran modificadas o derogadas más adelante.
El Perú es un país rico donde vive una nación empobrecida. ¿A qué se debe eso? Obviamente, el problema no es la falta de generación de riqueza sino la injusta distribución de la misma. Ninguna región del planeta ha generado tanta riqueza como Cerro de Pasco. Sin embargo, las grandes empresas mineras extrajeron todo el recurso natural que pudieron y luego dejaron a una población tan analfabeta y tan miserable como cuando llegaron. Con el agravante de que ahora esa población vive en medio de un ambiente lunar: moviéndose como fantasmas entre cráteres y respirando un aire envenenado.
Tampoco hay que ser ingenuos. No hay que olvidarnos que esas empresas llegan a un país con el objeto de saciar su gran voracidad, que no se mueven en base a principios morales sino en razón a la tabla de costo-beneficios. Pero para eso está la ley. Y los gobernantes que tengan interés en hacerla cumplir. La ley es una invención que nos hace iguales, en medio de nuestra diversidad, a pobres y ricos, a blancos e indios, a creyentes y ateos, a intelectuales y analfabetos, a todos entre todos. Cuán eficaz es una ley, eso depende de los gobernantes. Veamos, por encima del malhadado D.S. 027-98-EF -que fue derogado dos años después de su promulgación- está la Constitución que consagra el derecho inalienable de los pueblos a recibir, por concepto de Canon, un resarcimiento por los recursos naturales que se explotan dentro de su circunscripción. ¿Y qué pasó? El señor Alan García, cuando era candidato, prometió dejar sin efecto el Convenio de Estabilidad Tributaria porque, es de suponer, creía que era injusto e ilegal. Sin embargo, llegó al poder y sanseacabó. Si te vi, no me acuerdo.
Ahora, Antamina ha logrado, amparada en ese Decreto ya derogado y en un trámite sumarísimo, que el gobierno aprista le apruebe su Programa de Reinversión de Utilidades No Distribuidas para los años 2009 al 2013. Y para completar, estos apristas han conseguido, en confabulación con los representantes de la minera, que el Presidente regional de Ancash avale este faenón firmando un Acta de Compromiso. Nadie ha objetado ese trámite. Ni la Sunat -que persigue a mansalva a cualquier peruano chiquito que se olvida de declarar por un día el impuesto a la Renta- ni el Ministro de Energía y Minas ni el “rebelde” de Ancash. Nadie. ¿Qué pueden pensar los peruanos pedestres? Que sus autoridades políticas son como geishas que se abren el kimono al menor escarceo con el color del dinero.
Antamina tiene todo el derecho de ampliar sus instalaciones y de producir más, si quiere. Eso no se le objeta. Pero que lo haga con su propio dinero, no con el de todos los peruanos. Que lo haga con los seis mil trecientos millones de dólares de sobreganancias que ha obtenido en los últimos años O, en todo caso, que lo haga con los más de trecientos millones de dólares que se ha embolsicado de las Regalías. Y que respete el derecho de todos los peruanos a vivir en mejores condiciones. Y que respete la ley 27506, vigente, que señala que cualquier empresa minera que quiera acogerse a un beneficio tributario, primero tiene que cancelar el monto correspondiente al Canon.
Hace algunas décadas atrás, Carlos Malpica escribió el libro “Los dueños del Perú”. En él nos hablaba de un puñado de familias que poseía la mayor cantidad de tierras, en desmedro de la mayoría de peruanos. Por ello fue tildado de rojo y mirado como un apestado por los descendientes de esas familias. Pero estos nuevos amos son diferentes. Ellos no quieren adueñarse de la tierra. Es más, no quieren tener ninguna relación de pertenencia con la tierra. Ellos sólo quieren sacarle el jugo al país. Explotar sus recursos naturales hasta que se acaben, sin dar nada a cambio, si los gobernantes de turno lo permiten. Y después, cuando sólo quede un paisaje lunar, buscar otro país igual de rico, y con autoridades igual de permisibles, adonde trasladarse. ¿Se acuerdan de la plaga de langostas de que habla la Biblia?
