Rechazo al proyecto minero Tía María alcanza el 97%. Seis distritos de la provincia arequipeña de Islay se pronunciaron a través del voto. Este proyecto está a cargo de la Sotuhern Copper Company (SCC).
Fuente: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
La Consulta Vecinal desarrollada ayer domingo 27 en seis distritos de la provincia de Islay, región Arequipa, dio como resultado el 97% de los votos válidos en rechazo a las operaciones del proyecto minero Tía María en sus territorios.
Desde las nueve de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde, los pobladores de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, Mollendo, Islay Matarani y Mejía, acudieron ordenadamente a las mesas de votación. En Cocachacra y Punta de Bombón, respondieron a dos preguntas: ¿está usted de acuerdo con la actividad minera que quiere realizar el proyecto minero Tía María y otros proyectos mineros?, y ¿está usted de acuerdo con el uso de aguas subterráneas y superficiales para la actividad minera del proyecto minero Tía María y otros proyectos mineros? En los restantes, solo respondieron a la primera pregunta.
Los resultados son los siguientes:
¿Está usted de acuerdo con la actividad minera que quiere realizar el proyecto minero Tía María y otros proyectos mineros?
SI: 358 votos ( 2.93%)
NO: 11593 (95.09%)
Blanco/Nulos: 240 (1.96%)
Total: 12.191 (100%)
Con relación a la segunda pregunta, en Cocachacra hubo 48 votos por el sí y 1896 por el no; en Punta de Bombón, 48 votaron por el sí y 1896 por el no. En los seis distritos, si consideramos solo los votos válidos, el no alcanza el 97%.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) saluda la realización esta Consulta Vecinal y demanda a las autoridades competentes que den carácter vinculante a sus resultados, como lo establecen el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
La CAOI reitera además sus propuestas de dar rango de Ley Orgánica a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, así como promulgar una Ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado. Sobre esta última, existen los proyectos de las organizaciones indígenas y de la Defensoría del Pueblo, que el Congreso de la República debe debatir y aprobar de inmediato, a fin de prevenir y evitar conflictos provocados por la incursión inconsulta de proyectos extractivos en territorios comunales.
Lima, 28 de septiembre de 2009
Coordinación General CAOI
Consultas ciudadanas frente a la minería: el proyecto Tía María en Arequipa
Luis Vittor
El Perú es uno de los países latinoamericanos donde la extracción de sus recursos naturales es fuente de interminables conflictos sociales que nos devuelven viejas contradicciones en tiempos modernos donde esta vez el capital económico internacional se enfrenta al derecho al desarrollo de las comunidades locales.
En este escenario de contradicciones donde los instrumentos de participación administrativa de las instituciones del Estado central en la aprobación de los proyectos mineros no logran encontrar salidas a los conflictos, una vez más son las instancias locales del Estado las que encuentran mecanismos democráticos para consultar a sus vecinos con respecto a la realización de actividades mineras en su jurisdicción.
La consulta de Islay
Esta vez fue en la provincia de Islay, región de Arequipa, en la costa sur del país, donde se ubica el proyecto “Tía Maria” de la empresaSouthern Copper Corporation (SCC), bajo control del Grupo México. En el proyecto se invertirían más de US$ 950 millones y tendría una duración de 21 años para extraer cobre a través de dos tajos abiertos; asimismo utilizaría las aguas subterráneas a través de pozos que se ubicarán en el valle del río Tambo.
Para los pobladores locales, según información difundida por la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), el proyecto afectaría la disponibilidad de agua, lo cual limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprika en el valle del río Tambo. Esta situación motivó la oposición de los pobladores al proyecto minero que se organizaron en el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En el marco de los procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas, el proyecto debía ser presentado en audiencia pública a fines del mes de agosto a la población del distrito de Cocachacra. Sin embargo, debido a la oposición de la población la audiencia fue suspendida. Posteriormente las autoridades locales iniciaron la convocatoria a la consulta vecinal para decidir sobre la realización del proyecto minero.
La provincia de Islay tiene seis distritos en los cuales se realizaron consultas vecinales con la finalidad de conocer la opinión de los ciudadanos con respecto al proyecto minero y la utilización de las aguas subterráneas. El domingo 27 de septiembre, día de la consulta, sus promotores adelantaron resultados al reportar la participación de 7,439 pobladores en tres distritos.
En Cocachacra con la participación total de 3,131 pobladores, en promedio más de 2,900 se pronunciaron en contra de la minería; en el distrito de Punta de Bombón, participaron en total 2004 pobladores, de los cuales más de 1,800 expresaron su oposición a la minería; y en el distrito de Dean Valdivia, 2,211 lo hicieron en el mismo sentido que sus vecinos.
El desafío de las consultas: consolidar la alternativa a la minería
Llevamos tres experiencias de consulta: Tambogrande (2002), Ayabaca y Huancabamba (2007), Candarave y Tarata (2008). La característica común entre ellas ha sido la participación de gobiernos locales y/o municipales en su promoción a través de la creación de la consulta vecinal como uno de los mecanismos de participación ciudadana, además amparada por la Constitución y la legislación municipal.
Un aspecto central de la resistencia a los proyectos mineros es la relación de sus impactos negativos con la producción agropecuaria y el uso del agua para la minería. Está claro que hay una valoración creciente de las actividades productivas propias y los recursos naturales de los que depende la vida y la subsistencia local.
Sin embargo, no todas las consultas han tenido el impacto esperado para detener los proyectos mineros. Tambogrande, podría ser una excepción donde, tras una victoria contundente del “no a la minería”, rápidamente el gobierno desistió de continuar apoyando el proyecto de la minera canadiense Manhattan. En Ayabaca y Huancabamba, a dos años de su realización, el proyecto minero de la empresa Río Blanco Copper no ha logrado avanzar y sus accionistas encaran procesos legales por violación a los derechos humanos de los pobladores.
En ambos casos destacan una amplia movilización y respaldo nacional e internacional a los procesos de resistencia en general. Por otro lado, la realización de consultas en estos ámbitos han generado polarización, tanto mediática como a nivel local, que colocó en discusión el tema de la democracia local versus las inversiones mineras en nombre del interés nacional.
Mientras que en Candarave y Tarata, las consultas no se realizaron con especificidad sobre un proyecto minero, hecho que limita observar el impacto de sus resultados. En el caso de Islay, donde era esperada una victoria provincial del “no” contra el proyecto minero, el final aún es incierto y dependerá de las fortalezas acumuladas en el proceso por los actores de la resistencia, porque la empresa anunció que insistirá en obtener el respaldo local.
De las experiencias, con excepción de Tambogrande, creemos que el desafío de las consultas vecinales no es su carácter vinculante para las instancias locales que las promueven sino la necesidad de reafirmar y fortalecer el modelo de desarrollo local que sus pobladores defienden porque constituye su fuente de subsistencia y vida.
La movilización que generan las convocatorias a consultas vecinales podría a su vez ser aprovechadas para que después del “no a la minería” se consensúen políticas locales que construyan la alternativa propia y se realice la autodeterminación de los pueblos en términos del derecho al desarrollo que aspiran. El fondo del debate alrededor de las consultas no debe ser el proyecto minero sino el desarrollo local y regional.
‘Gobierno debe respetar consulta vinculante’
De otro lado, el presidente del comité electoral de Cocachacra, José Gutiérrez Zevallos, sostuvo que el proceso electoral demandó 3 mil soles, los cuales fueron cubiertos por donaciones de pobladores y una ayuda económica del partido Arequipa Tradición y Futuro, por un monto de 500 soles.
En tanto, el congresista nacionalista Pedro Santos asistió a la votación en calidad de veedor, al igual que un representante de la ONG belga Broederlijk Delen e integrantes de la Asociación Civil Transparencia.
El parlamentario consideró que “la consulta debe ser vinculante y el gobierno central debía respetarla, ya que de no hacerlo propiciaría un nuevo conflicto social en esos distritos de Arequipa”.
