El estudio del Dr Francisco Durand, caracteriza un «enclave» como una gran empresa extractivo exportadora, generalmente privada-extranjera, que domina un extenso territorio. El enclave minero moderno posee un grado de influencia y acceso al Estado que ha reforzado una asimetría de poder a todo nivel y ha generado nuevas formas de “poder político” de las corporaciones, con serias implicancias. El Estado peruano y los gobiernos regionales y locales, no solo estarían protegiéndo y cediendo funciones a los enclaves, sino que, al mismo tiempo, estarían evadiendo sus responsabilidades, limitando o no contribuyendo a generar un ambiente positivo de desarrollo regional y local para convertir a su sociedad civil en administradores y ordenadores autónomos de sus territorios.

Fuente: Diario UNO
El trabajo del Dr Francisco Durand, Poder político y gobierno minero, considera doce proyectos de las mineras modernas y “se explica mejor recurriendo al concepto enclave, que permite conocer las posibilidades y limitaciones para permitir el desarrollo de la institucionalidad de la sociedad civil”.

Para Francisco Durand, experimentado académico egresado de las Universidades de California-Berkeley y Oxford, la autorregulación corporativa tiene límites fijados por la defensa del interés económico, y por lo tanto la relación corporación-comunidad-Estado va más allá del lente de la responsabilidad social corporativa y de los diálogos.

Explica que el enclave que se usa en las visiones críticas de la Ciencia Política y Sociología, es una gran empresa extractivo exportadora, generalmente privada-extranjera, que domina un extenso territorio.

FUNCION DEL ESTADO
En el Perú, esos enclaves operan en entornos sociales pobres y de cultura indígena y mestiza, realidades que hacen urgente a las corporaciones obtener la “licencia social para operar”. La alianza que logran con el Estado les facilita ejercer el control local, pero de un modo que afecta o limita la autonomía y la capacidad de gestión y decisión colectiva comunitaria.

“La realidad cotidiana de cómo actúan en la práctica diaria las corporaciones en el Perú y otros países parecidos, alejan la valoración de que las corporaciones proponen un manejo altruista del entorno sobre la base del conocimiento”, expresa el analista Durand.

Desde otras perspectivas, señala Durand, en algunos casos las corporaciones son vistas como “buenas ciudadanas”, que adoptan las buenas prácticas, buscan mantener relaciones horizontales colaborativas con las comunidades o enfatizan en el rol del diálogo y conflicto en las relaciones con las comunidades y el Estado, por “medio de acuerdos”, generalmente frágiles, poco estables y rápidamente mutables.

Francisco Durand, consultor del BID y autor de libros y artículos sobre las relaciones empresarios–gobierno, en el Perú y América Latina, actualmente se encuentra investigando a doce grupos de poder económico peruanos: 6 de Lima y 6 provincianos.

HISTORIAS DE VIOLENCIA Y MUERTE
Una de sus más recientes investigaciones es el Cuaderno de Cooperación Acción titulado Poder político y gobierno minero, cuyo enfoque y su aplicabilidad en el Perú, analizan el modelo económico y doble ritmo de políticas públicas en el gobierno, caso Tintaya y otros once grandes empresas mineras

El período de análisis se centra en la gestión gubernamental de Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011), cuyos conflictos socioambientales originaron la suspensión de 34 proyectos de inversión.

Entre diciembre del 2011 y julio del 2012, al inicio del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) se suspendieron 16 proyectos mineros más y se paralizaron definitiva o temporalmente US$422,000 millones de inversiones.

DINÁMICAS DEL PODER
Entre los años 2006 y 2011, los conflictos socioambientales resultaron en 219 muertos y 2,781 heridos, revelando la cantidad e intensidad de las protestas la dura respuesta policial.

Dada la alta conflictividad, el doctor Durand señala, osciló entre la represión o la organización de Mesas de Diálogo. Pues al comienzo del gobierno de Humala, solo en el caso del proyecto minero Conga, el saldo fue de 5 muertos y 150 heridos.

Al 2014, la protesta amainó al suspenderse las inversiones mientras el gobierno dialogaba con 92 comunidades buscando acuerdos en las Mesas de Diálogo, recientemente creadas.

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